jueves, 15 de abril de 2010

BOLETIN INFORMATIVO


*SETRAVI Y QUINTERO NOS DAN LA RAZÓN: GRUPO RET - RUTA 1

(DIFUNET).- Nos referimos al boletín DGCS 152 de la Secretaría de Transportes y Vialidad donde la SETRAVI nos da la razón. Dice una máxima que quien miente una vez, miente siempre. Al desconocer los compromisos aún no resueltos de aquel convenio, Armando Quintero miente.

Si como dice el boletín de la SETRAVI ordenado por su titular, aquella dependencia hubiera cumplido al ciento por ciento con los compromisos adquiridos, no ayer ni anteayer, sino como afirma, el 31 de julio pasado, debe explicar a la opinión pública qué sentido tendrían las mesas de negociación que hemos mantenido durante los últimos ocho meses y 15 días.

Entonces, ¿a qué nos sentamos por lo menos 25 ocasiones con él, con el Director General de Transportes, Martín Mejía y con el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa? ¿De qué platicamos durante al menos 50 horas? ¿De los próximos viajes a la luna que quizá quiera regular?

Más aún. ¿Cuál es el motivo para mantener una mesa de diálogo y negociación como presuntamente se la ofreció a Noé Rendón? ¿Será que a este funcionario al que le pagamos con nuestros impuestos, le gusta perder el tiempo platicando con los transportistas en lugar de realizar su trabajo como debe, para resolver el sinnúmero de problemas que existen en la ciudad derivados de su incapacidad, su intolerancia, su carencia de tacto, su falta de voluntad política y sus maniobras para privilegiar a un "selecto" grupo de amigos y colaboradores políticos?

A la opinión pública de este país y de México le queremos hacer saber que si no tuviéramos derechos para continuar nuestro trabajo de muchos años sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, no nos hubieran ofrecido la enésima mesa de diálogo ni él ni otro funcionario de su nivel durante la movilización de ayer.

Una mesa de diálogo más es perder el tiempo porque nada nos soluciona. Dijo Napoleón, el imperialista francés: "Cuando quiero que un asunto no se resuelva lo encomiendo a un comité". Es a lo que le apuestan. Al desgaste de nuestra legítima lucha y la irresolución de nuestro problema.

Nosotros somos trabajadores del día a día y ya no tenemos tiempo para ir a sentarnos y escuchar promesas, cuentos chinos y gracejadas acostumbradas por estos funcionarios, para hacerse chistosos, mientras nuestras familias ya comienzan a carecer de los satisfactores más elementales.

Hemos sido consecuentes, hemos sido condescendientes y mesurados. Hemos sido propositivos y hemos optado por el diálogo. Pero en esta lucha va nuestro futuro y el de nuestros hijos. Nosotros no somos políticos que vivimos de la intriga y la mentira. Somos hombres y mujeres de a pie. Gente que día a día lucha por sacar a sus familias adelante.

Por esto mismo le advertimos al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y, sobre todo, a Armando Quintero. No vamos a parar esta lucha. Vamos a llegar a las últimas consecuencias legales. Ya violaron un juicio de amparo y desacataron la orden judicial de un juez federal. Más adelante, cuando estén frente a un juicio de desafuero, recuerden el momento de ayer y no vayan a politizarlo; no vayan a decirse perseguidos políticos por cuestiones electorales, como ocurrió hace algunos años con uno de sus antecesores.

Los derechos de los ciudadanos deben estar por encima de los intereses de los políticos.

miércoles, 14 de abril de 2010

BOLETIN INFORMATIVO

*GOBIERNO DEL DF INCUMPLE, REPRIME Y VIOLA EL ESTADO DE DERECHO

(DIFUNET).- Víctimas de la represión oficial, transportistas de la organización RET-Ruta 1 fueron impedidos este martes de ejercer su derecho al trabajo, cuando reiniciaron la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros sobre el Eje Central, en el tramo que va del Palacio de las Bellas Artes a la avenida Montevideo.


Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno capitalino la emprendieron a empujones, golpes, amenazas e insultos contra concesionarios y operadores de la mencionada organización y colocaron al Jefe de Gobierno de Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por encima del estado de Derecho.

Violación a un juicio de amparo, desacato a una orden judicial de un juez federal, son entre otros algunos de los delitos cometidos por los funcionarios del gobierno capitalino, cuya cabeza es Ebrard. “Así se conducen y luego, cuando los persigue la justicia, hacen esto político como ya sucedió hace algunos años”, expresó el vocero de los transportistas, Noé Rendón

Con un saldo de tres personas golpeadas y varios detenidos, la intervención policial ordenada validó así la estrategia de tortuguismo, engaños, simulación y demagogia que durante ocho meses desplegó el secretario de Transportes y Vialidad del GDF, Armando Quintero Martínez, contra los integrantes de Ruta 1.

Desde el 31 de julio de 2009, concesionarios de la mencionada organización y autoridades del gobierno capitalino, representadas por Armando Quintero y su subalterno Martín Mejía, además del subsecretario de Gobierno Juan José García Ochoa, firmaron un acuerdo de responsabilidad mutua que los transportistas respetaron al salir, ese día, de la mencionada vialidad.

Pero la representación del gobierno capitalino se negó de manera reiterada a honrar los compromisos que suscribió con los concesionarios: sin explicación alguna, rechazó mandar a un grupo de transportistas de la misma ruta como se comprometieron, a los cinco corredores dejados por el Sistema de Transportes Eléctricos (trolebuses) para reducir la flotilla en el Eje 1 poniente, lo cual redujo considerablemente también sus ingresos.

Tampoco los reubicó en la ruta alternativa que originalmente les ofreció para dar el servicio en Cuautepec y les mintió cuando en lugar de un corredor sobre el Eje 1 Poniente, comenzó a construir instalaciones para el Metrobús, una alternativa que a los transportistas les implica un gasto de 2 mil 800 millones de pesos.

Este martes, los concesionarios de RET-Ruta 1 hicieron notar por la mañana, en conferencia de prensa, que al proceder de ese modo, las autoridades de Transporte y Vialidad del GDF, de hecho desconocieron el acuerdo que habían firmado hace ocho meses y, por tanto, ellos –los transportistas- tampoco estaban obligados a cumplirlo.

Así las cosas, a las 10:30 de la mañana de este martes reiniciaron la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la esquina de Donceles y Eje Central, en donde, esperaron algunos minutos a que llegara el Jefe del GDF, Marcelo Ebrard, a quien comunicarían las razones legales de su retorno a esa vialidad.

Pero ni el funcionario ni ninguno de sus colaboradores se apersonaron en el lugar; a las 11:30 horas los transportistas comenzaron a ofrecer el servicio de pasajeros, a un costo de tres pesos por persona, el cual se había regularizado normalmente hacia las 12:15 horas. Entonces llegaron 200 granaderos.

Acompañados de al menos cinco grúas, los policías comenzaron a enganchar las unidades y consiguieron llevarse siete a diferentes corralones; los concesionarios dueños de las unidades lo impidieron en la mayoría de los casos e incluso una de las grúas quedó, por algunos instantes, sobre sus ruedas traseras, porque no pudo arrastrar uno de los autobuses al que le fue colocado el freno.

Sin embargo, menudearon empujones, forcejeos y golpes con escudos y toletes de los granaderos, quienes de esa manera dejaron lesionadas a las señoras Concepción Navarrete Solís y Beatriz Ramírez, así como a Martín Centeno Jaramillo, todos ellos dueños de unidades.

En la conferencia de prensa, el representante legal de los transportistas, Antonio Ortega Barco, había advertido que si las autoridades del gobierno capitalino optaban por la represión, como sucedió, se colocarían fuera de la ley, no sólo por el incumplimiento del acuerdo reseñado.

También –explicó- porque los transportistas de la RET-Ruta 1 cuentan con la vigencia de sus concesiones, las cuales les fueron expedidas desde hace 30 años, están al corriente de sus pagos, y ninguno de sus representados ha incurrido en ninguna de las causales para que se las cancelen.

Dijo al respecto que el secretario Quintero Martínez se ha negado a recibir el pago anual de las concesiones, debido a lo cual –y a otras irregularidades- los transportistas han solicitado el amparo de la justicia federal por actos de arbitrariedad de funcionarios del GDF.

Hizo notar que Armando Quintero ha incurrido en violación a las garantías fundamentales contempladas en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución General de la República, relativos a la seguridad jurídica.

Los transportistas dijeron que por ningún motivo claudicarán a sus derechos, se mantendrán en pie de lucha y volverán al Eje Central cuantas veces sea necesario, porque están amparados por la ley.

BOLETIN INFORMATIVO

*PIDE PRI SUSPENDER EL RENAUT, PORQUE NO SIRVE

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA) Para el Grupo Parlamentario del PRI, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), tal como se ha operado hasta hoy, no funciona ni sirve para los fines que fue establecido, pues ha existido indolencia por parte del Ejecutivo Federal, para su correcta implementación.

Por ello, exhortaron a la Secretaría de Gobernación, al Registro Nacional de Población, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), para que suspendan de inmediato su puesta en marcha, ante su comprobada vulnerabilidad, además de cesar sus consecuencias legales; es decir, la suspensión o cancelación de las líneas, en contra de los intereses de los particulares.

En conferencia de prensa, los legisladores federales priistas, Omar Fayad Meneses, Alejandro Canek Vázquez Góngora, José Adán Ignacio Rubí Salazar, solicitaron también a las autoridades de SCT y COFETEL, presentar a este órgano colegiado un Plan de Acción, que demuestre el pleno apego a la ley en la implementación técnica y operativa del RENAUT, la seguridad del sistema para no ser vulnerado con información falsa que, efectivamente, salvaguarde las garantías individuales y la información personal de los usuarios.

Omar Fayad Meneses explicó que, en virtud de que la ley ordena que son sólo los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones son los únicos facultados para llevar un registro y control de usuarios, debe solicitarse el apoyo del Colegio de Notarios para que den fe de que los datos que ingresan al registro mencionado sean reales y auténticos, a fin de dar certeza a la ciudadanía de la veracidad y buen uso de los datos que éste contenga.

Recordó que, a partir de la publicación y vigencia de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, se han reportado múltiples irregularidades e incumplimientos; por ejemplo, ni la SCT ni la COFETEL se han encargado de implementar tales disposiciones, pues lo ha hecho la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el Registro Nacional de Población (RENAPO), a pesar de que ninguna ley, reglamento o decreto les otorga dicha facultad.

En este sentido, indicó que el procedimiento de registro de las líneas de telefonía móvil instaurado por el RENAUT de Gobernación y el RENAPO, mediante el simple envío de un mensaje de texto al número 2877 con los datos de la Cédula Única del Registro Nacional de Población (CURP), tampoco cumple con los requisitos establecidos en la norma.

Además, Omar Fayad aclaró que la COFETEL tenía la obligación de expedir, a más tardar el 11 de marzo del 2009, las disposiciones administrativas para reglamentar el registro de usuarios de telefonía, y fue hasta dos meses más tarde que publicó unas “Reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil”, que fueron extemporáneas e incompletas.

Por si esto fuese poco, agregó, el Ejecutivo Federal tampoco ha publicado en el Diario Oficial de la Federación, el reglamento correspondiente a las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones; no obstante, que el plazo para hacerlo era de 60 días, a partir de la entrada en vigor de las reformas (10 de abril de 2009).

Bajo estas circunstancias, apuntó que el 25 de marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó una prórroga de un año, considerando que el Ejecutivo Federal no ha emitido aún los mecanismos y medidas de seguridad que los concesionarios deben adoptar para evitar la manipulación de los datos recabados en el RENAUT, tiempo en el que también podrán subsanarse las inconsistencias y deficiencias antes señaladas.

Y añadió que, la ampliación del periodo para el registro de usuarios de telefonía móvil, permitiría también realizar las reformas y adiciones correspondientes a los artículos 366, 390 y demás relativos, en materia de secuestro y de extorsión, del Código Penal Federal. Al asegurar que el Legislativo cumplió con atender la problemática de las extorsiones y fraudes telefónicos, originada por la escasa regulación que rige la compraventa de líneas telefónicas celulares, Omar Fayad lamentó que el Ejecutivo Federal no se apegue estrictamente a lo ordenado por la reforma, pues hasta ahora el registro ha demostrado ser vulnerable al robo de identidad con la inclusión de información falsa.

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*APRUEBA PLENO DICTAMEN QUE EXPIDE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

(AGENCIA NOTISIFA) La Cámara de Diputados aprobó con 375 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, con la cual se acota el manejo de información de ciudadanos que hacen instituciones privadas, a fin de garantizar la privacidad al regular su tratamiento y control.

Dentro de las sanciones, se encuentran multas que van desde 100 a 320 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir más de 18 millones de pesos, así como en caso de reincidir, se impondrá un castigo adicional similar al anterior, además de que podrán incrementarse hasta por dos veces los montos establecidos cuando se trate de datos sensibles.
Con la ley se reconocen nuevos derechos de los ciudadanos para proteger su privacidad y faculta a las personas para que puedan solicitar acceso a los datos para su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización de la información que le concierne.

De esta manera, con la disposición se reforman los artículos 3, fracciones II y VII, y 33, así como la denominación del capítulo II del Título Segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La disposición establece como violatorio que no se cumplan con la solicitud del ciudadano de cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, así como actuar con negligencia o dolo en la tramitación.

También sanciona a quien recabe o transfiera datos personales sin el consentimiento expreso del titular, como con engaño y fraude y prohíbe la creación de bases de datos en contravención de dicha ley.

La nueva ley brinda al ciudadano la oportunidad de solicitar a las empresas información que contenga datos personales propios, por lo que las compañías deberán contar con los procedimientos claros para la recepción de las peticiones.

En el aparatado de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito de la persona para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.

De este modo, las empresas tendrán la obligación de informar a los titulares de los datos la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad.

Ante las solicitudes, el responsable indicará al dueño de los datos personales, en un plazo máximo de veinte días contados desde la fecha en que se recibió la solicitud de acceso la determinación adoptada, a efecto de que se haga efectiva a los quince días siguientes

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, tendrá por objeto difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales, promover su ejercicio y vigilar la observancia de las disposiciones.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral Jurado (PAN), dijo que sólo estaban protegidos los datos en posesión de los tres órdenes de gobierno. “Esta nueva ley completará el ciclo de protección, ampliando las obligaciones a todo ente privado”.
A partir de esta ley, amplió el diputado, toda persona tendrá la facultad de decidir quién, cómo y para qué utilizan su información personal.