*¿QUÉ VALE MÁS, EL ORIGEN DE GRABACIONES; O LOS DELITOS COMETIDOS?
Por Jaime Arizmendi
(AGENCIA NOTISIFA) Las malas conversaciones, corrompen buenas costumbres... Conforme se acerca el 4 de julio, día en que se elegirán 12 gobernadores, 14 congresos locales y cientos de ayuntamientos de otro tanto igual de entidades del país; la “guerra sucia” se agrava y envuelve en su peligrosa vorágine a funcionarios federales y dirigentes partidistas, con legisladores de casi todas las fracciones parlamentarias; marca una división en el medio político y aumenta el desencanto social hacia los políticos.
A la difusión la semana pasada de grabaciones de supuestas conversaciones telefónicas de los gobernadores priístas de Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz, le han seguido una cascada de consecuentes reclamos o repudios, de uno y otro lado. Así es, mientras desde todas sus posiciones, panistas y perredistas parecen ir unidos en contra de lo que llaman abusos de poder de mandatarios, la defensa del tricolor surge de todas partes.
En San Lázaro, este lunes el tema no dejó de estar presente. En tanto la diputada de Acción Nacional, María Antonieta Pérez Reyes, rechazó que la difusión de conversaciones telefónicas de gobernadores del PRI tenga por objeto emprender una “guerra sucia” contra ese partido, ya que no se inventa ninguno de los hechos.
La posición divergente estuvo de parte de un legislador perredista. Agustín Guerrero Castillo, dirigente además del STUNAM, sostiene que la “guerra sucia” existe y es muestra de la falta de argumentos y propuestas de los candidatos que promueven el PRI y el PAN.
Antonieta Pérez Reyes considera que se debe dar mayor importancia al contenido de los audios, que al modo en el que se obtuvieron, pues se demuestra que el mandatario ordenó el desvío de recursos públicos en favor de los candidatos del PRI.
Más allá de que sea permitido o no intervenir conversaciones privadas -previno en su descargo la panista-- es muy importante que la ciudadanía conozca qué está pasando con los gobernadores como el de Veracruz, quien abiertamente deja claro que manipula y utiliza el recurso público para beneficio de sus candidatos.
“Eso, más allá de que sea una prueba determinante en la comisión de un delito, es información que la comunidad debe conocer, no podemos guardarla en aras de que no es correcto enterarnos de las conversaciones privadas”.
Para añadir que la guerra sucia es cuando se inventan los hechos, toda vez que al dar a conocer datos concretos como las conversaciones de gobernadores, “eso no es guerra sucia. Hay que diferenciar, en vez de que se quejen de ser intervenidos, que expliquen lo que muestra a la comunidad”.
Al respecto, Agustín Guerrero asegura que el utilizar a las instancias gubernamentales para hacer intervenciones telefónicas es ilegal, irresponsable, además de que empaña los próximos procesos electorales. “No se justifica que se utilicen a las instituciones de gobierno para obtener las grabaciones. Debe hacerse un alto porque se empaña el proceso, les abona al descrédito de la política. Es irresponsable que el PAN utilice al gobierno federal para interferir la comunicación privada de particulares”.
¿Qué es más delito, el que te graben las conversaciones privadas o que desvíes recursos?, se inquirió al legislador quien resolvió: El que graben las conversaciones es un delito, está prohibido, pues sólo se permite con orden de juez, y lo que dice César Nava (presidente del PAN) que le enviaron estas grabaciones es de risa loca…
No obstante, propuso investigar la desviación de recursos públicos y la utilización de programas sociales, a favor de candidatos. “Las declaraciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, dejan claro que hay desvíos de recursos”, sentenció enseguida.
Para abundar que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), y la Secretaría de la Función Pública deben iniciar una investigación al respecto, pues estas “acciones empañan el proceso electoral”.
A su vez, César Nava y Jesús Ortega Martínez, dirigentes nacionales de PAN y PRD, respectivamente han coincidido en señalar que la Fepade deberá investigar a los gobernadores que favorecen descaradamente a sus candidatos.
Se indica que la Fepade irá en contra de los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera; Puebla, Mario Marín; Hidalgo, Miguel Ángel Osorio; y Oaxaca, Ulises Ruiz; “por la intromisión directa que han tenido en el proceso electoral, favoreciendo a los candidatos del tricolor”.
En Guasave, Sinaloa, César Nava Vázquez fue más allá al solicitar la presencia de la Policía Federal y del Ejército para “blindar” las elecciones, ante la sospecha de que las autoridades estatales podrían generar un clima de temor entre los electores.
Ante militantes y simpatizantes de la coalición del PAN, PRD y Convergencia, y el aspirante al gobierno del estado, Mario López Valdez (Malova), el dirigente panista acusó a las autoridades y al propio Consejo Estatal Electoral de no garantizar un proceso imparcial; y exigió la intervención de las autoridades de Gobernación, para que las elecciones se realicen bajo un clima de tranquilidad y de seguridad.
Mario López, candidato a gobernador por la coalición “El Cambio es Ahora por Sinaloa”, urge la necesidad de vigilar el proceso electoral y, en alusión a los ataques perpetrados a oficinas de PAN y PRD, sostuvo que ni los bombazos lo frenarán en su camino a la gubernatura.
De su lado, en medio de la tormenta que se ha desatado en torno al asunto, la Secretaría de Gobernación rechazó este lunes que el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional haya intervenido las comunicaciones de gobernadores. El CISEN, repuso, es una institución de Estado al servicio de los mexicanos, cuyo fin es preservar la integridad y estabilidad del país y de sus instituciones.
Mediante un comunicado oficial, la Segob asevera que las actividades del CISEN se desarrollan dentro del marco de la ley y se encuentran sometidas a un régimen de control y rendición de cuentas, en el que participan los poderes Legislativo y Judicial.
“La Secretaría de Gobernación rechaza enérgica y categóricamente las imputaciones de diversos actores políticos, hechas de manera infundada y sin prueba alguna, sobre las presuntas intervenciones de comunicaciones a los gobernadores de Veracruz y Oaxaca, atribuidas al Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional”.
Con todo ello, más vale que se ponga un límite tajante a esa guerra sucia que sólo eleva el desencanto de la ciudadanía hacia los políticos, porque al final tanto partidos como candidatos y gobernantes seguirán perdiendo la poca credibilidad que pudieran tener aún entre los votantes. Es cierto, el senador perredista Carlos Navarrete lo afirma: Los partidos, ¡no son capillas de juramentados!…
