(DIFUNET).- Una comisión de residentes del Conjunto Tlalpan II presentó esta mañana en conferencia de prensa contundentes pruebas documentales para considerar la clausura definitiva y demolición de la gasolinera que se construye a un lado de sus viviendas en Avenida de los Insurgentes Sur 4097, por las evidentes irregularidades en la manifestación de construcción presentada ante la delegación Tlalpan y aceptada por funcionarios de aquella demarcación.
Los vecinos demandaron una explicación de la incongruente conducta de las autoridades que otorgaron los permisos para la construcción a pesar de las evidentes prohibiciones en los reglamentos y las opiniones en contra y las omisiones en los dictámenes en los cuales se basaron.
Asimismo, dieron a conocer que ya respondieron la demanda que por daño moral interpuso en contra de 23 de ellos el propietario del Servicio “El Tlalpense”, Jorge Talavera Ugalde, por la cantidad de 46 millones de pesos. "Es una forma de amedrentarnos para que desistamos de continuar nuestra lucha, pero no lo haremos", dijeron.
A nombre de los vecinos, Javier Méndez destacó que en el expediente PAOT-2009-1133-SOT-531 y su acumulado PAOT-2009-1288-SOT-613, sobre los dos predios en los cuales se realiza la obra, se resume el cúmulo de irregularidades, entre los que se encuentran los siguientes:
De acuerdo con los documentos de la PAOT exhibidos por los vecinos, al “Programa Delegacional de Desarrollo Urbano (PDDU) para Tlalpan de 1997, al predio le aplica la zonificación H/3/40, donde el uso de suelo para gasolineras está prohibido”.
Además, en referencia al Impacto Ambiental, que es sólo una de las partes centrales, se afirma que al norte el predio colinda con zona habitacional, es decir, “que nuestros departamentos estarían según el documento a 25 metros de la zona de riesgo; es decir, que conviviríamos diariamente con 300 mil litros de combustibles y los evidentes daños a nuestra salud por las emisiones contaminantes”, expresó Méndez.
El artículo 63 fracciones IV y V del reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo establece que las autoridades competentes deben ajustar y estimar un distanciamiento mínimo de 50 metros desde los puntos relevantes de riesgo, hasta los límites de predios destinados a vivienda; mientras que la distancia mínima deberá ser de 100 metros desde los puntos relevantes de riesgo, hasta centros de concentración masiva, por lo que “el proyecto no cumple con las distancias mínimas a viviendas y centros de concentración masiva a que se refiere el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo”.
Finalmente, el dictamen de la PAOT dice que en el caso del Impacto Urbano, “la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda señala en el apartado de Impacto Vial que el promovente deberá obtener, previo al registro de la manifestación de construcción, el oficio de liberación de la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad”, sin embargo, “se emitieron los certificados de uso de suelo empleando una norma de vialidad sin considerar que dicha norma no aplicaba por encontrarse el predio en Área de Conservación Patrimonial”.
Los vecinos recordaron que el pasado 28 de enero Armando Quintero Martínez, en su calidad de secretario de Transportes y Vialidad, se presentó como Tercero Perjudicado en el Juicio ante la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para informar que a su representada “NO SE LE REQUIRIÓ EMITIR OPINIÓN TÉCNICA al respecto, misma que se considera necesaria, dada la importancia de la construcción de una gasolinera, toda vez que la misma se encuentra ubicada en Avenida Insurgentes Sur, considerada tanto en el Programa Integral de Transporte y Vialidad como en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Tlalpan, ambos vigentes, como VIALIDAD PRIMARIA”
Luego afirmó el secretario Quintero que por ser “Vialidad Primaria aunado a que en esta vialidad fue implementado el CORREDOR INSURGENTES SUR, relacionados con la afluencia de pasajeros, circulación de autobuses articulados, así como la saturación vehicular en el punto donde se pretende desarrollar el proyecto en comento, por lo que esta secretaría (…) determina que NO ES FACTIBLE SU CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO”.
Javier Méndez expresó que “el empresario promovente de la gasolinería habría querido sorprender incumpliendo con lo estipulado por la SEDUVI, que era la obtención previa al registro de la manifestación de construcción, del oficio de liberación de la Dirección General de Planeación y Vialidad de la Secretaría de Transportes y Vialidad, como lo afirma la PAOT”.
Esta omisión, según los vecinos, provocó la suspensión temporal de la construcción el pasado miércoles seguramente su clausura y demolición.
Asimismo, se quejaron de que quizá por las evidencias con que cuentan a su favor, el actual Jefe Delegacional Higinio Chávez se niega a recibirlos, lo mismo que el anterior, Guillermo Sánchez Torres, quien es actualmente presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El vocero de los vecinos destacó que la lucha no ha terminado y seguirán recabando más pruebas e interponiendo todos los recursos que sean necesarios “para terminar con el abuso que pretenden generar personajes con recursos económicos, probablemente coludidos con algunos funcionarios que desvían el objeto de su labor como servidores públicos, como es el caso de los de la Delegación Tlalpan, quienes aceptaron una manifestación de construcción sin haber cumplido al ciento por ciento con los requisitos”.
La demolición de este proyecto, dijo Méndez, será la prueba de que las autoridades defenderán los derechos de los ciudadanos, incluso sus propios reglamentos que están siendo violados a la luz de las pruebas, que son contundentes.
