BOLETIN INFORMATIVO

*GOBIERNO DEL DF INCUMPLE, REPRIME Y VIOLA EL ESTADO DE DERECHO

(DIFUNET).- Víctimas de la represión oficial, transportistas de la organización RET-Ruta 1 fueron impedidos este martes de ejercer su derecho al trabajo, cuando reiniciaron la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros sobre el Eje Central, en el tramo que va del Palacio de las Bellas Artes a la avenida Montevideo.

Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno capitalino la emprendieron a empujones, golpes, amenazas e insultos contra concesionarios y operadores de la mencionada organización y colocaron al Jefe de Gobierno de Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por encima del estado de Derecho.

Violación a un juicio de amparo, desacato a una orden judicial de un juez federal, son entre otros algunos de los delitos cometidos por los funcionarios del gobierno capitalino, cuya cabeza es Ebrard. “Así se conducen y luego, cuando los persigue la justicia, hacen esto político como ya sucedió hace algunos años”, expresó el vocero de los transportistas, Noé Rendón

Con un saldo de tres personas golpeadas y varios detenidos, la intervención policial ordenada validó así la estrategia de tortuguismo, engaños, simulación y demagogia que durante ocho meses desplegó el secretario de Transportes y Vialidad del GDF, Armando Quintero Martínez, contra los integrantes de Ruta 1.

Desde el 31 de julio de 2009, concesionarios de la mencionada organización y autoridades del gobierno capitalino, representadas por Armando Quintero y su subalterno Martín Mejía, además del subsecretario de Gobierno Juan José García Ochoa, firmaron un acuerdo de responsabilidad mutua que los transportistas respetaron al salir, ese día, de la mencionada vialidad.

Pero la representación del gobierno capitalino se negó de manera reiterada a honrar los compromisos que suscribió con los concesionarios: sin explicación alguna, rechazó mandar a un grupo de transportistas de la misma ruta como se comprometieron, a los cinco corredores dejados por el Sistema de Transportes Eléctricos (trolebuses) para reducir la flotilla en el Eje 1 poniente, lo cual redujo considerablemente también sus ingresos.

Tampoco los reubicó en la ruta alternativa que originalmente les ofreció para dar el servicio en Cuautepec y les mintió cuando en lugar de un corredor sobre el Eje 1 Poniente, comenzó a construir instalaciones para el Metrobús, una alternativa que a los transportistas les implica un gasto de 2 mil 800 millones de pesos.

Este martes, los concesionarios de RET-Ruta 1 hicieron notar por la mañana, en conferencia de prensa, que al proceder de ese modo, las autoridades de Transporte y Vialidad del GDF, de hecho desconocieron el acuerdo que habían firmado hace ocho meses y, por tanto, ellos –los transportistas- tampoco estaban obligados a cumplirlo.

Así las cosas, a las 10:30 de la mañana de este martes reiniciaron la prestación del servicio de transporte de pasajeros en la esquina de Donceles y Eje Central, en donde, esperaron algunos minutos a que llegara el Jefe del GDF, Marcelo Ebrard, a quien comunicarían las razones legales de su retorno a esa vialidad.

Pero ni el funcionario ni ninguno de sus colaboradores se apersonaron en el lugar; a las 11:30 horas los transportistas comenzaron a ofrecer el servicio de pasajeros, a un costo de tres pesos por persona, el cual se había regularizado normalmente hacia las 12:15 horas. Entonces llegaron 200 granaderos.

Acompañados de al menos cinco grúas, los policías comenzaron a enganchar las unidades y consiguieron llevarse siete a diferentes corralones; los concesionarios dueños de las unidades lo impidieron en la mayoría de los casos e incluso una de las grúas quedó, por algunos instantes, sobre sus ruedas traseras, porque no pudo arrastrar uno de los autobuses al que le fue colocado el freno.

Sin embargo, menudearon empujones, forcejeos y golpes con escudos y toletes de los granaderos, quienes de esa manera dejaron lesionadas a las señoras Concepción Navarrete Solís y Beatriz Ramírez, así como a Martín Centeno Jaramillo, todos ellos dueños de unidades.

En la conferencia de prensa, el representante legal de los transportistas, Antonio Ortega Barco, había advertido que si las autoridades del gobierno capitalino optaban por la represión, como sucedió, se colocarían fuera de la ley, no sólo por el incumplimiento del acuerdo reseñado.

También –explicó- porque los transportistas de la RET-Ruta 1 cuentan con la vigencia de sus concesiones, las cuales les fueron expedidas desde hace 30 años, están al corriente de sus pagos, y ninguno de sus representados ha incurrido en ninguna de las causales para que se las cancelen.

Dijo al respecto que el secretario Quintero Martínez se ha negado a recibir el pago anual de las concesiones, debido a lo cual –y a otras irregularidades- los transportistas han solicitado el amparo de la justicia federal por actos de arbitrariedad de funcionarios del GDF.

Hizo notar que Armando Quintero ha incurrido en violación a las garantías fundamentales contempladas en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución General de la República, relativos a la seguridad jurídica.

Los transportistas dijeron que por ningún motivo claudicarán a sus derechos, se mantendrán en pie de lucha y volverán al Eje Central cuantas veces sea necesario, porque están amparados por la ley.