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POLÍTICA AL MARGEN

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*ALISTAN GUILLOTINA PARA ALCALDES DE HIDALGO, GUERRERO… ¿Y LOS DEMÁS?
*PROMESA DE NO VOLVERLO A DECIR Y UN CURSO, ¿LIBRAN A DIPUTADO BOCÓN?

Por Jaime Arizmendi

(AGENCIA NOTISIFA) ¡Por los caminos del Sur…! Apenas hace dos semanas se dio a conocer que la Procuraduría de Justicia de Hidalgo andaba tras 54 de los 84 exalcaldes de la entidad, porque no habían comprobado cerca de 350 millones de pesos del gasto ejercido en 2008; y este miércoles se revela algo similar en el estado de Guerrero, donde 25 de los 81 ediles cometieron omisiones, irregularidades o errores en las comprobaciones de los recursos que les entregó el gobierno estatal el 2009, por lo que enfrentarán un juicio político.

Lo más grave del caso es que en ambos estados de la República, como ha de suceder en la mayoría, el ciudadano común no tiene ni para dónde hacerse este año eminentemente electoral, ya que esos expresidentes municipales lo mismo accedieron al poder cobijados por las siglas del PRI, que del PAN, del sol azteca, el PT o el Verde Ecologista.

La información difundida por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo reveló sin empacho que de los 54 exalcaldes, 24 son de extracción priísta, 15 del PRD, 12 de Acción Nacional, dos del Partido del Trabajo y uno más del PVEM.

Además, entre ellos hay quienes andan a salto de mata para evadir la acción de la justicia ante las denuncias penales iniciadas. Tal es el caso del expresidente municipal de San Agustín Metzquititlan, José María Ordaz Pérez, quien es acusado de desacato y falsificación de documentos, debido a que: hurtó todo tipo de documentación del ayuntamiento para impedir la fiscalización de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).El auditor hidalguense José Luis Lima Morales expuso que en el resto de los ayuntamientos se tiene un faltante de 350 millones de pesos.

Los montos más altos se detectaron en los municipios: Huejutla, 67 millones de pesos; Tlanchinol, 26 millones; Epazoyucan, 21 millones; Cuautepec, 19 millones; y Tecozautla, otro tanto igual.Con montos menores, pero sin mayores explicaciones del destino del dinero público aparecen las alcaldías: Tizayuca y Acatlán, ocho millones; Zapotlan, siete; San Bartola, cinco; así como Progreso, Singuilucan y Picaflores, un millón de pesos cada una.Y si usted creía que hasta ahí llega el lodazal de la corrupción pública en Hidalgo, ¡No! Ni lo piense. Resulta que la propia ASEH tiene guardados sendos e interesantes archivos de documentos sin comprobar de los tres poderes del estado:

--La administración de Miguel Osorio Chong no ha podido comprobar el 1.5 por ciento de los recursos fiscales que manejó el 2008; al poder judicial, le falta aclarar qué hizo ese año con uno de los millones de pesos que le dieron para su operación; y el legislativo necesita dar a conocer a dónde fueron a parar cuatro de los millones del erario estatal. Como dice Joaquín López-Dóriga: el poder los hace iguales…Y, vámonos para Guerrero… De acuerdo al presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, Carlos Álvarez Reyes, sólo 25 de 81 alcaldes han presentado su cuenta pública ante la Auditoría General del Estado (AGE) pero con irregularidades, omisiones o errores en las comprobaciones de los recursos que les entregó el gobierno estatal.

Sin precisar nombres, reconoce que la mayoría de los munícipes ni siquiera han presentado su informe; o hay quienes lo presentaron, pero con importantes desvíos de recursos; por ello, la AGE exhorta los legisladores a que les apliquen las sanciones correspondientes.

De su parte, el Auditor General del Estado ha sancionado a algunos munícipes, al exigirles la restitución de los daños causados en sus administraciones; mientras que a 11 se les inició una averiguación penal.

Urge realizar trámites menos engorrosos, al tiempo de promover la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas, fomentar capacitación a los encargados del manejo de las haciendas; y así como el endurecer las penas para quienes aún capacitados, incurran en ese tipo de acciones.

¿Borrón y cuenta nueva?… Todo parece indicar que al bocón diputado federal que responde al triste nombre de Ariel Gómez León, ya le perdonaron su grave actitud xenofóbica mostrada cuando “al aire”, en una estación de radio, se refirió a los hermanos haitianos como negros abusivos insaciables… y más del léxico kukluxklanesco.

Nada menos este miércoles, el indigno aún ocupante de una curul en San Lázaro, acudió ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Cenapred) para firmar el “convenio de conciliación”, derivado de la reclamación de oficio que se abrió por sus declaraciones en contra de la comunidad haitiana.

Mediante dicho convenio, “El Chunko” se compromete a “fortalecer”, a través del discurso y de sus tareas como legislador “el respeto a la dignidad de las personas”, y a promover la transversalidad de la igualdad y la no discriminación; así como el asistir el próximo lunes 22 de marzo a un curso de “sensibilización”.

Y como así lo dio a conocer el Cenapred mediante un comunicado oficial, es de suponer que como en la iglesia, el susodicho diputado pecador sólo cumplirá con esa simple “penitencia” y a retornar a lo suyo, aunque la administración de la Cámara de Diputados deberá pensarlo dos veces antes de volver a intentar aplicarle algún descuento a la dieta del también locutor.

Ahora, una vez cumplida su “penitencia”, sólo falta ver si Alejandro Encinas también decide readmitir a “El Chunko” en la diputación federal del PRD. Total, puede pensar: p`al santo que es…

PICOTA

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*RAMÍREZ ACUÑA, EN ENTREDICHO SU “AUSTERIDAD”
*FUSTIGA PRD LA MALA ACTUACIÓN DE PRESIDENTE CAMARAL
*FRACASAN ACCIONES GUBERNAMENTALES EN SEGURIDAD

POR JORGE VELÁZQUEZ

(AGENCIA NOTISIFA) EN EFECTO, LA NOTA del día se la llevó el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña al faltar a su palabra de austeridad en San Lázaro y comprarse para su uso personal una camioneta de más de 800 mil pesos cuando el pueblo, más de 40 millones de mexicanos, no tienen ni para comer.

El asunto cobra relevancia, porque el presidente-diputado habría ordenado, inclusive, retirar hasta las botellas de agua y el café, a la sala de prensa. Es más, los llamados “chayo-vales” que se entregaban a algunos comunicadores, les fueron quitados en nombre de esa pretendida austeridad de la que no goza, por supuesto, Ramírez Acuña.

Y es que a escasos cinco meses de que termine su presidencia en la Cámara Baja, el ex secretario de Gobernación, quien de acuerdo a sus colaboradores cree que puede ser el candidato del PAN a la Presidencia de la República, paradójicamente ha guardado una malsana distancia con los medios de comunicación.

En el recorte de 400 millones de pesos que, de acuerdo al Comité de Administración, propuso y se aceptó para este año, los primeros en la fila fueron los medios impresos. De la radio y la televisión no se preocuparon: usarían parte del tiempo oficial para difundir su campaña institucional que, por cierto, ha resultado un rotundo fracaso porque va contra la realidad que se vivió durante los pasados debates.

De su rechazo a los periodistas dio cuenta el propio Ramírez Acuña, a quienes acusó prácticamente de corrupción durante una entrevista. Es más, a diferencia de otras presidencias por primera vez en muchos años, en diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados, no ofreció la tradicional cena de Navidad a los reporteros acreditados en la fuente. Todo en nombre de la austeridad.

Pues que se quede con su austeridad, clamaron varios de los comunicadores, quienes le regresaron al presidente Ramírez, sus botella de tres cuartos de “Tequila González”, que les envió con “sus atentos saludos”, y que apiladas quedaron en las puertas de la Sala de Prensa.
Ese es el ambiente que existe en la Cámara entre el presidente Francisco Ramírez, a quien han publicado con el sobrenombre de Paco el opaco. Los dirigentes de las otras fracciones parlamentarias, han tratado de menguar el asunto, argumentando que todo cambiará una vez que salga el “austero” Ramírez Acuña.

POR ESO AYER la entrevista con Jesús Zambrano, diputado y uno de los dirigentes del PRD, ofreció más pormenores de lo escrito en párrafos anteriores. Leamos.

Pregunta: …, hoy se publica una nota en la que se refiere que Francisco Ramírez Acuña, conocido como Paco el opaco, se gastó 800 mil pesos en una camioneta nueva. ¿Hay camionetas también para todos los vicepresidentes? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Esto forma parte del plan de austeridad del que tanto se habla?

Zambrano: En primer lugar, el que debería dar la explicación directísima, es el propio presidente de la Cámara, el diputado Ramírez Acuña. A los vicepresidentes y a los secretarios se les tiene asignado un carro para su uso propio y de sus colaboradores. En el caso mío me tienen asignado un Sentra, que ya ni recuerdo de qué año es. Pero además hay que recocer que por acciones mismas de la acción legislativa, salidas a los estados, transporte en la misma ciudad, hasta reuniones en los mismos carros, en los trayectos, tienen un uso intensivo los vehículos.

Yo no sé las condiciones en que se encuentre la anterior Suburban del diputado Ramírez Acuña. Yo creo que sí debemos ser muy celosos, de no invertir en cosas que no se requieran estrictamente, dentro de un marco de un plan de austeridad, que debemos ser muy celosos en observarlo.

Pregunta: ¿Ochocientos mil pesos en una camioneta en estas condiciones que está viviendo el país… cuando a los empleados de aquí les recortaron sus prestaciones, según para ahorros, y resulta que se despachan con la cuchara grande?

JZG: Yo creo que debemos ser muy celosos en cuidar esto. No hemos tenido un detalle de la información, sólo un comentario general hace rato en la Mesa Directiva. Se habla de que ya estaba saliendo demasiado caro, costosísimo el mantenimiento de la Suburban. No lo sé. Yo insisto en que debemos ser muy cuidadosos en invertir en aquellas cosas que no sean estrictamente necesarias. Ciertamente, aparece como una cantidad muy grande, en un momento en el que la sociedad nos exige que nos apretemos el cinturón.

Pregunta: A pesar de que sea el presidente de la Cámara se le debe exigir una explicación…
JZG: Nosotros estamos obligados a darle una explicación (a la gente), todos y cada uno de los diputados, y más quienes somos parte de la Mesa Directiva, y especialmente quien es su presidente.

Pregunta: Y parece que no predican con el ejemplo, con este tipo de compras.
JZG: No es un asunto de que no prediquemos. Insisto en que hay que preguntarle, en todo caso, al diputado Ramírez Acuña personal y directamente, y él debe dar una explicación al respecto.
Pregunta: Sin embargo, la imagen de uno, desgraciadamente, afecta la imagen del Congreso.
JZG: Por supuesto que nos afecta a todos.

Y EN EFECTO, EL PRESIDENTE de la Cámara habló y dijo --¡válgame usted estimado lector!--, que una camioneta de las que se compró con el dinero del pueblo, para nada rompe con la austeridad…

DICE EL PRESIDENTE DE LA Comisión de Justicia de la Cámara de Diputado, Humberto Benítez Treviño que la presencia de agentes estadounidenses en Ciudad Juárez, hay que tomarla en el marco de acuerdos de ambos países, como es el caso del Plan Mérida. Reconocio, sin embargo, que no se han cumplido los objetivos en materia de seguridad.

En seguridad tenemos todas las aristas, desde aristas de prevención del delito; aristas de combate frontal a la delincuencia organizada; aristas de una mejor persecución del delito con presencia de capacitación, que no la tenemos, una administración de justicia pronta y expedita, y una reinserción social que hoy por hoy es un fracaso en México...NOS LEEREMOS LA PRÓXIMA ENTREGA…

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*LOS PROBLEMAS EN MÉXICO LOS RESOLVEMOS LOS MEXICANOS

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA) Entrevista del Dip. Alfonso Navarrete Prida En la C{amara de San Lázaro de Sobre estas declaraciones de la secretaria de Interior, Janet Napolitano, sobre que el Ejército no está funcionando en las calle.

Por un lado, pueden ser criticables las declaraciones de que una funcionaria de un gobierno extranjero, declare sobre asuntos de política interna del país.

En ese sentido, creo que los mexicanos reaccionamos en conjunto con respecto a que los asuntos en México y los problemas en México los resolvemos los mexicanos, aceptamos cualquier tipo de colaboración y ayuda, pero son una decisión de los mexicanos.

Por otro lado, lo que es el contenido del comentario de Janet Napolitano es absolutamente cierto, lo está hablando desde el punto de vista técnico, lo está hablando una persona que sabe de lo que está hablando. Aquí se ha dicho muchas veces, aquí en la Cámara y en otros foros, que la estrategia basada únicamente en la respuesta policiaca y militar resulta absolutamente insuficiente y además no resuelve.

Los operativos de presencia o de inhibición, por su propia naturaleza, la eficacia de esos operativos, está probado, es parte de la técnica de seguridad, que solamente tienen una duración limitada en el tiempo, solamente sirven de inicio y sí bajan considerablemente el conjunto de delitos que se puedan estar cometiendo en el fuero común, pero no sirven para el tipo de delincuencia que se está enfrentando en Juárez y en otras partes del país.

¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo son ejecuciones y las ejecuciones no tienen que ver dónde esté parado un militar o un policía, las ejecuciones implican el estudio de la víctima y el momento en el que está más vulnerable, por lo tanto, pueden ocurrir en distintos momentos que no va a ser eficaz el operático de presencia meramente.

Por otro lado, los asuntos de Juárez tienen que ver con la extorción y el tratarse de imponer grupos criminales ante la sociedad civil.

Estos señores, grupos criminales llamados “la línea” y “los aztecas” lo que han hecho es establecer una serie de cuotas en los expendios comerciales, en las casas, en los comercios y esto hace que el operativo de presencia que simplemente no recaba mayor dato de inteligencia, sea absolutamente ineficaz.

Si a eso le sumamos una caída vertiginosa del crecimiento económico del municipio; el alejamiento de jóvenes de las actividades productivas, del camino sano; el crecimiento en más de un 70 por ciento en las adicciones en el país en ocho años y Juárez debe ser de los picos altos; la caída brutal de la posibilidad de las exportaciones del municipio de Juárez, siendo un municipio esencialmente maquilador como punto fronterizo; el operativo militar resulta ser un absoluto fracaso, ayuda y ayudó en su tiempo, en un primer momento, pero –desde luego- la estrategia tiene que replantearse.

Creo que con esto les estoy dando la explicación más amplia que puedo darles sobre el tema.
El Presidente de la República anunció desde hace tiempo que iba a replantear la estrategia de seguridad y comenzaba en Juárez. En Juárez se está jugando toda la política de seguridad del sexenio del Presidente Calderón. Si fracasa la estrategia en Juárez fracasó la política de seguridad en su sexenio.

Lo que estos acontecimientos muy lamentables demuestran es que tiene poco tiempo para que empiece a dar resultados, que el tiempo está muy reducido, que empezó tarde el replanteamiento de una estrategia y que necesita acciones contundentes rápidas, empezando por la detención de los criminales arteros de estos impunes hechos, hasta el día de hoy, y desbaratar las posibles redes de protección institucional en Juárez que deben estar cobijando a esta gente.

Pero ayer el Presidente decía que él consideraba que no era lo mejor sacar al Ejército.

Y tiene razón. Nunca se le ha dicho al Presidente de la República que lo que se está planteando es que se retire el Ejército de la calles, lo que se está planteando es que el Estado mexicano utilice otras herramientas que no son la respuesta policiaca, para combatir al crimen y terminar de derrotar el ambiente de delincuencia.

Herramientas educativas, herramientas de salud, herramientas de deporte, herramientas de incentivar económicamente a las industrias, herramientas de inteligencia, de operativos encubiertos y poner expendios encubiertos para que vengan a cobrarles la cuota los señores de “la línea” y entonces empiecen a tener hebras reales de dónde están estas personas, quiénes son los jefes y a desbaratar la célula criminal, quién les brinda protección, en fin.

Un conjunto de herramientas distintas al mero combate policíaco, pero nunca se ha plantado que se sustituya, sino que se complemente

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*RESUELVEN JUICIO CONTRA RIVERA FLORES Y GRANADOS CHAPA, MAÑANA

(DIFUNET).- Mañana 18 de marzo el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal, que preside el Magistrado Gonzalo Jiménez Arredondo, resolverá un complicado proceso jurídico que definirá si el recurso de amparo puede ser utilizado en contra del ejercicio de la libertad de expresión o si, por el contrario, tutela a quienes la ejercen.

Iniciado el 6 de agosto de 2004, el proceso tuvo su origen en la publicación del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo, que es autoría del periodista y escritor Alfredo Rivera Flores y cuyo contenido motivó la inconformidad del político hidalguense, Gerardo Sosa Castelán.

Las afirmaciones de la investigación contenidas en el libro provocaron que Sosa Castelán alegara daño moral a su persona y que por ese motivo iniciara una demanda contra Rivera Flores y quienes colaboraron con él: el periodista Miguel Ángel Granados Chapa; el editor Miguel Ángel Porrúa; el diseñador Enrique Garnica Ortega; la empresa Libraria S. A. de C. V. y el fotógrafo, Héctor Rubio Traspeña.

Autor y colaboradores respondieron con una solicitud de amparo, dada la fuerza de las relaciones políticas que Gerardo Sosa ha cultivado a lo largo de su carrera en el desempeño de la Rectoría de la Universidad de Hidalgo, como diputado federal y la presidencia del PRI en Hidalgo, lo que lo convierte en cercano del gobierno priísta de esa entidad y un personaje con muchos recursos para influir en las resoluciones judiciales.

Sorprendentemente, ante el recurso promovido por el escritor Rivera Flores, periodista Granados Chapa, el editor Miguel Ángel Porrúa, el diseñador Garnica Ortega y fotógrafo Rubio Traspeña, el político Sosa Castelán hizo lo mismo y se amparó contra una resolución del juez que eventualmente dejaría sin efecto su alegato de daño moral.

Esas acciones y otras irregularidades en el proceso, que incluyen el cambio de jueces, no han hecho sino retrasarlo seis años y que tardó los primeros cuatro para que se obtuviera la primera sentencia, no obstante que este primer paso debía tardar no más de ocho meses.

Así, mañana está por definirse si los juicios por daño moral se convierten en una forma indirecta de inhibir la libertad de expresión a través de juicios interminables que coaccionan a los periodistas.

De acuerdo con la abogada Perla Gómez Gallardo, quien este caso emblemático que documentará para proponer las adecuaciones legislativas correspondientes por parte de la Fundación para la Libertad de Expresión y el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa, “las manifestaciones vertidas en el libro objeto de este litigio se refieren a hechos ciertos y conocidos, por lo que no se ataca su honor (de Sosa Castelán) o vida privada”.

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*PROMETE GDF CLAUSURA DEFINITIVA Y DEMOLICIÓN DE GASOLINERÍA, REORIENTARÁN LA “VOCACIÓN” DEL PREDIO

(DIFUNET).- El Gobierno del Distrito Federal asumió el absoluto compromiso político con los habitantes del Conjunto Residencial Tlalpan II para que, en observancia de la ley, se cancele la construcción de la Estación de Servicio El Tlalpense, se demuela la obra a fin de que se deje de lastimar el bienestar común y ese predio tenga vocación para una actividad distinta y cercana a los ciudadanos.

Javier Méndez Guzmán, vocero de la organización vecinal aseguró esta mañana en conferencia de prensa que “las autoridades del GDF tienen la firme convicción de atender nuestra demanda y para ese efecto invitaron a nuestro abogado ambientalista, Rolando Cañas Moreno, a participar directamente en las mesas de análisis y dictamen de la mesa interinstitucional, que muy seguramente concluirán en la cancelación definitiva de la obra”.

El pasado viernes el secretario de Gobierno del GDF, José Ángel Ávila, comunicó a los vecinos que la clausura temporal de la obra es consecuencia de la decisión tomada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) del gobierno capitalino, al considerar que aquella incumplía con todos los requerimientos de ley.

Es decir, se detuvo la construcción porque el dictamen de impacto urbano para iniciar el proceso de construcción estuvo incompleto, como desde un principio lo hizo notar el grupo de vecinos del Conjunto Residencial Tlalpan II en palabras de su vocero Javier Méndez.

Al respecto, el abogado Rolando Cañas Moreno comentó que a la fecha no conocen el motivo concreto de la clausura temporal de esta obra avanzada ya en un 80 por ciento. Justo se encuentran en ese proceso para fortalecer los argumentos y evitar cualquier amparo por Servicio El Tlalpense SA de CV.

En la reunión celebrada el viernes último, José Ángel Ávila les hizo saber que sólo falta consolidar el acto de clausura motivado por impacto ambiental y buscar la manera mediante la cual éste no tenga formas para ser recurrido.

La decisión fue asumida —les dijo el funcionario— luego de que el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, conociera los detalles del caso, tras lo cual giró instrucciones para atender a los quejosos, toda vez que para la administración que encabeza es una prioridad dar cauce a las demandas ciudadanas.

Aseguró a los vecinos del Conjunto Residencial Tlalpan II que la determinación no será modificada por ninguna otra consideración, porque es un compromiso del Gobierno de la Cuidad que la vocación del predio se reoriente a alguna otra actividad más congruente con el entorno donde se encuentra ubicado.

Es decir, que el proceso esté bien fortalecido para que la autoridad judicial en caso de llegar a ella, no tenga elementos para otorgar algún amparo.

Durante la conferencia de prensa Lourdes Montull, integrante del comité de vigilancia de la organización vecinal hizo un breve recuento de los siete meses de lucha y el proceso que derivó en esta importante reunión con el secretario de gobierno capitalino en representación de Marcelo Ebrard.

Al responder preguntas, el vocero de los vecinos del Conjunto Residencial Tlalpan II, Javier Méndez, hizo notar que el delegado en Tlalpan, Higinio Chávez, desafortunadamente para la demarcación que encabeza, cometió errores u omisiones que favorecieron al empresario Jorge Talavera Ugalde, quien de esa manera pudo iniciar la construcción de la gasolinería El Tlalpense.

Precisó que en noviembre del año pasado, el delegado concedió la clausura de la obra pero tan mal fundamentada, que permitió que un juez concediera el amparo a Talavera Ugalde, con lo cual éste logró que la construcción llegará hasta un 80 por ciento, hasta la semana pasada, cuando se produjo la orden de clausura de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

A su vez, el abogado Rolando Cañas explicó que aún no sabían si la causa por la que esta dependencia del gobierno capitalino había clausurado la obra, era en acatamiento al dictamen que, en ese sentido, había dado un Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que, por cierto, hizo notar, aún no acataban la Secretaría del Medio Ambiente ni la Delegación Tlalpan.

Agregó que tampoco estaba claro si la clausura era temporal o definitiva.

El vocero Javier Méndez, por otra parte, hizo saber que la eventual expropiación del predio sobre el que se erige la obra cancelada, fue una posibilidad que el fin de semana último sugirió el secretario de Gobierno del GDF, José Ángel Ávila Pérez, a fin de que, en lugar de gasolinería, se diera un fin distinto a ese espacio, más acorde con el bienestar de los vecinos.

Pero, añadió, el funcionario les aclaró que de concretarse, esa posibilidad implica un proceso jurídico distinto, si bien los conminó a que pensarán en la alternativa, lo cual, dijo, vemos como un aspecto favorable a la causa de los vecinos.

En la reunión del viernes entre el Secretario de Gobierno y los vecinos, estuvieron también representantes de la Comisión Interinstitucional conformada por las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, del Medio Ambiente, de Protección Civil, de Transportes y Vialidad, de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y la Delegación Tlalpan.