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COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN MÉXICO 2009

(DIFUNET).- El pasado 17 de agosto, diversas personalidades del mundo intelectual, empresarial, académico, de los derechos humanos y político se dieron cita para atestiguar unos y signar otros, el Compromiso con la Libertad de Expresión. México 2009, compuesto por 19 principios, bajo los cuales ha de mantenerse la garantía, respeto y transparencia en el ejercicio de la libertad de expresión.

Entre los signatarios del documento estuvieron, además del presidente de la Fundalex, Armando Prida Huerta, el Ing. Carlos Slim Helú, presidente del Grupo Carso; el Dr. Carlos Mesa Gisbert, historiador, periodista y ex presidente de Bolivia; el Dr. Jorge Carpizo Mac Gregor, ex Rector de la UNAM y ex ombudsman, entre otros cargos, así como la escritora y periodista, Elena Poniatowska Amor.

También compartieron el presídium la Mtra. Eréndira Cruzvillegas, el Dip. Gerardo Priego Tapia, la Lic. Clara Luz Álvarez, el Dr. Benjamín Fernández Bogado, el Lic. Julio Rodríguez Villafañe, el Lic. René Avilés Fabila , el Senador Rafael Moreno Valle, el Lic. José Zepeda, el Sr. Julio E. Muñoz, el Mtro. Mauricio Farah Gebara, el Lic. Rolando Araya, la Dra. Perla Gómez Gallardo, el Lic. Luís Raúl González Pérez, la Ing. Xóchitl Gálvez, el Lic. Patrick Butler y el Lic. Miguel Badillo Cruz.

El documento completo del Compromiso con la Libertad de Expresión es el siguiente:

*COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN MÉXICO 2009

PREÁMBULO

> REAFIRMANDO: la trascendencia de la libertad de expresión como derecho humano fundamental, que rebasa incluso el ámbito personal para constituir sociedades más libres, plurales, democráticas y respetuosas,

> RECONOCIENDO que la libertad de expresión es esencial para la participación pública y el funcionamiento de la democracia,

> CONVENCIDOS de que no es posible el goce efectivo de la libertad de expresión cuando hay miedo, oscuridad y silencio, y de que este derecho fundamental de las personas permite el desarrollo de sus capacidades e inteligencia de manera que haga posible en lo individual el pleno desarrollo de la personalidad y en lo colectivo alcanzar una paz permanente,

> COMPROMETIENDO a los distintos actores sociales para hacer de ella el fundamento del respeto y la tolerancia,

> REITERANDO que los ciudadanos son corresponsables del ejercicio de esta libertad y que ellos deben exigir a los gobiernos que cumplan su obligación de protegerla como ingrediente sustancial de las demás libertades,

> PROMOVIENDO la difusión y el acceso a las fuentes de información pública que incentiven un nivel de participación más documentado, responsable y profundo, que mejore la calidad de nuestras democracias y de la gestión de los gobiernos,

> CONCIENTES de que toda forma que reprima la libre expresión se convierte en un poderoso estímulo para dilucidar por la fuerza o la violencia los conflictos sociales,

> RECORDANDO que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 13 y 14 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y los convenios que sobre la materia hayan sido refrendados, establecen con claridad la importancia de la libertad de expresión en el desarrollo de las naciones y su garantía; nada de lo establecido en este Compromiso puede interpretarse como límite o menoscabo del alcance que dichas declaraciones y convenciones otorgan a la libertad de expresión,

> CONSIDERANDO la trascendencia de la labor de los medios de comunicación y de los periodistas para promover el libre flujo de información e ideas que permitan a las personas tomar decisiones, argumentar con propiedad y fortalecer sus democracias,

> PUGNANDO porque el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, el acceso a Internet, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la convergencia sirvan para un ejercicio pleno de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y el derecho a la información,

> PIDIENDO que las obligaciones de los organismos internacionales y de los Estados en materia de libertad de expresión y derecho a la información incluyen a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como a los órganos constitucionales autónomos de los diferentes niveles de gobierno a partir de la división política de cada país,

> ACEPTANDO la necesidad de asegurar la libertad de expresión en América Latina, los abajo firmantes y todos quienes han colaborado para la redacción de este COMPROMISO CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MÉXICO 2009, manifestamos nuestro entendimiento y deber con los siguientes.

PRINCIPIOS:

I. LA GARANTÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

1. La libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, así como por cualquier medio incluyendo las nuevas tecnologías. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental y un componente indispensable de la convivencia pacífica y democrática.

2. Todos los habitantes tienen la misma oportunidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión, así como la de buscar, obtener y recibir información sin restricciones.

3. Las sociedades y sus Estados están obligados a adoptar las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer su libertad de expresión y su derecho a la información en igualdad de condiciones con los demás. Para ello se deberá facilitar la información en formato accesible y sin costo adicional, considerando las necesidades de los diferentes grupos y tipos de capacidad diferenciada.

4. Es deber de la sociedad y de sus Estados promover iniciativas legislativas, ejecutivas y judiciales que eliminen todas aquellas medidas o prácticas que favorezcan un uso discrecional y/o arbitrario de la publicidad oficial.

5. Se reconoce y alienta un rol activo de la sociedad civil en la promoción, defensa, reclamo y ampliación de la libertad de expresión como un valor que permite cohesionar a los habitantes en torno a valores democráticos sólidos y demandables. Para tal efecto, la sociedad en su conjunto promoverá dicha libertad en su más amplio sentido y valor, y vigilará el cumplimiento de los gobiernos con tal garantía.

II. SALVAGUARDAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

1. Nadie deberá ser sujeto a limitación o interferencia con respecto a su libertad de expresión.

2. No podrá aplicarse a la libertad de expresión ninguna restricción fuera de la ley y, si dentro de ésta existiera alguna, deberá estar basada en un supuesto legítimo, con la justificación de una sociedad democrática y que sea una medida necesaria e imprescindible para la subsistencia del Estado o de sus habitantes. Los procedimientos deberán ser transparentes, objetivos y con mecanismos amplios de participación y debate.

III. PLURALISMO Y DIVERSIDAD

La libertad de expresión requiere la obligación de las autoridades y el compromiso de la sociedad en:

1. Promover la pluralidad de ideas y opiniones para incrementar la comprensión y la pluralidad de voces en el debate público.

2. Facilitar el acceso a los medios de comunicación, incluyendo aquellos de nuevas tecnologías, fomentando especialmente la participación de grupos minoritarios, vulnerables o marginados, como población indígena, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y niños, así como a grupos lingüísticos o culturales minoritarios.

IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. Las instituciones públicas son depositarias de información y deben permitir el conocimiento público, a través de normativas legales que permitan y faciliten el acceso de la ciudadanía a ese tipo de información clave para el ejercicio de una libertad de expresión responsable.

2. El derecho a la información debe estar garantizado por ley de acuerdo con los siguientes principios:

Cualquier persona tiene derecho a acceder a la información de los organismos públicos, sin necesidad de acreditar interés alguno.

Todas las personas tienen derecho a la información proveniente de las empresas u organismos descentralizados, institutos o partidos políticos, instituciones educativas, e inclusive de las empresas privadas o sindicatos, cuando operen con recursos o bienes públicos suministrados por el Estado.

Cualquiera tiene derecho a acceder a la información de las empresas privadas que sea necesaria para ejercer la protección de un derecho humano fundamental, mediando orden judicial de autoridad competente.

Ante la negativa injustificada, información deficiente o insuficiente, manipulada o falsa, deberá existir el derecho a recurrir a un organismo independiente y/o tribunal administrativo.

Los organismos públicos deberán, de oficio, publicar periódica y sistemáticamente información importante o relevante para la sociedad en general y temáticamente para públicos específicos.

3. Todos los habitantes tienen derecho al acceso y actualización de la información, así como a corregir su información personal, en caso de falsedad —o tratándose de datos sensibles—, a su supresión cuando no sea importante para la materia, ya sea guardada ésta por organismos públicos o privados, y los gobiernos dictarán las medidas necesarias para este fin.

V. EDUCACIÓN. LAS SOCIEDADES Y SUS ESTADOS:

1. Deberán obligar a las instituciones escolares a que la libertad de expresión se ejercite en todos los niveles de la vida académica para la formación de ciudadanos; a que sea ésta la forma de participar en la adquisición de conocimiento y de formación para la convivencia social.

2. Deberán asegurar que su población reciba instrucción educativa, desde los ciclos escolares iniciales y en todos los niveles posteriores, que le permita una comprensión de lectura y escritura suficiente para lograr una cultura del ejercicio pleno de la libertad de expresión.

3. Deberán también alentar la actualización de los programas universitarios dedicados a la comunicación en las materias de Libertad de Expresión, Transparencia, Derecho a la Información, Nuevas Tecnologías y Derechos Ciudadanos, para mejorar la profesionalización.

4. Y estimular el desarrollo de estudios, investigaciones y publicaciones sobre libertad de expresión, dirigidas tanto a los sectores de la comunicación, académico y estudiantil como a la sociedad en general.

VI. MEDIOS PRIVADOS

1. La sociedad y sus Estados deberán promover la más amplia participación posible en el debate nacional y en la transmisión de mensajes a través de los medios de comunicación.

2. La utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico deberá ser plenamente democrática y transparente, sin que el Estado las restrinja o limite en provecho de monopolios u oligopolios, públicos y/o privados.

3. El sistema regulador de trasmisiones deberá fomentar los medios privados, ciudadanos y comunitarios de acuerdo a los siguientes principios:

Una institución reguladora independiente y autónoma será responsable del otorgamiento de licencias o concesiones para la transmisión de señales radioeléctricas, así como para la supervisión de la no restricción en la adjudicación de las mismas.

El proceso para obtener una licencia deberá ser justo, transparente, objetivo e imparcial, debiendo promover, en todo momento, la diversidad y pluralidad de las transmisoras.

Las trasmisiones de la comunidad serán fomentadas para ampliar el acceso en comunidades pobres o rurales, por medio de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

VII. MEDIOS PÚBLICOS

Las estaciones trasmisoras administradas con recursos públicos deberán transformarse en emisoras de servicio público, auditables y sujetas a rendición de cuentas, de acuerdo con los siguientes principios:

1. Las trasmisoras públicas deben estar protegidas por una legislación que les garantice estar libres de interferencia ya sea particular, política o económica, con la finalidad de lograr sus objetivos.

2. La independencia editorial de las trasmisoras de servicio público debe estar garantizada.

3. Los habitantes de todo el territorio de un país tienen derecho al acceso y participación en las transmisiones y contenidos de medios de servicio público.

4. El ámbito de las trasmisoras públicas debe estar claramente definido e incluir la obligación de que el público reciba información completa, imparcial y políticamente plural, sobre todo en tiempos de elecciones.

VIII. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. Ningún sistema de registro para los medios de comunicación debe imponer restricciones sobre el derecho a la libertad de expresión.

2. Los medios deben:

Fomentar la autorregulación, la promoción de códigos de ética y defensores de las audiencias de los medios de comunicación.

Realizar esfuerzos para aumentar los tirajes de circulación de medios impresos, particularmente en comunidades desatendidas culturalmente.Incentivar el respeto a la cláusula de conciencia, al derecho de réplica y al secreto profesional.

3. La falta de transparencia en los medios de comunicación provoca desconfianza en la sociedad y reduce la calidad del debate, por lo que los medios de comunicación deben comprometerse a:

Certificar sus respectivos niveles de audiencia y, en su caso, el número de ejemplares que imprimen, distribuyen, venden u obsequian con absoluta veracidad y ética.

Informar los montos de publicidad y anuncios que facturan al Estado, lo cual contribuirá a evitar privilegios injustificados o falta de equidad en la distribución de la publicidad gubernamental.
Ser transparentes en su gestión interna, cuando ésta incida en la formación de opinión pública, el derecho a la información y la libertad de expresión.

4. La empresa informativa y sus comunicadores deben ser alentados para alcanzar acuerdos que garanticen las ediciones independientes.

5. Ningún anunciante en medios de comunicación podrá retirar publicidad por motivos informativos ni buscar que se oculte información con presiones económicas.

6. Los medios de comunicaciones y las entidades privadas que provean información, incluso por Internet deberán asegurarse de utilizar formatos y servicios accesibles para todas las personas, en especial para aquellas con discapacidad.

IX. NUEVAS TECNOLOGÍAS

El acceso a las nuevas tecnologías, especialmente el Internet, como instrumento para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la información, debe comprender:

1. Acceso a equipos y redes, para el uso de las nuevas tecnologías.

2. La educación en el uso de las nuevas tecnologías.

3. La promoción del desarrollo de habilidades informativas para la mayor cantidad posible de usuarios.

4. La promoción de la creación de contenidos pertinentes a la población en general.

X. ÓRGANOS REGULADORES PARA LAS TRANSMISIONES Y PARA LAS TELECOMUNICACIONES.

Cualquier autoridad que ejerza atribuciones sobre el área de las trasmisiones y las telecomunicaciones debe:

1.Ser independiente, autónoma y estar protegida adecuadamente contra interferencias de cualquier naturaleza: particular, política o económica.

2. Ser formalmente responsable ante la sociedad, dotándola de mecanismos idóneos para ello.

3. Ser transparente y abierta al público en las juntas de procesos deliberativos, buscando involucrar la participación ciudadana.

4. Garantizar que la junta de gobierno o el órgano colegiado de decisión de la autoridad esté integrada por personas libres de conflictos de intereses respecto a los agentes regulados y a los partidos políticos, así como desvinculados del gobierno, con la finalidad de garantizar la imparcialidad en las decisiones.

XI. QUEJAS

1. Es necesario un sistema para atender quejas sobre la gestión de los medios de comunicación, públicos y privados; éste deberá estar disponible y ser ampliamente accesible, y deberá ser acompañado por la garantía del derecho a la réplica. Para ello, deberán existir reglas preestablecidas y códigos de conducta que indiquen el procedimiento sencillo a seguir para presentar una queja, los plazos del proceso, las recomendaciones y remedios.

2. Cualquier órgano establecido para atender las quejas sobre contenidos difundidos por los medios deberá estar protegido de interferencias políticas, económicas o de cualquier otro carácter. Los poderes de dicho órgano serán de naturaleza administrativa y conciliadora y no deberán usurpar el poder de los tribunales.

XII. PROMOCIÓN DEL PROFESIONALISMO

1. La misión de informar necesariamente importa una responsabilidad profesional. El comunicador deberá asumir la responsabilidad de su labor profesional y considerar que la calumnia, la difamación, la injuria, la alteración de pruebas, la deformación de los hechos, las acusaciones sin fundamento y la mentira son faltas profesionales graves, con consecuencias jurídicas.

2. Los profesionales de los medios serán libres para organizarse en asociaciones o uniones, nacionales e internacionales.

3. Las empresas periodísticas deben comprometerse a proveer capacitación continua al personal.

4. Sociedad y gobierno deberán promover, desde el ámbito profesional y la academia, la reflexión sobre ética periodística y responsabilidad social de los medios y su trascendencia, con el fin de fomentar la creación de mecanismos autorregulatorios que permitan elevar la calidad informativa que redunde en una mayor y mejor libertad de expresión.

XIII. MEDIDAS CONTRA LOS QUE EMITEN SU OPINIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS

1. Es condenable con severidad cualquier ataque a la libertad de expresión de quienes la ejercen en los medios, y a los medios mismos, como: las amenazas, las lesiones, el secuestro o el asesinato, así como la destrucción material de instalaciones, el diezmar al periodismo independiente, a la libertad de expresión y al libre flujo de información para el público.

2. La sociedad y sus Estados se encuentran bajo la obligación de adoptar medidas efectivas, para evitar cualquier tipo de ataques y, si ocurriesen, investigarlos, castigar a los perpetradores y asegurarse de que las víctimas tengan acceso a remedios efectivos y reparación del daño.

3.Los Estados y la sociedad civil constituirán redes de apoyo, promoción, difusión y acompañamiento jurídico para atender actos contra la libertad de expresión; redes en las que confluyan periodistas, universidades, medios de comunicación, despachos de abogados, organizaciones no gubernamentales, entidades gremiales y la sociedad toda.

XIV. DERECHO A LA VIDA PRIVADA, AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN

1. Nadie tiene derecho a difamar o atentar en contra de la vida privada, el honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen de las personas.

2. Las personas públicas deberán comprender que por el simple ejercicio del encargo que ocupen y ostenten, están más expuestas a críticas y controversias sustentadas.

3. Los Estados deben asegurarse de que sus leyes en contra de la difamación o ataques a la vida privada, el honor, la intimidad o el derecho a la propia imagen nunca impongan sanciones tan severas como para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. Se considera una sanción severa el encarcelamiento, así como las sanciones pecuniarias excesivas.

XV. SITUACIONES DE EMERGENCIA

En situaciones de emergencia o desastres naturales, se debe respetar el derecho a la información de las personas y el ejercicio de la libertad de expresión con responsabilidad conforme a elevados estándares éticos, sin propiciar alarmas innecesarias ni situaciones de pánico.

XVI. OTRAS MEDIDAS

1. Las sociedades y sus Estados deben revisar y adecuar su marco jurídico de tal manera que no existan disposiciones que limiten o socaven el interés público en el ámbito de la libertad de expresión.

2. Los conceptos de “seguridad nacional, interés público reservado al Estado y el orden público” no deberán ser factores que inhiban la libertad de expresión y el derecho a la información, a menos que exista un interés legítimo para una restricción temporal.

XVII. MEDIDAS ECONÓMICAS

1. Las sociedades y sus Estados deben promover un ambiente económico general y una política fiscal en las que se permita fomentar los medios de comunicación.

2. La sociedad debe exigir a los Estados promover legislaciones que transparenten y regulen la equidad publicitaria; se debe evitar que los funcionarios utilicen la distribución de anuncios públicos para interferir en los contenidos de los medios.

3.Las sociedades deben exigir a sus Estados adoptar medidas efectivas para evitar la concentración monopólica u oligopólica de los medios de comunicación en un solo dueño o en pocos grupos; sin limitar el desarrollo del sector de las comunicaciones y sus tecnologías.

XVIII. PROTECCIÓN DE LAS FUENTES Y DE LOS MATERIALES PERIODÍSTICOS

1. La sociedad debe exigir a los gobiernos legislar para que haya normas que aseguren el secreto de las fuentes de información de quienes ejercen la libertad de información profesionalmente.

2. La regulación del secreto profesional debe incluir tanto las fuentes como aquellos materiales e instrumentos de trabajo a través de cuyo conocimiento se pudiera llegar a saber el origen de la información que sea de interés público.

3. La normatividad del secreto profesional debe ser absoluta cuando se trate de órganos administrativos, admitiendo excepciones por mandato judicial debidamente fundado y motivado; sólo cuando razonablemente no haya forma de conocer la fuente informativa y ello implique un riesgo real e inminente que ponga en peligro la seguridad democrática.

XIX.IMPLEMENTACIÓN

Los firmantes del presente Compromiso con la Libertad de Expresión realizaremos todos los esfuerzos, acciones y actividades de promoción, información, denuncia, de academia, de investigación, difusión y legislativas, tendientes a cumplir con los principios aquí establecidos.

POLÍTICA AL MARGEN

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*DEFINEN AGENDA LEGISLATIVA PARTIDOS: NO A NUEVOS IMPUESTOS
*PIDEN QUITAR LA MITAD DEL PRESUPUESTO A PARTIDOS E IFE

Por Jaime Arizmendi

(AGENCIA NOTISIFA) Ojos que te vieron ir, ¿cuándo te verán volver?… Todavía falta una semana para que la LXI Legislatura inicie sus actividades, y los próximos diputados ya le entran al tema de la crisis económica. Mientras PRI, PRD y PT anticipan su tajante rechazo a la posibilidad de dar paso a nuevos o más altos impuestos; el PAN incluso admite que la alarmante situación que enfrenta el país “no se resolverá sólo por la vía tributaria”, y coincide con los demás grupos parlamentarios en recortar gastos innecesarios.

A esas voces de las fracciones legislativas, se sumó este domingo la jerarquía católica al considerar que aun cuando no es lo mejor, los recortes al presupuesto 2010 de la cuenta corriente de los gobiernos federal, estatales y municipales “son necesariamente el camino inmediato para revertir la crisis”.

No obstante, en su órgano semanal “Desde la Fe”, la Arquidiócesis Primada de México fustiga lo que llama “la resistencia del Congreso para asumir su responsabilidad”, y opina que desde su perspectiva ello se debe a “demasiados cálculos políticos de todas las fracciones partidistas, para no adoptar las medidas necesarias, aunque sean impopulares”.

Se pronuncia porque se considere la disminución de sueldos de funcionarios y burócratas, al igual que los costos de operación y funcionamiento de oficinas y servicios gubernamentales; así como el recorte al presupuesto de programas que no sean prioritarios, en el conjunto de las dependencias gubernamentales y demás estructuras descentralizadas”.

En esa lista de instancias que deben sufrir un recorte presupuestal mete al IFE, organismo que pide aumenten 17 por ciento a sus recursos. “Lo primero que tiene que hacer esa estructura ciudadanizada es revisar el funcionamiento de los institutos estatales electorales que se han convertido en un reducto de los partidos”.

Y hasta se lanza en contra de los recursos “incontrolados” que manejan las dirigencias sindicales “recursos que se han convertido en focos de corrupción y de enriquecimiento inexplicable de prácticamente todos los líderes”. Para luego advertir que sería grave reducir el presupuesto de programas sociales “destinados a los adultos mayores y a quienes viven en pobreza extrema”.

Por el PRI hace lo suyo el diputado electo David Penchyna Grub, quien afirma que el reto para la LXI Legislatura será integrar un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, “austero” que implique un “apretón al cinturón”, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo y Judicial, pero que las partidas se etiqueten a obras de inversión.

Refrenda el rechazo priista a nuevos impuestos o al incremento de éstos. Cualquier nuevo impuesto o incrementar los vigentes, es profundizar en un ciclo económico adverso. “Nadie sube impuestos cuando la economía decrece”. Y considera que se debe invertir la mayor parte posible de recursos a bienes de capital, para romper la inercia recesiva de la economía y hacerla crecer.

De su lado, la designada coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, plantea que antes de una discusión de carácter tributario, “estaremos cuidando, salvaguardando y promoviendo muchas otras decisiones de la agenda económica que creemos no solamente prioritarias, sino inaplazables”.

Al dar a conocer la próxima agenda legislativa para la Legislatura que iniciará el 1 de septiembre, adelanta que Acción Nacional impulsará reformas “urgentes” para que haya una profunda “austeridad en el sector público”, porque es “fundamental recortar gastos innecesarios e incluso entrar a la discusión y aprobación de una iniciativa para reformar la estructura burocrática del gobierno federal”.

El diputado electo panista Mario Becerra dice que el blanquiazul pedirá a las autoridades hacendarias mayor eficiencia recaudatoria, mediante profundizar el combate a la “evasión y elusión fiscales, en la revisión de exenciones, la eficiencia y simplificación tributaria, la ampliación de la masa de contribuyentes y la revisión de subsidios y tarifas”.

Lo más importante es reducir la dependencia de los ingresos petroleros, “simplificar el sistema tributario y reordenar y transparentar el gasto público”, por ello, anuncia que en San Lázaro “revisaremos a fondo regímenes especiales y buscamos eliminar prebendas y privilegios”.

Afirma pugnarán por reducir el financiamiento a los partidos políticos y el costo de las elecciones, para fortalecer las finanzas públicas y lograr un crecimiento anual significativo; además de que propondrán bajar el sueldo de sus diputados, en aras de un ahorro.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) clama también recortar a la mitad el presupuesto destinado a partidos, y reasignar esos recursos a programas prioritarios de educación, salud y combate a la pobreza, y a la creación de fuentes de empleo y el campo. Como el crear un fondo social.

Nadie puede negar que ni el IFE ni los partidos políticos a nivel nacional, necesitan mayores recursos para su operación en el 2010, cuando el próximo año no habrá elecciones federales.

Sí, es cierto, aparte de los recortes al gasto corriente, urge aplicar auditorías para impedir que programas oficiales cobijados bajo el rubro educativo o social, sigan siendo utilizados por directivos o responsables como si fueran los de su propia empresa: sin licitaciones reales, ni con un destino real. Se podría empezar con la revisión en el Inifed de “Mejores Escuelas”, la elaboración de libros de texto en la Conaliteg, y muchos más… Comentarios:

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*QUE SE INVESTIGUE A FONDO CASO ACTEAL: CHUAYFFET CHEMOR

(AGENCIA NOTISIFA)El diputado electo del PRI y ex-secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, se manifestó a favor de una nueva investigación de la matanza de 45indígenas en Acteal, ya que con los resultados actuales nadie puede estar satisfecho.

“El caso Acteal debe investigarse hasta el fondo, nadie puede quedarse satisfecho con lo que tenemos hasta hoy”, declaró el legislador en conferencia de prensa tras cumplir con el requisito de credencialización.

Afirmó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha desatado fuerte polémica en el tema.

“Lamentablemente me han dicho cínico por decirlo (qué se investigue a fondo) y considero que es una palabra fuerte e inapropiada”, expresó.

Acteal, abundó el legislador, debe ser materia de una investigación en la que todos produzcamos nuestras declaraciones sobre los hechos, a fin de que las autoridades lleguen a una conclusión que tenga credibilidad y certidumbre para los mexicanos y sobretodo para los chiapanecos y habitantes del municipio de Chenalhó.

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*RESPALDO UNÁNIME DE DIPUTADOS DEL EDOMEX A CANDIDATURA DE FRANCISCO ROJAS

(AGENCIA NOTISIFA) Diputados federales electos del Estado de México del grupo parlamentario del PRI brindan su respaldo unánime a Francisco Rojas para ocupar el cargo de coordinador de la bancada en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Así lo informó el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Chuayffet Chemor, quien dijo que “Francisco Rojas es un compañero muy distinguido del Estado de México y ha recibido unánime respaldo para ocupar la coordinación”.

En entrevista después de haberse registrado como diputado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Chuayffet Chemor manifestó su confianza para que mañana durante la reunión plenaria de la fracción, se confirme la designación de Francisco Rojas como coordinador de la bancada.

De ser unánime los votos para Francisco Rojas, éste será el próximo coordinador parlamentario de los priistas en la Cámara de Diputados, a partir del 1 de septiembre, toda vez que los legisladores de distintos estados han notificado su voto por él este martes.

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*RECHAZARÁ PRI NUEVOS IMPUESTOS: JIMÉNEZ MERINO

Ignacio Arellano Mora

(AGENCIA NOTISIFA) Una reforma presupuestaria, que “redireccione” los recursos a programas sociales, que transiten de lo asistencial a lo autoproductivo, sin generar nuevos impuestos, será la solución a la escases de recursos que se advierte enfrentará el país en 2010, aseguró Alberto Jiménez Merino, diputado electo del PRI.

Luego de su registro ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, el ex titular del agro poblano advirtió que el Poder Legislativo deberá revisar a fondo el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2010, que presentará el Ejecutivo a más tardar el próximo 8 de septiembre, para generar una contrapropuesta, en la que se resarza en parte la golpeada economía de las familias.

Subrayó que el PEF 2010 deberá diseñarse con base en una Ley de Ingresos en la que no se generen nuevos gravámenes ni se intente imponer IVA en productos básicos.
“Por un lado habrá una propuesta del Ejecutivo, se revisará y se analizará en el Legislativo. Creo yo que se podrá opinar, se podrá rediccionar, se podrá tener una contrapropuesta.

“En cuanto a los nuevos impuestos, no hemos platicado todavía, pero nuestra presidenta, Beatriz Paredes Rangel, confirmó que no al IVA y no a nuevos impuestos”.
El también ex rector de la Universidad Autónoma Chapingo reiteró que ante una eventual baja en la recaudación, la solución será la eficiencia del gasto, a través del diseño de una reforma presupuestal.

“Nosotros pensamos más en una reforma presupuestaria, un redireccionamiento de programas, es muy urgente pasar de lo asistencial a lo autoproductivo; esas son las líneas que hasta ahora hemos considerado”.

INTENSA SEQUÍA.- Alberto Jiménez Merino señaló que la sequía que vive actualmente el país complicará la asignación de recursos, lo que obliga a atender lo urgente, pero también encontrar soluciones de fondo a la escases de agua y revisar los programas agropecuarios.

“Lo vemos complicado porque hay una sequía como la que no se había visto en los últimos 40 años, y eso obligarás a identificar recursos, para poder resarcir en parte la economía de las familias, pero también nos sigue obligando a encontrar las soluciones de fondo: aprovechar mejor la lluvia, aprovechar mejor el agua, y creo que será parte de la tarea que inmediatamente tendremos que atender”.

El diputado electo por el Distrito 14 de Puebla, con cabecera en Izúcar de Matamoros, dijo que por la actual sequía existe la posibilidad de incremento en el precio de los alimentos, lo que deberá atender con prontitud el Poder Legislativo que inicia periodo el 1 de septiembre.

¿Esto implicaría que en lo que resta del año y en el primer semestre del siguiente tuviéramos mayores incrementos de precios, tanto en alimentos y en ganadería?

Indudablemente que cuando hay una sequía se reducen los rendimientos, se pierden las cosechas y esto hace reaccionar los precios hacia arriba; hay desabasto, no sabemos de qué magnitud, pero es un año crítico, es un año importante, en donde creo yo que conjuntamente las diferentes áreas de responsabilidad, pero en este caso desde el Legislativo, podremos aplicar lo mejor de cada quien para poder encontrar esas respuestas.

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*AÚN EXISTEN DEFICIENCIAS DE SALUD EN EL DF: ESPINO ARÉVALO

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA) La evolución acelerada de las sociedades actualmente se ha reflejado en cambios importantes de los problemas de salud; hoy las enfermedades infecciosas atacan a la población más vulnerable.

Las precarias condiciones de vida de muchos de los capitalinos se expresan, entre otras cosas, en elevados índices de enfermedad y muerte prematura por estas causas.

Dijo lo anterior el diputado local Fernando Espino Arévalo, en el marco de las reformas a la nueva Ley de Salud para el Distrito Federal y que fue aprobada por unanimidad por el pleno de la Asamblea Legislativa, en su último periodo extraordinario de sesiones con lo cual dio por culminada la IV Asamblea Legislativa de Distrito Federal (ALDF).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), apuntó el legislador, se han descubierto 40 enfermedades nuevas en el mundo, así como las reemergentes (enfermedades aparentemente controladas o eliminadas).

“Los científicos dicen que si los microorganismos llegaron primero que el hombre, permanecerán aun cuando éste se haya ido, ya que los microorganismos tienen una extraordinaria capacidad de adaptación para detectar los cambios ecológicos del planeta, pues con esto garantizan su subsistencia”, argumentó.

En este sentido, comentó que la población que vive en la capital del país, presenta condiciones de salud muy complejas, pues coexisten enfermedades infecciosas y carenciales, con patologías crónicas y problemas derivados de la violencia, la inseguridad y los accidentes; estas condiciones de marginación resultan aun más notorias en las delegaciones de Tláhuac, Milpa Alta, Iztapalapa y Xochimilco, así como en las zonas de más reciente urbanización que todavía sufren carencias en su infraestructura urbana.

A esta desigualdad, añadió, y ante la enfermedad y la muerte, tenemos que sumarle el deterioro de los servicios públicos de salud e incluso su inexistencia, con lo que el derecho constitucional de acceso a la protección de la salud queda aniquilado y como un mito; porque no cabe duda que la reciente contingencia sanitaria por el virus de la influenza AH1N1, dejó al descubierto las deficiencias y precariedades del sistema de salud, tanto nacional como local.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEBEN DE SER INCLUYENTES.- El también presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, destacó que “es por ello que las políticas públicas de salud deben ser incluyentes y las acciones médico-sanitarias intensivas y de carácter eminentemente preventivas, sobre todo en las zonas de mayor rezago y precariedad, lo que resulta una responsabilidad primigenia para este órgano legislativo, es decir, hoy tenemos que sentar las bases que permitan estructurar una política social integral para el Distrito Federal.

En tal virtud, afirmó, la modificación del marco jurídico en materia de salud resulta una demanda ciudadana inaplazable, pues la ley vigente no responde a las circunstancias que prevalecen hoy en día en la capital del país.

En el dictamen aprobado, dijo el diputado Espino Arévalo, “es el producto del esfuerzo de un grupo muy amplio de prestigiados científicos, médicos, paramédicos, instituciones públicas y privadas y público en general y de los diputados de la IV Legislatura”.

Hizo hincapié que con el ordenamiento que se aprobó, se le dará un nuevo orden a la citada Ley; mejorarán las disposiciones de órganos, tejidos, células y componentes de seres humanos; atacando los problemas estructurales de las instancias administrativas responsables de la atención de la salud; finiquitando el proceso de descentralización de los servicios de salud en el Distrito Federal, pendiente desde 1997 y atender prioritariamente los problemas relativos a la salud mental,

Asimismo, se retomará la verificación sanitaria abandonada desde 1997; se definirán los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de salud; se atenderá la problemática de las enfermedades infecto contagiosas y se atacarán los problemas inherentes a la obesidad y desnutrición, entre otros aspectos.

En este marco, el también presidente de la Comisión de Vigilancia del Sindicato Nacional del Sistema de Transporte Colectivo-Metro, señaló que la Ley de Salud vigente data de 1987, contaba de 114 Artículos, pero con las reformas a este ordenamiento, ascendió sustancialmente, toda vez que se compondrá de 247 Artículos, que incorporan conceptos y disposiciones innovadoras y de avanzada a nivel nacional.

SIN TRATAMIENTO CURATIVO.- En el dictamen en referencia, se destaca que el VIH-SIDA, es una enfermedad con enormes complicaciones y de gran dificultad para su control y tratamiento, que ocasiona un enorme gasto al erario público, sin embargo, no se debe dejar de señalar que existen otras enfermedades transmisibles que representan un mayor impacto financiero y la pérdida de un mayor número de vidas de los sectores más vulnerables como son los niños y las personas de la tercera edad.

Este grupo de enfermedades es tan amplio y variado, entre las que se puede señalar a la gastroenteritis, hepatitis, influenza, neumonía, micosis, papiloma humano, sífilis, entre otras, por lo que el SIDA es una enfermedad muy grave, sin tratamiento curativo, solo paliativo, con un largo periodo de evolución y con desenlace fatal en un alto porcentaje, que requiere tratamientos muy costosos y vigilancia médica constante, circunstancia que la hace muy difícil de soportar en el seno familiar, por lo que la intervención del Estado resulta indispensable para afrontar esta calamidad de la mejor forma posible.

REPORTA VERACRUZ 10 MIL 920.-En la República Mexicana, solo 5 entidades reportan el 50 por ciento de la totalidad de los pacientes con VIH-SIDA, de las cuales el Distrito Federal registró 20 mil 881 casos; el Estado de México 12 mil 183; Veracruz 10 mil 920; Jalisco 9 mil 911 y Puebla 5 mil 676, circunstancia que nos permite dimensionar el problema para presentar un frente común para atacarlo, determinando en nuestro ámbito de competencia las medidas sanitarias y legislativas para su prevención y control.

Sin embargo, también es cierto que hay enfermedades transmisibles que atacan a la población más vulnerable de la sociedad, las que asociadas a las precarias condiciones de vida de muchos de los capitalinos se expresan, entre otras cosas, en elevados índices de afectación a la salud y muerte prematura, pues coexisten enfermedades infecciosas y carenciales, con patología crónica y problemas derivados de la violencia, la inseguridad y los accidentes.

NO EVADE EL GRAVE PROBLEMA La ALDF recalcó que no evade el grave problema que representa el VIH-SIDA, sin embargo, no se puede estereotipar o jerarquizar las enfermedades sin cometer graves errores que en nada ayudaría a resolver el problema; bajo esa perspectiva y a manera de ejemplo, en el 2007 y 2008 -según cifras del INEGI-, la influenza y la neumonía representaron la cuarta causa de muerte entre la población en general de México.

En tanto que el SIDA ocupó el décimo tercer lugar, de ahí que se puede concluir que existen otros padecimientos transmisibles de mayor impacto social pero de menor visibilidad.

Asimismo, la Nueva Ley de Salud para la Ciudad de México regulará regular diversos aspectos que en su oportunidad no fueron considerados en la Ley de Salud del Distrito Federal, y a efecto de propiciar las condiciones para que concluya el proceso de descentralización de los servicios de salud que, en el ámbito de su competencia, le corresponde garantizar al gobierno del Distrito Federal.

Con este decreto se pretenden superar las omisiones observadas en la ley vigente, a la vez que se busca vincular diversas disposiciones de la Ley General de Salud con las de la legislación local, entre las que destacan las siguientes innovaciones:

1.Los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de salud;
2.Las bodegas y establecimientos similares;
3.Los estacionamientos y establecimientos relacionados;
4.Las lavanderías, tintorerías y planchadurías;
5.La venta de alimentos en restaurantes o establecimientos similares;
6.Las farmacias, boticas y droguerías;
7.Los hospitales, clínicas, consultorios y laboratorios, donde encontramos un sinnúmero de lugares dedicados al mejoramiento de la apariencia física de las personas, que han operado de forma irregular e irresponsable, provocando graves daños a la salud de quienes los usan y llegando incluso a cobrar varias vidas, en virtud de que son atendidos por personas irresponsables, sin los conocimientos y condiciones mínimas de salubridad.

De igual manera, se aprecia la proliferación de lugares que, escudándose en las prácticas alternativas de la Medicina, realizan diversos procedimientos o tratamientos que pueden ocasionar, no sólo la perdida de la salud, sino hasta la muerte, sin que para estos casos exista una regulación específica;

8.La disposición de órganos, tejidos, células y componentes del cuerpo humano, proponiendo entre otros aspectos la creación del Centro de Trasplantes del Distrito Federal;

9.Las adicciones;
10.Los accidentes, pues conscientes de su alto índice de ocurrencia y que representan la sexta causa de muertes en el Distrito Federal, se propone la creación del Consejo para la Prevención y Atención de Accidentes, mismo que jugará un papel fundamental en la promoción de las acciones de carácter preventivo, tanto del Gobierno como de la sociedad en su conjunto,

11.El Sistema Metropolitano para la Prevención y Atención de Emergencias, para crear los mecanismos para el intercambio de servicios y el pago de los mismos en el caso de que no existiera reciprocidad.

Otro aspecto toral de la nueva Ley, es el relacionado con la definición e implementación de los planes y programas en materia de salud en el Distrito Federal y en cada una de sus demarcaciones territoriales, donde deben concurrir en forma seria, efectiva, coordinada y organizada, tanto las autoridades centrales como las delegacionales y la sociedad civil, en una tarea que es inaplazable y que está vinculada a la trasformación del perfil epidemiológico, demográfico, político y social de nuestra Ciudad.

En relación con la investigación y supervisión de los riesgos del medio ambiente para la salud de los habitantes, y por ser ésta la Metrópoli más contaminada del país, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, de las 60 mil muertes que se registran al año en el Distrito Federal, cuatro mil se deben o están íntimamente relacionadas con la contaminación del aire y del agua, es por ello que se plasmó en este nuevo cuerpo normativo, las atribuciones que le permitan al Gobierno de la Ciudad, dedicar mayores recursos y esfuerzos a la investigación y desarrollo científico y tecnológico para hacer frente a dicha problemática.

De la misa manera, se pretende garantizar el derecho de acceso efectivo a los servicios de salud de los habitantes de la capital de la República y de las entidades federativas, que concurren a los centros de salud administrados por el gobierno del Distrito Federal; de igual forma, se busca atacar los problemas de una deficiente alimentación que derivan en obesidad y desnutrición y de un medio ambiente adverso a la salud de los capitalinos.

BOLETIN INFORMATIVO

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*INICIA CAPACITACIÓN A MÉDICOS ACERCA DE INFLUENZA

Por: Aurora Cordero Pérez

(AGENCIA NOTISIFA) Con el fin de ofrecer las herramientas clínicas para la atención de los casos de influenza A (H1N1) en el consultorio de primer nivel de atención, independientemente de que sea público o privado, la Secretaría de Salud organiza el curso sobre “Diagnóstico Oportuno, Manejo Clínico y Precauciones en el Tratamiento de la Influenza A (H1N1)”.

Médicos generales, pasantes en servicio social, internos de pregrado y personal de salud de primer contacto interesado en el tema podrán capacitarse y con ello tener conocimientos amplios sobre el diagnóstico clínico en el consultorio, tratamiento y manejo adecuado del paciente, medidas de prevención y control del enfermo, entre otros.

El curso se ofrecerá en diferentes ciudades de la República Mexicana y el primero de ellos se desarrollará en el Auditorio “Nanahuatzin” del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, el próximo 26 de agosto, de 9 a 15 horas.

Esta jornada de capacitación es gratuita. Se proporcionará material didáctico actualizado para uso diario y constancia de asistencia.