sábado, 7 de junio de 2008

POLITICA DE 2 PATADAS

*¿Y tu piruli Ebrard?
Por: Juan Chavez

(AGENCIA NOTISIFA)
La mediocracia es, a resumidas cuentas, lo único que constituye el sumum de los actores políticos.

Lo sustantivo, la esencia para los señorones de la polaca es la disputa por los espacios en los medios, sea la prensa escrita o los electrónicos, incluido Internet.

A eso están dedicados, más que al desempeño de su función pública. Tal es el caso, para no andar en desesperada búsqueda, de Marcelo Ebrard.

El jefe de Gobierno del DF. se montó en su macho y ahora hasta desafía: La consulta popular se hará a pesar de Los Pinos.

Usted debe saber, seguramente, a qué consulta se refiere don Marcelín.

Sí, fue el meollo de su propuesta en el debate petrolero que se lleva a cabo en el Senado y que todavía va pa’largo, pues el 22 de julio deberá concluir.

Que se consulte a la ciudadanía, clamó en su farragosa intervención el que le disputa la candidatura presidencial del PRD para 2012 al Mesías tropical.

.Los dos se disputan el honor de aterrizar la idea de la consulta al pueblo para ver qué hacer con la reforma energética propuesta al Congreso de la Unión por el presidente Calderón.

Los dos –Marcelo y Andrés López- buscan convertirse en mártires si por alguna razón la tal consulta no llega a cuajar según sus pareceres.

Ambos se han empeñado en jalarle los pelos a la burra nomás por ir contra corriente ahora que el debate petrolero a entrado a los tiempos del hartazgo y del aburrimiento.

Finalmente, ¿a quién le está interesando el debate? Al pueblo, a ese al que quieren llevar a consulta los dos santos varones del partido amarillo, jure usted que no.

El ex candidato presidencial, que no quiere que le coman el mandado, tronó su voz en Chiapas para unirse a la consultitis con la que Marcelo hace su lucha en la prensa.

El respingo del tabasqueño, además de tardío, se antojó pereceso. Como que en iniciativas, a las que hay que charolear como zapatos muy usados, Marcelín parece estarle ganando terreno.

A los dos, sin embargo, hay que mirarlos ya como antagonistas en la petición de mano a doña Leonor.

Ninguno, ni Ebrard ni López, le echan una miradita a la ley, para ver si avala la pretensa consulta, a pesar de que el fondo de .la cuestión es de orden jurídico y no se puede, nomás por gusto, ir en contra de la armonía de la nación que está fincada en leyes.

No importa si se hace o no la tal consulta; lo que en todo caso es trascendental es no violentar el orden sustentado en el andamiaje jurídico.

Ebrard se agazapó en su interpretación muy personal del artículo 26 de la Constitución, para revirarle al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, “a que conociese” tal mandamiento de la Carta Magna que, según Marcelo, norma la consulta ciudadana por él propuesta.

Aunque López, más irresponsable, como siempre, lanzó el petardo: “No importa que la consulta no esté en ninguna ley. Haremos la consulta en los 2,500 municipios del país”.

El 26 constitucional está referido a la obligación del Estado (el Ejecutivo federal, en el caso) de organizar “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”.

Textualmente, en la parte donde Ebrard buscó el apoyo para refutar a quienes no consideran la consulta popular como el camino adecuado para decidir sobre la reforma energética, se expresa:

“La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo”.

La parrafada, sin ambages, está dirigida al Plan Nacional de Desarrollo. Todo lo demás, y lo que quieren Ebrard y Amlo, huele a camorra, a escándalo.

Primero, exigieron debate y, para ser consecuentes y no tiranizar la precaria armonía nacional, el Senado se abrió y les concedió los 70 días de debate. ¿Se acuerda de la jerigonza que armaron los del FAP que exigían 120 días y terminaron aceptando 70?

Pues ahora andan igual. El debate avanza en sesiones tormentosas y aburridas de seis horas de duración. Pero, como los términos y condiciones son fatales y mueren por necesidad, ahora, como si estuvieran jugando al valero, se quieren echar el capirucho de la consulta a la ciudadanía.

Total, qué tanto es tantito más.

¡Claro! Pero a Marcelo y a Andrés, habría que responderles: No quieren también su piruli.

Andrés, por lo menos, desde que perdió las elecciones, se la ha pasado pide y pide. Ya va siendo la hora de darle su piruli, para que se entretenga chupando algo y no le chupe más la sangre a aquellos que, sin ser sus fanáticos seguidores, ya tiene hasta la coronilla con sus desplantes idiotizantes.

Vale la pena abrirse y dejarles que organicen “su consulta”. De una vez, para que se queden chiflando en la loma.

Pero que no le pidan chiche a nadie. Que el IFE, al que ya acudieron para pedirle que organice la “consulta”, proceda conforme a la ley y le responda con absoluto respeto a ésta.

Claro, eso va a suceder, con toda seguridad, cuando se estén agotando los tiempos del debate petrolero –22 de julio- y esté cerca el domingo 27 del mismo mes, que Marcelo señalara para la consulta.
Valdría la pena proceder así, para entretener en algo al perredismo “quiero todo”... porque con el piruli no les bastará.

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*Enfrentar el Evidente Rezago que Sufre el País en Materia de Desarrollo Social

Por JOSE ROMERO

(AGENCIA NOTISIFA).-
El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados, Elías Cárdenas Márquez mencionó que la ASF practicó 78 auditorías, que arrojaron como resultado en este ejercicio fiscal de 2006, el gasto en Desarrollo Social ascendió a 988 mil 368.9 millones de pesos, cifra mayor en 12.3 por ciento a la programada y en 8.9 real a la reportada un año antes, lo que constituyó el 60.7 por ciento del gasto programable y el 10.8 por ciento del PIB.

Precisó el legislador federal que “de acuerdo a la cobertura formal de las funciones de Desarrollo Social, el gasto ejercido de mayor importancia fue el sector Educación, el cual concentró el 36.1 por ciento del monto asignado; seguido por el gasto en Salud con el 25 por ciento; Seguridad Social con 20.5 por ciento; Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional con 13.2 por ciento; Asistencia Social con 3.7 por ciento y Agua Potable y Alcantarillado con el restante 1.5 por ciento del total”.

Aseveró el diputado del Grupo Parlamentario de Convergencia, durante la Cuarta Reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la que se analizó el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2006, en materia de Desarrollo Social.

En su oportunidad, el legislador preguntó a los funcionarios de la ASF sobre el informe que emitió referente al Seguro Popular correspondiente a su cobertura que benefició a poco más de 5 millones de familias aseguradas.

Por lo anterior, demandó transparencia del programa y se aclaración de posibles irregularidades que se han detectado en el mismo, tanto de parte de los órganos de control interno, como de parte de esta dependencia, dadas las denuncias públicas presentadas por presuntos actos de corrupción.

“Es importante revisar el registro del patrón de beneficiarios, su técnica de valoración de veracidad, así como de los recursos del programa en términos territoriales y económicos”, agregó.
Por último, el presidente de la Comisión que investiga a la empresa Construcciones Prácticas aseveró: “es indispensable reconocer y clarificar los errores, las insuficiencias y carencias que tenemos en este país, y recalcó, que el resultado de esta reunión nos sirva de instrumento para mejorar el bienestar social del pueblo como nuestra imagen de Nación ante el mundo”.

En la reunión participó el diputado de Convergencia, José Luis Varela quien pidió le fuera explicado el manejo del Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda del Magisterio, puesto que la ASF señaló que dicho programa no fue eficiente y demandó se diera a conocer la situación financiera y crediticia actual del fideicomiso, sus riesgos operativos y cómo afectaría a los beneficiarios del programa.

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*BEATRIZ PAREDES TOMA LA PROTESTA AL CEN DEL ONMPRI

Por MARIO SAMAYOA MADRIGAL

(AGENCIA NOTISIFA)
La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes, tomó la protesta a las nuevas integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del ONMPRI, y las exhortó a seguir trabajando para que su partido se mantenga a la vanguardia de participación femenina en las distintas actividades públicas del país.

Durante el acto celebrado en el salón de usos múltiples del partido, la dirigente les recordó que el PRI fue el primer partido que fundó un organismo de mujeres; en impulsar mujeres diputadas; en tener gobernadoras; y en contar con servidoras públicas.

Por su parte, la diputada Lourdes Quiñónez Canales, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), reconoció que en esta nueva etapa del partido será necesario redoblar esfuerzos para que el sector femenino cuente con mayores y mejores espacios.

Entre los nombramientos aprobados en el ONMPRI están: Secretaria General, Diputada Mayra Gisela Peñuelas; Secretaria de Organización, Rosalinda Albarrán; Secretaria de Coordinación Regional, Josefina Hinojosa; Secretaria de Asuntos Jurídicos, Rosario Hernández Barrón; y Secretaria de Administración y Finanzas, Alicia Taylor Pérez

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*Detectó la ASF Irregularidades en Manejo Presupuestal del CISEN

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA)
En la Cuenta Pública de 2006, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas irregularidades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), entre otras, la adquisición de 139 automóviles que servirían para renovar el parque vehicular, sin que se diera de baja unidad alguna.

Además, se verificó que una aeronave fue prestada hasta en nueve ocasiones para transportar a funcionarios de otras dependencias e instancias gubernamentales sin la autorización de la Secretaria de Gobernación (Segob).

Del mismo modo, se determinó el incumplimiento de las leyes de Seguridad Nacional y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como de los reglamentos internos en varios apartados.

Al respecto, el diputado José Manuel del Río Virgen, presidente de la Comisión de Marina, indicó que luego de revisar el informe de la ASF respecto de la Cuenta Pública 2006, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del CISEN solicitó la adquisición de 139 vehículos operativos tipos sedan, 4 puertas, a través del oficio número SRMSG/1196/06, de fecha 26 de mayo de 2006.

Dicha petición, añadió el legislador por el Estado de Veracruz, fue justificada técnicamente para renovar una parte del parque vehicular del Centro de Investigación y reducir de 7 a 5 años su antigüedad promedio, lo que permitiría disminuir el costo de mantenimiento y consumo de combustible.

Sin embargo, agregó el diputado de Convergencia, el auditor Arturo González de Aragón estableció que a la fecha del cierre de la auditoría (16 de noviembre) el CISEN no había informado sobre la baja de alguna unidad vehicular.

Únicamente, mencionó el político veracruzano Del Río Virgen, el 17 de septiembre de 2007, mediante el oficio SPA/07/07, la Subdirectora de Planeación Administrativa manifestó que no se había dado de baja ningún vehículo porque el asunto estaba en proceso y le correspondía a la Secretaría de Gobernación aclararlo.

Asimismo, abundó el diputado de Convergencia, el informe de la ASF revela que el CISEN realizó de forma indebida, pagos por 3 millones 552 mil 400 pesos, con cargo en la partida 3506 "Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales", por los servicios de soporte logístico, rampa, despacho y control de vuelo, el suministro de pilotos, y de apoyo extraordinario (combustible) y de comisariato (alimentación).

SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SEGOB.- Estos pagos, mencionó, por su naturaleza debieron registrarse con cargo en las partidas 2601 "Combustibles, Lubricantes, y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a la Ejecución de Programas de Seguridad Pública y Nacional" y 3414: "Subcontratación de Servicios con Terceros".

Además, sostuvo el legislador de Convergencia, la ASF revisó 59 órdenes de vuelo de la aeronave Lear Jet 45, matrícula XC-VMC, en el periodo de enero a diciembre de 2006, y determinó que aun cuando los itinerarios coinciden con la información registrada en las bitácoras y no se excedió el número máximo de pasajeros permitidos, se realizaron 9 vuelos para trasladar a personal de otras instituciones gubernamentales sin contar con la autorización expresa del titular de la Secretaría de Gobernación.

Ello, dijo Del Río Virgen, contraviene el numeral 3 de los Lineamientos Generales del Procedimiento de Orden de Vuelo PG-US-SRMSGDT- 04, emitidos por el titular de la Unidad de Servicios, el 26 de junio de 2006, el cual establece que "para el apoyo de transportación aérea a servidores públicos ajenos al CISEN, se deberá contar con la instrucción expresa del titular de la Segob".

Del Río Virgen destacó que el órgano de fiscalización superior reportó que el CISEN incumplió también con los indicadores establecidos para evaluar su desempeño, conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Presupuesto de Egresos de 2006.

Dichos indicadores, explicó, ordenan al CISEN contribuir a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado, dar sustento a la gobernabilidad democrática y fortalecer el Estado de derecho; sin embargo, no cumplió los cometidos.

SIN DISEÑAR LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN ESTRATÉGICO.-“Algo que sin duda es grave”, mencionó el legislador de Convergencia, “es que el CISEN no elaboró tampoco los lineamientos generales del plan estratégico de Seguridad Nacional, con lo que violó la ley en esta materia”.

Destacó que de acuerdo con el artículo 19, fracción IV, de la Ley de Seguridad Nacional, el CISEN tiene la obligación de diseñar los lineamientos generales del Plan Estratégico que, conforme a lo indicado por el propio organismo en el oficio número CAJ/746/07 del 11 de junio de 2007, es uno de los documentos rectores de las actividades del Consejo de Seguridad Nacional, “pero no lo hizo y eso es grave”.

El presidente de la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados resaltó que el CISEN careció de manuales de organización autorizados y aunque realizó tareas de inteligencia, no contó con mecanismos de retroalimentación para evaluar el impacto de sus acciones en los términos de la Ley de Seguridad Nacional, además de que el Manual de Procedimientos para elaborar la Agenda Anual de Riesgos no fue autorizado en los términos que establece el Acuerdo expedido por la Secretaría de la Función Pública.

También se constató que en las cifras reportadas en la Cuenta Pública por parte del CISEN no correspondieron con las consignadas en los registros, lo que fue contrario a lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Concluyó el diputado José Manuel del Río Virgen que el 9.7 por ciento de los servidores públicos del centro no efectuaron la evaluación del desempeño laboral, ni se verificó el grado de actitud y aptitud que establece el Estatuto de Profesionalización del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, así como tampoco se especificaron los objetivos, funciones, perfil y características generales de cada puesto.

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*Oculta Hacienda los Excedentes Petroleros: Velasco Oliva

Por:Ignacio Arellano Mora

(AGENCIA NOTISIFA)
El vicecoordinador de Energía y Desarrollo del Grupo Parlamentario de Convergencia, Cuauhtémoc Velasco Oliva, denunció que ha trascendido que la secretaría de Hacienda oculta los excedentes petroleros porque prepara un “cochinito” a fin de estimular con 2.5 millones de dólares a cada uno de los legisladores para que con su voto apoyen las iniciativas del gobierno federal en materia energética.

Esta cantidad, subrayó el legislador federal, sería mucho mayor conforme ascienda la jerarquía parlamentaria. Si consideramos que este incentivo se extiende a todos los legisladores, estaríamos hablando de un fondo superior a mil millones de dólares.

Puntualizó que tan sólo del primer trimestre de 2008, la SHCP ya tiene en su poder más de 31 mil millones de pesos producto de la venta de petróleo, recursos con los cuales se prepara para “convencer” a los legisladores que se resisten a la aprobación de la reforma de Calderón.

Recordó que a raíz del anuncio de que en los primeros tres meses del año no se registraron excedentes petroleros, la secretaría de Hacienda emprendió una campaña mediática para presionar al Congreso de la Unión y en lo personal a aquellos legisladores que se manifestaron en contra de la propuesta oficial.

Incluso, dijo, surgieron versiones y de ello quedó constancia en algunos medios de comunicación, en el sentido de que varios ponentes invitados a los debates en el Senado no sólo recibieron llamadas telefónicas de funcionarios de las secretarías de Hacienda y de Energía y de Petróleos Mexicanos, sino que éstos los visitaron personalmente para solicitarles que defendieran la reforma calderonista.

Para el vicecoordinador de Energía y Desarrollo de Convergencia la estrategia de la secretaría de Hacienda obedece a la preocupación que existe en el gobierno federal por los resultados adversos que ha obtenido a la fecha en los foros de debate en materia energética, lo cual pone en riesgo el futuro de su propuesta, a todas luces privatizadora e inconstitucional.