*ENCUENTRAN IRREGULARIDADES POR 60 MIL 723.6 MDP EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007
Por: Ignacio Arellano Mora
(AGENCIA NOTISIFA) La Cámara de Diputados recibió este jueves de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 en la que se determinaron irregularidades, cuya cuantificación monetaria ascendió a 60 mil 723.6 millones de pesos.
El titular de la ASF, Arturo González de Aragón destacó que de este monto, 18 mil 867.4 millones de pesos correspondieron a estados, municipios y Gobierno del Distrito Federal, aunque aclaró que no necesariamente constituyen resarcimientos o daños patrimoniales, o bien, fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias.
Resaltó que en los últimos siete años, derivado del proceso de fiscalización, se ha logrado la recuperación de 33 mil 718 millones de pesos, que representan 33 veces el presupuesto anual de la institución. De estas recuperaciones, dijo, 2 mil 28 millones corresponden a la Cuenta Pública 2007, obtenidas en el curso de la revisión, las cuales corresponden en su mayoría a estados y municipios.
Abundó que parte de estos 33 mil 718 millones de pesos, destacan por su importancia 10 mil 856 millones de pesos del rescate bancario; 2 mil 458 millones, del Derecho de Trámite Aduanero; mil 580 millones, del Sindicato de Pemex; mil 481 millones, del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); 277 millones, del Poder Judicial de la Federación; y 6 mil 800 millones, de estados y municipios.
APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.-Mientras tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez, dijo al respecto que en la fiscalización de los recursos públicos reside un elemento fundamental de la democracia, pero sobre todo el equilibrio de poderes, ya que ésta es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
Ante el auditor González de Aragón, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Vigilancia de la ASF, Duarte Jáquez recordó que desde hace algunas legislaturas, el Congreso ha impulsado avances sustanciales en el proceso de fiscalización y auditoría de los recursos públicos federales, que debe reconocerse.
Sin embargo, abundó, “aún enfrentamos desafíos que exigen una nueva revisión a fondo y detallada de la legislación, tanto presupuestaria como de fiscalización, de las facultades de los distintos actores que participan en el proceso, buscando construir mecanismos que hagan más efectiva la mencionada rendición de cuentas”.
Destacó que entre los aspectos más relevantes a revisar y discutir está la disciplina en la aplicación de los recursos públicos, lo cual implica que los ejecutores del gasto deben atender estrictamente lo señalado por los legisladores en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Es cotidiano que las dependencias y entidades federales hagan a un lado los lineamientos, proyectos y acciones concretas que los legisladores establecemos y asignamos presupuestariamente de manera precisa, con adecuaciones que en muchos casos difieren del sentido y los objetivos que buscamos impulsar”.
Derivado de lo anterior, aseveró, es común que se incurra en subejercicios; que demuestren ineficiencia y en ocasiones una auténtica falta de respeto a las decisiones presupuestarias de la Cámara de Diputados, lo que restringe los beneficios potenciales del gasto público a la población.
“Con ello se violenta el equilibrio de poderes y se debilita el contrapeso de la representación popular. Por eso debemos promover la aplicación de sanciones adecuadas de esas conductas de algunos servidores públicos, que incluso están de algún modo previstas en la legislación actual”, acotó.
Concluyó que otros elementos que deben discutirse son la adecuada evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos gubernamentales con una mayor participación del Congreso.
“Una más oportuna, detallada y estricta revisión de los ingresos y el gasto públicos en el ejercicio fiscal y el establecimiento de mecanismos preventivos, así como la revisión de las sanciones, que deben ser castigos ejemplares a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, de omisión y de ineficacia, que es el más agravante de las corrupciones”.
EXISTE IN CÍRCULO VICIOSO CON LOS SUBEJRECICIOS.- Previo a ello, el Auditor Superior de la Federación resaltó que existe un círculo vicioso con los subejercicios, mismo que se complementa con la discrecionalidad existente en el manejo de los recursos.
Citó como ejemplo los casos de excedentes petroleros; otorgamiento de donativos y préstamos; estímulos fiscales, permisos y concesiones; enajenación de bienes; remuneraciones a servidores públicos; recuperación de créditos fiscales; castigo de carteras vencidas; Derechos de Trámite Aduanero; y Fondos y Fideicomisos, entre otros.
Indicó que aún se observa una insuficiente regulación y supervisión de los actos jurídicos que el Estado delega a particulares, a través de concesiones, permisos, contratos y licencias, principalmente.
En este tenor, recomendó que la vigilancia del Estado debe ser reforzada, pues la rendición de cuentas obliga a todos, y de ella no pueden estar exentos los particulares que reciben autorizaciones para actividades que les son concesionadas para ofrecer servicios que demanda la sociedad.
En cuanto al fortalecimiento de la fiscalización superior, abundó, no obstante que las modificaciones constitucionales aprobadas constituyen un avance en el camino correcto, aún quedan acciones pendientes de instrumentar, las cuales deberán ser evaluadas a profundidad por el Poder Legislativo, con el fin de dotar a la ASF de los elementos necesarios para el mejor desempeño de su función.
Enumeró que es necesario otorgar autonomía constitucional a la ASF, manteniendo intocadas las facultades de la Cámara de Diputados en materia de revisión y dictamen de la cuenta pública; facultar al máximo órgano de fiscalización para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos, sin menoscabo de las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública; permitirle iniciar la revisión de la Cuenta Pública el 2 de enero del año correspondiente.
OTORGAR A LA ASF LAS MISMAS CONDICIONES.- Finalmente, pidió otorgar a la ASF las mismas condiciones que son concedidas a cualquier ente público que es sujeto de fiscalización sobre el uso de recursos públicos, por lo que debiera ser fiscalizado con objetividad por una entidad autónoma e independiente, bajo un proceso regulado, con plazos y alcances definidos, cuyo titular no debiera pertenecer a ningún partido político.
En el Informe presentado, Arturo González de Aragón señaló que éste es resultado de la práctica de 962 auditorías, de las cuales 190 fueron de desempeño, 716 de regularidad, 54 especiales y 2 de seguimiento.
Las auditorías realizadas, dijo, tuvieron como cobertura, revisiones en 143 entes fiscalizados que comprendieron 100 dependencias y entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuatro órganos constitucionalmente autónomos, siete universidades públicas, las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.
Mencionó que en la revisión de la Cuenta Pública 2007 la ASF recibió 250 solicitudes de revisión de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, las cuales representaron un incremento del 9 por ciento con respecto a las 229 solicitadas para la Cuenta Pública 2006.
Derivado de la fiscalización superior efectuada, dijo, se determinaron 9 mil 557 observaciones, las que generaron 10 mil 873 acciones promovidas, de las cuales, 7 mil 620 fueron de carácter preventivo, mientras que las 3 mil 253 restantes fueron de naturaleza correctiva. Formando parte del total de las 3,253 acciones correctivas, se incluyen mil 159 pliegos de observaciones, mil 632 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y dos denuncias de hechos.
Resaltó que las instituciones fiscalizadas cuentan con 45 días hábiles para presentar la documentación comprobatoria para solventar las observaciones, de lo contrario, previo análisis de procedencia, se promoverá el fincamiento de responsabilidades, las sanciones resarcitorias o las denuncias de hechos que en cada caso procedan.
Dijo que de los mil 159 pliegos de observaciones y de las mil 632 promociones de responsabilidad administrativa, el 84 por ciento (971) y el 64 por ciento (mil 45), respectivamente, corresponden a estados, municipios y el Gobierno del Distrito Federal.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, destacó que en esta Cuenta Pública operan por primera vez los cambios promulgados el 7 de mayo pasado, en nuestra Carta Magna para recibir con mayor anticipación el resultado de las auditorías.
“Ahora las auditorías del desempeño tienen fundamento constitucional que ponen un contundente alto a los amparos y controversias que utilizaron algunas dependencias para evadir la fiscalización. No habrá excusa ni pretexto para esconder del escrutinio los recursos públicos que se encuentran en fideicomisos, mandatos o cualquier otra figura análoga”.
Indicó que la revisión técnica efectuada por la ASF es la primera parte del proceso de análisis de la Cuenta Pública, por lo que corresponderá ahora a la Cámara de Diputados realizar la revisión política para luego discutir y resolver lo conducente en el pleno.
Esta práctica, dijo, nos otorga no sólo la oportunidad de inhibir prácticas corruptas de malos servidores públicos, sino presentar las conclusiones de un análisis puntual de las deficiencias administrativas, junto con las oportunidades del cambio y de la mejora continua.
Informó que para el análisis del informe, la Comisión de Vigilancia acordó la realización de mesas de trabajo sectoriales sobre Hacienda y Crédito Público, funciones de Desarrollo Económico; de Gobierno; Desarrollo Social y estados y municipios, mismas que concluirán el día 6 de mayo.
“Las conclusiones serán entregadas a los titulares de los Poderes de la Unión y a la Comisión de Presupuesto que continuará con el análisis y estudio para dictaminar la Cuenta Pública e incorporar sus resultados al proceso de presupuestación del ejercicio del 2010”.
Con la revisión, señaló el legislador, conoceremos los resultados de diversas auditorías al desempeño, relacionadas con funciones y atribuciones de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México sobre la regulación y control de sistema financiero mexicano, que nos darán una idea de sus fortalezas y debilidades.
También conoceremos, añadió, los resultados de auditorías de desempeño sobre un tema que es de gran trascendencia para todos los mexicanos: la seguridad pública y el combate al crimen organizado, así como de las actividades de producción de petróleo crudo y gas, y el programa de inversiones para la restitución de reservas de hidrocarburos.
Recordó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de los casi 105 millones de mexicanos, 44.7 millones viven en la pobreza patrimonial, y el 70 por ciento no puede satisfacer la canasta básica.
SEGURAMENTE SE EXTENDERÁ LA POBREZA.- “La pobreza seguramente se extenderá ante la vulnerabilidad de las finanzas públicas este y el próximo año y por la amenaza del desempleo y la disminución de los ingresos familiares de millones de mexicanos, por lo que no nos perdonarán la ineficacia ni la indolencia al enfrentar estos graves desafíos. Es muy importante que actuemos para atender los graves problemas nacionales”, concluyó.
Al término del Informe del Auditor Superior de la Federación, los legisladores fijaron el posicionamiento de sus grupos parlamentarios.
SERÁ CRÍTICO Y RIGUROSO.- El diputado José Antonio Muñoz Serrano, de Acción Nacional, dijo que su grupo parlamentario será crítico y riguroso en el examen del informe de la ASF, además de que valorará la información cualitativa que sirva de base para que se conformen criterios objetivos al momento de calificar los resultados de las políticas públicas.
“Acción Nacional está convencido de que para lograr plena certeza y legitimidad de la sociedad respecto a un proceso presupuestario, una tarea que debe atenderse y culminarse, consiste en consolidar nuestro sistema de rendición de cuentas sobre los ingresos y egresos federales en todos los órdenes de Gobierno”.
Asimismo, consideró que éste deberá ser el enfoque maduro y serio que se le debe dar a la revisión en un trabajo riguroso y técnico como lo es el Informe de Resultados de la Cuenta Pública “y ya no continuar centralizando el análisis tan sólo en cifras aparentemente sorprendentes y espectaculares sin antes reconocer avances o rezagos mediante indicadores de resultado”.
EL SUBEJERCICIO, EL DESPILFARRO…El diputado Hugo Martínez Padilla (PRD) dijo que se debe blindar el presupuesto en este año electoral y el desvío de recursos, así como la manipulación de los gastos públicos, en particular de los programas sociales.
Mencionó que en el contexto de la actual crisis económica, el diagnóstico del PRD determina que en la Administración Pública Federal existe el subejercicio, el despilfarro, el uso discrecional de los recursos públicos y la limitada fiscalización y rendición de cuentas.
LOS DINEROS PÚBLICOS SE EJERZAN A CABALIDAD.- En su oportunidad, el diputado Joel Guerrero Juárez (PRI) destacó que la cuenta pública que hoy se presenta, nos exige la mayor de las responsabilidades, nos demanda actuar de cara a la nación. La realidad actual exige que los dineros públicos se ejerzan a cabalidad y que los funcionarios se conduzcan por los causes de la legalidad y la institucionalidad.
Denunció que en los años precedentes se han detectado irregularidades, deficiencias y anomalías, que deben erradicarse; “esto nos compromete para fortalecer a las instancias que auditan las cuentas nacionales, haciendo de la fiscalización una herramienta indispensable de buen gobierno”.
PROMOTOR DE TRANSPARENCIA -A su vez, el diputado José Manuel del Río Virgen (Convergencia) exigió se finquen las responsabilidades administrativas y penales que sean necesarias con base en los resultados de la ASF a quienes hayan cometido cualquier acto de corrupción.
La ASF debe ser un ente promotor de transparencia, eficiencia y de mejoras continuas de los servicios públicos. “La ciudadanía demanda una buena rendición de cuentas, que al Gobierno le permita aplicar medidas correctivas y preventivas, que garanticen que cada peso que pagan se utilice con absoluta transparencia y para asegurar la aplicación correcta de los recursos públicos se requiere contar con una ASF autónoma”.
SE PODRÁ ALCANZAR UNA TRANSPARENCIA INTEGRAL.- Por último, el diputado Carlos Puente Salas (PVEM) dijo que sólo con la comunicación abierta a la ciudadanía de los resultados de las auditorías a los servidores públicos y al desempeño de sus funciones, se podrá alcanzar una transparencia integral.
Comentó que el ejercicio de la revisión del informe de la cuenta pública 2007 redundará en mayor certeza, objetividad y confianza en el futuro, “pero para alcanzar estos beneficios será necesario que desde hoy las instituciones se involucren con sus órganos internos de control, para exigir mayor eficiencia y economía en el gasto e ingresos públicos”.
