*SERÁN SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO DESDE SENADORES, LEGISLADORES, *MAGISTRADOS HASTA CONSEJEROS, SINO EJERCEN DEBIDAMENTE LOS RECURSOS PÚBLICOS A SU CARGO
(AGENCIA NOTISIFA) La ASF podrá fiscalizar los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, dicho fondos y recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados: Natale López
Para garantizar un pleno control, fiscalización y vigilancia hacia quienes ejercen recursos públicos bajo cualquier modalidad, el Grupo Parlamentario del Partido Verde propone ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Pese ha que ha sido destacable la labor de la ASF, los resultados no son tan contundentes, de ahí, la urgencia de aportar al diseño institucional de la transparencia y rendición de cuentas el andamiaje constitucional y legal para consolidar la transición del máximo órgano mexicano que controla y evalúa gran parte de los actos de gobierno, consideró el legislador ecologista, Juan Carlos Natale López.
Por ello, se propone reformar a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; entre las modificaciones se encuentra:
“Que la Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente. En caso, de que se amplié el plazo de presentación del documento, la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales”, informó.
Además, la Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública, con la aprobación del dictamen correspondiente a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación.
Conjuntamente, se plantea que la ASF tenga a su cargo fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, dicho fondos y recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
“La entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo el control de los órganos internos de fiscalización de los Poderes de la Unión, mismos que tendrán la obligación de coordinarse con esta entidad a efecto de comunicar los avances y resultados de las auditorias preventivas que realicen”, abundó.
El también integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, precisó que dentro de las modificaciones que plantea el Partido Verde se encuentra sancionar a servidores públicos que lucren con los recursos a su cargo, mediante juicio político.
“Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el titular de la entidad de fiscalización superior de Federación, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del IFE, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos”, agregó.
Finalmente, se subrogarán y trasladarán funciones, facultades, recursos técnicos, materiales y humanos de los órganos internos de control a nombre de la ASF. Por cuanto a la unidad administrativa responsable en el ramo del Ejecutivo federal, tendrá a su cargo única y exclusivamente, las competencias, funciones y atribuciones que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con excepción de las funciones de control y auditoría siendo su mayor competencia, las relativas a las que marcan la Ley del Servicio Profesional