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*FRACASARON PROGRAMAS DE READAPTACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
Por: Ignacio Arellano Mora

(AGENCIA NOTISIFA) La readaptación y reinserción social fracasaron como consecuencia de la sobrepoblación en los penales y la ausencia de políticas en materia educativa, trabajo, deporte y salud para los internos, aseveró el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño.

Refirió que la media nacional de sobrepoblación de los centros de reclusión es de 66 por ciento y que en el Estado de México este índice alcanza 155 por ciento. Este tema, dijo, es uno de los aspectos que analizará la Comisión de Justicia para llegar a la reforma constitucional en materia penal.

Dijo lo anterior en reunión ordinaria en la que se acordó solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se remita a la Comisión de Justicia la iniciativa que propone crear el Instituto Nacional de Prevención del Delito, presentada al Pleno por el diputado Benítez Treviño el pasado 8 de octubre y turnada a la Comisión de Gobernación.

En el evento también se revisaron los lineamientos generales del Plan de Trabajo de este órgano legislativo que contempla, entre otros puntos, el seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia Penal, el marco legal en materia de prevención del delito y la reinserción social.

El presidente de la Comisión dijo que “con la reforma cambiamos el concepto de readaptación social por reinserción social, pero como no hemos modificado la realidad, las políticas en este sentido son un fracaso”, señaló.

Agregó que los dos pilares de la readaptación social eran el estudio y trabajo obligatorios y que con esta reforma constitucional se agregó el deporte y la salud, “pero ¿cómo se impartirán clases, talleres, capacitación, construir deportivos o centros de salud si los espacios están convertidos en dormitorios y en algunos penales los internos tienen que amarrarse para dormir porque ya no caben?”, cuestionó.

“Este tema es de la mayor importancia porque si nosotros no obligamos al Gobierno federal y al de los estados a invertir más recursos fracasaremos en el programa de reinserción social porque no habrá medidas adecuadas ni condiciones para establecer estos cuatro pilares”, advirtió.

Benítez Treviño manifestó que para aterrizar las modificaciones en materia de justicia penal también es necesario establecer medidas alternas a la prisión preventiva, a fin de hacer realidad la presunción de inocencia.

“La prisión preventiva está en crisis; por un lado con la reforma constitucional decimos que hay presunción de inocencia y por otro lado seguimos deteniendo para investigar; esto es una enorme contradicción”, subrayó.

“Si realmente vamos a presumir la inocencia tenemos que crear medidas alternativas y que la prisión preventiva sea la excepción y que la libertad la regla general”, concretó.

El diputado Camilo Ramírez Puente (PAN) propuso la visita a centros de reclusión de alta seguridad cada seis meses para verificar las condiciones en que operan, así como revisar los programas de readaptación social y la inspección al cumplimiento de los derechos humanos de los recluidos.

El legislador también propuso que se apoye en materia económica y tecnológica a los municipios que muestran acciones firmes y contundentes en contra de la delincuencia en sus distintos órdenes.

Por su parte, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) dijo que hay coincidencias sobre la necesidad de trabajar en las reformas procesales y penales que se requieren y destacó que se tiene una oportunidad histórica para adecuar todas las leyes secundarias al respecto.

Recordó que fueron modificados 10 artículos de la constitución y se modificaron 17 principios que tienen que ver con el derecho penal y procesal de la administración y procuración de justicia, así como con la aplicación de sanciones, entre otros.

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*PRESENTAN RUTAS 7,12 Y 108 PROYECTO DE CORREDOR VIAL CON AHORRO DE 7 MIL 900 MDP EN EJE 3 ORIENTE

(DIFUNET).- Concesionarios del Transporte Público de Pasajeros de las rutas 7, 12 y 108 anunciaron su integración al proyecto empresarial “Corredor Vial Bicentenario Eje 3 Oriente”, el cual ofrece al gobierno capitalino un ahorro de poco más de 7 mil 900 millones de pesos en base a un esquema basado en estudios de factibilidad, que dará servicio a los usuarios del Eje Tres Oriente en un trayecto de 62 kilómetros —ida y vuelta— a lo largo de 6 delegaciones.

El primer objetivo de la empresa será transformar la imagen del transporte de pasajeros, luego de reconocer Fernando Fabián Leal Zárate, representante de Ruta 12, que “la propuesta dará un giro a la forma arcaica de operar de los microbuseros, ya que en primer término la administración es definitivamente empresarial”.

El proyecto retoma aspectos ya negociados con anterioridad con el Gobierno del Distrito Federal, tal como la sustitución del parque vehicular a transporte anticontaminante que circulará en el carril confinado de extrema derecha.

“Con ello se abatirán los costos propuestos por el GDF en el Sistema Metrobús, los cuales se consideran en más de 8 mil millones de pesos entre infraestructura y tres puentes vehiculares necesarios para ese sistema, los cuales no son necesarios con el corredor vial”, aseguró González Hernández, dirigente de la Ruta 7.

Definitivamente se implementará capacitación constante a los operadores para bajar los riesgos por concepto de accidentes “ya que estamos concientes de los vicios actuales y sabemos que el factor humano es la base del transporte, por lo tanto los operadores serán seleccionados en base a aptitudes para depurar a la gente nociva”, añadió Leal Zárate.

En su oportunidad, Joaquín González Silva, representante de ruta 108 enlistó los puntos donde se solicita la participación de las autoridades capitalinas, tales como el apoyo en bonos de chatarrizacion, designación del carril confinado a la derecha, bacheo y construcción de parabuses y dos terminales de encierro, designación de una tarifa justa y concesión hasta por 20 años de servicio para tener certeza jurídica y el banderazo para arrancar su funcionamiento en septiembre del 2010.

Para comenzar la operación del “Corredor Víal Bicentenario Eje 3 Oriente” se necesitan por lo menos 70 millones de pesos, que se obtendrían en su mayor parte de los bonos de chatarrización contemplados por las 550 concesiones que suman las rutas 7, 12 y 108. “Nosotros correríamos con la inversión en las unidades, en un esquema empresarial que operará con calidad, seguridad, confort y oportunidad” señaló Armando González.

Además, de otros gastos para el confinamiento de los carriles derechos y parabuses, hasta alcanzar los casi 100 millones de pesos.

Hoy mismo se presentó el proyecto formal al GDF y la SETRAVI y mañana a las 10:30 horas lleván el vehículo prototipo a las instalaciones del Zócalo "para que todos sean testigos de la seriedad de nuestro proyecto, con este hecho haremos concretos los estudios de factibilidad en los que hemos invertido más de (14 meses)", aseguró Leal Zárate.

Una parte importante del proyecto es que el Metrobús dejaría fuera a 440 unidades de las 550 que circulan actualmente, mientras el Corredor Vial aseguraría el trabajo para al mnos el doble de los que contemplaría el sistema Metrobús.

Los concesionarios subrayaron la importancia que tiene el aspecto ambiental, y que este proyecto contribuye a la disminución de emisiones contaminantes y protege el medio ambiente, así como la salud de la ciudadanía, al ofrecer la sustitución total del parque vehicular con autobuses nuevos de mayor capacidad y amigables con el medio ambiente (EPA 4).

“Somos capaces de corregir los errores para seguir sirviendo a la ciudadanía”, afirmó Armando González representante re Ruta 7, con esta propuesta sentaremos precedentes para que otras rutas sigan nuestro ejemplo.

Para finalizar, Leal Zárate argumentó que están emocionados y listos para comenzar la modernización, además de un proyecto “que nunca habíamos pensado, no habíamos soñado tener que pedir un crédito de estas dimensiones”, aseguró.

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*EN EL PRI HAY VOLUNTAD POLÍTICA PARA HACER LOS CAMBIOS QUE REQUIERE EL PAÍS.

(AGENCIA NOTISIFA)En el PRI estamos prestos al diálogo y al trabajo conjunto; no deseamos el derrumbe de las instituciones ni la ruina del país, pero esto no se podrá realizar si falta voluntad política, dijo Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados.

Reconoció que “los problemas económicos de México no están resueltos y hoy más que nunca se nota nuestra dependencia de la economía estadunidense”.
Esto por la falta de una política industrial, el abandono de las Pymes, el deterioro del campo, la debilidad del sistema tributario, la rigidez del gasto público y por si fuera poco, la inseguridad pública que no cede, con su cauda de desánimo colectivo y el alarmante deterioro del tejido social.

El líder de la fracción priista en San Lázaro señaló que sin caer en el juego de culpar a otros, debemos reconocer que los números son fríos, que la crisis ha sido devastadora para la economía y para la sociedad, y que al finalizar 2009 el PIB habrá caído en más de 7 por ciento.

Detrás de lo anterior, dijo, está el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría son propiedad de mexicanos, y el aumento del desempleo que reporta el INEGI que es verdaderamente alarmante.

Rojas Gutiérrez subrayó que la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional ante la sociedad es mayor que cualquier interés político temporal.

“Es por eso que nos alarman las decisiones de no integrar las cadenas productivas, descuidar el financiamiento bancario a la producción, abandonar el mercado interno, sobre explotar y agotar prematuramente a Cantarell, despilfarrar enormes excedentes presupuestales, minimizar el impacto de la crisis internacional y reaccionar lenta e insuficientemente a sus efectos.”

Quienes tenemos alguna representación o cargo de gobierno, señaló el coordinador del tricolor, no podemos ser indiferentes a lo que sucede en la realidad, y los diputados de mi partido asumen su responsabilidad en el ámbito de sus funciones.

Por ello, en el análisis y aprobación del Presupuesto, el grupo parlamentario del PRI promovió el aumento de la inversión pública en obras intensivas en mano de obra, construcción de infraestructura, mayores recursos a salud y educación superior, con cargo a un programa trianual para disminuir el gasto corriente, sin afectar los derechos laborales de los servidores públicos.

Pero no quedó ahí, explicó Rojas Gutiérrez, también promovimos mecanismos para agilizar el ejercicio del gasto, impulsamos y logramos -- con el voto de todos los partidos -- un conjunto de reformas al Decreto del Presupuesto de Egresos para 2010, que suprimen trámites innecesarios y activan la liberación de recursos, ya que si los fondos no fluyen, los programas no se cumplen y se anula el potencial del gasto público para reactivar la economía.

No se suspendieron los controles, no se relajó la transparencia en el ejercicio del gasto ni el rigor en la evaluación. Lo que se hizo fue eliminar trabas a la ejecución de los programas, no sólo para dar eficiencia al gasto, sino para reactivar la producción y el empleo.

Con ello buscamos revertir la consecuencia desgarradora del aumento de los índices generales de pobreza, cuya carga de sufrimiento no es registrada por las estadísticas, revertir el efecto de deterioro de las clases medias y de millones de jóvenes que carecen de empleo y acceso a la educación superior, así como a las oportunidades de trabajo que se han cerrado.

De ahí que los priistas nos aprestamos a promover cambios al sistema hacendario y a diversas disposiciones legales que nos lleven a facilitar la recuperación económica del país.

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*QUE EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL IFE, SEA LA BASE QUE CONSTITUYA LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN CIUDADANA:

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA) Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ante la propuesta del Ejecutivo de la creación de la Cédula de Identificación Ciudadana, mañana el Dip. Canek Vázquez Góngora, presentará Iniciativa que reforma y adicionan diversos artículos de la Ley General de Población.

En su exposición de motivos el diputado priísta señala que: “los recursos económicos, humanos y técnicos, que nos han permitido contar con un padrón de prácticamente 80 millones de ciudadanos, dando certeza a procesos electorales, además de establecer un instrumento confiable de identificación, con estrictas medidas biométricas de seguridad, son desechados ante la pretensión de la SEGOB de hacer de la Cédula de Identificación Ciudadana un instrumento paralelo al de la Credencial de Elector”.

Además, de privilegiar un nuevo documento de identificación desde cero, se estima que disminuya la demanda de las solicitudes de primera vez, de cambio de domicilio, de reposición, entre otros trámites, de la Credencial para Votar en virtud de la existencia de un nuevo instrumento de identidad, por todo esto, continúa Vázquez Góngora, “disminuiría el porcentaje de actualización del Padrón Electoral de 92.1% a 72.1%.

“El costo anual por mantener actualizado el Padrón Electoral representa 2 mil 208 millones de pesos. Si se instituye la duplicidad de documentos a este costo habrá que sumarle 3 mil 104 millones de pesos, lo que implica que la Cédula y la Credencial duplicarían la inversión”, precisó el también Presidente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI.

El diputado federal por Hidalgo aseveró que “sumando esfuerzos, y evitando onerosas duplicidades, el IFE y la SEGOB pueden avanzar sobre una ruta segura y fértil para lograr que las y los mexicanos contemos, en el corto plazo, con un documento de identidad personal, seguro y confiable; que incorpore los avances de la tecnología informática más vanguardista sin desechar, por ello, los logros consolidados de los instrumentos de identidad que lo han antecedido, como es el caso de la credencial para votar con fotografía”

Finalmente Canek Vázquez recordó que “la Cámara de Diputados dijo no a la Cédula de Identidad no sólo porque se reasignaron los recursos que se le destinaban, en cumplimiento con los ajustes necesarios que nos demanda el entorno de crisis económica, sino porque existen los elementos necesarios para determinar que un proyecto de este tipo, como se está planteando, llevaría al Estado Mexicano a un innecesario desgaste hacia una duplicidad absurda”.

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“JUANITO” FALTÓ A SU PALABRA: QUEZADA CONTRERAS

(AGENCIA NOTISIFA) La vocera del PRD en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada Contreras, sostuvo que su grupo parlamentario no acompaña la postura, de Rafael Acosta “Juanito”, ni avala las acciones realizadas para regresar como titular en la delegación de Iztapalapa, por lo que solicitarán la intervención de su dirigente nacional, Jesús Ortega, para tomar acciones consecuentes.

“Nosotros como partido no compartimos estas formas que ha llevado a cabo continuamente Rafael Acosta (Juanito) porque se lastima a los ciudadanos, que son lo más importante en Iztapalapa; desde el punto de vista de nosotros “Juanito” faltó a su palabra”.
La legisladora informó que ayer durante la reunión del congreso estatal de la fracción, se discutió un resolutivo, en donde el PRD no avala la postura que ha asumido Rafael Acosta (Juanito), por no estar de cuerdo con las acciones que ha emprendido en la delegación Iztapalapa y que determinaron llevar el tema al congreso nacional del partido para tomar las acciones.

Será el próximo miércoles en el seno de la cúpula del PRD cuando se discuta la situación de la actual encargada delegacional Clara Brugada y de Rafael Acosta, anterior delegado que pidió licencia para ausentarse del cargo, a fin de no afectar o entorpecer los trabajos que realiza la administración de esa delegación.

Quezada Contreras, indicó que el Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa (ALDF) revisarán los términos en que se dio la licencia de Rafael Acosta para ver qué medidas se pueden tomar. “Estaremos en contacto con la presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales, para ver qué acciones emprendería el partido ante esa situación”, señaló.

Jurídicamente, explicó, podría regresar “Juanito”, por lo que los diputados locales tienen que revisar los términos en los que se dio la petición de licencia para ver las acciones o mecanismos jurídicos que podría tener la Asamblea Legislativa a fin de poder darle una salida al conflicto.