GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Coordinación de Comunicación Social
*PRIISTA EXIGE AL GOBIERNO FEDERAL RESULTADOS EN INVESTIGACIÓN DE ASESINATOS Y ATAQUES A EDILES DEL PAÍS
(REDACCION ATLACOMULCO).-Investigar los asesinatos y ataques en contra de alcaldes y funcionarios públicos de los ayuntamientos, a fin de encontrar a los responsables y ser juzgados, exigió el diputado priista Jaime Sánchez Vélez exigió al Ejecutivo federa, luego de pronunciarse porque se destinen mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de ingobernabilidad.
Asimismo, exhortó al gobierno de la República a que en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en la zonas que registran mayor índice de delincuencia e inseguridad en perjuicio de la población, así como brindar mayor protección a los funcionarios públicos de los ayuntamientos
El legislador priísta se manifestó porque las fuerzas militares y federales de seguridad pública brinden su apoyo concretamente en el estado de Morelos para garantizar la seguridad en la entidad, así como intensificar las investigaciones sobre el asesinato del presidente municipal de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, ocurrido al inicio del año.
Luego de resaltar que en los últimos tres años han sido asesinados más de cuarenta funcionarios municipales, entre alcaldes, ex ediles, regidores, secretarios de ayuntamientos y candidatos a alcaldes, además de varias decenas de policías locales y federales y militares, el legislador manifestó que el gobierno federal, con todo el Ejército y la Marina y con más de 35 mil policías federales, no ha logrado frenar al crimen organizado.
En su exposición, dijo que desafortunadamente las señales que dan las autoridades en todos sus niveles son que los cárteles han entendido que los ayuntamientos son el nivel de gobierno más cercano a la gente, por lo que es necesario estar presentes y tener a la sociedad de su lado.
Sánchez Vélez añadió que el asesinato de alcaldes se ha realizado en ocho estados, algunos con problemas de disputa entre grupos delictivos, como Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y otros donde la presencia del narcotráfico se suma a la descomposición social, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Apuntó que los presidentes municipales en funciones o electos asesinados de 2008 a 2011, suman 23, de los cuales tres han sido ejecutados en los primeros días de este año.
Aludió que un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública federal destaca que más de 400 municipios carecen de policías, y en 1,029 sólo trabajan no más de 15 agentes en cada uno.
En términos generales, de acuerdo al análisis, el 88.5 por ciento de los municipios tienen menos de 100 policías. Donde hay más, se llega a 30 elementos máximo por turno, y por el contrario, en donde menos existe personal de seguridad, hay hasta uno, mismo cubre los tres turnos, los días de descanso y las vacaciones.
El diputado federal priísta indicó que las cifras oficiales confirman el importante aumento de la delincuencia en México durante los últimos años, además de la falta de un sistema de administración de justicia confiable que desinhibe a la sociedad a denunciar los delitos ante las autoridades.
Y subrayó que el alarmante grado de delincuencia, junto con las pérdidas económicas que conlleva, debe obligar a reflexionar sobre su impacto en el bienestar social y en el desarrollo económico.
La delincuencia deteriora el progreso del país y, por consiguiente, impide el mejoramiento de la calidad de vida de la población, además de atentar en contra del estado de derecho, subrayó Sánchez Vélez en la propuesta.
Finalmente, consideró que la seguridad pública debe ser suministrada por el Estado para proteger a todos sus ciudadanos, y garantizar el estado de derecho, cuya prevalecencia permite desarrollar las actividades productivas de la sociedad y las empresas, fomentar su adecuado funcionamiento y asegurar el bienestar social.
