BOLETIN INFORMATIVO

*PENA DE MUERTE A DELITOS DE LESA HUMANIDAD: CONASEJU

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA) La factibilidad de restaurar la pena de muerte en México para delitos de lesa humanidad, la sociedad mexicana entraría a una faceta de cambios drásticos en materia de justicia, aunque la medida se convertiría en una polémica y permanente discusión por parte de los sectores ortodoxos que están a favor de la vida, no así la condena perpetua como el Ejecutivo pretende que el Congreso le apruebe diversas reformas al código penal "ya que sería un premio para reos peligrosos".

Pero consciente de la necesidad de elevar la drasticidad de las acciones punitivas, la Confederación Nacional de Seguridad y Justicia de México (Conaseju), propuso reformas a la Constitución y a los códigos penales, con la finalidad de prevenir todo acto de impunidad y más aun que se lastime a la población infantil y juvenil, como ocurrió con el caso del jovencito Fernando Martí, de 14 años de edad, al ser secuestrado y victimado por agentes judiciales.

Si bien la medida de la pena de muerte no resolvería el problema de la inseguridad que está viviendo la sociedad mexicana, esta Confederación que encabeza el doctor en derecho Miguel Aldana Ibarra, manifestó también la conveniencia para realizar un plebiscito si el pueblo está decidido a darle un viraje de 180 grados para implementar esta medida justiciera.
Advirtió que el Gobierno federal debe reivindicarse con la sociedad ya que se ha observado cómo el crimen organizado lo ha rebasado, incluso ha implantado un régimen de terror que lamentablemente lo ha superado en todos sus aspectos.

Para hacer vigente el artículo 22 de la Carta Magna, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón debe de dejarse de contemplaciones y aplicar sus preceptos tan puntualmente como se advierte en el texto constitucional, es decir, explicó, "hoy recobra mayor vigencia para acabar con los enemigos de la patria".

Estableció la urgente necesidad de reformar el tercer párrafo del 22 Constitucional, donde se señala que "queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos", hasta ahí está bien valorar la consigna de la Carta Magna, pero hay que actuar con mayor rigor, "para imponerse la pena capital al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al saltador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar".

La más reciente reforma al 22 fue publicada el 3 de julio de 1996, el cambio del precepto se vinculó con el problema de la delincuencia organizada. El nuevo texto enfrenta este grave mal en uno de sus aspectos fundamentales: los recursos que atesoran, administran y aprovechan las organizaciones criminales.

En realidad, la mayoría de los delitos cometidos de esta forma tienen un designio económico: proveen de inmensas ganancias a los autores y colaboradores. Pudieran escapar a esta regla algunas expresiones violentas de la delincuencia organizada, como el territorio.
Últimamente se ha visto que no basta con reducir los grupos criminales, llevar a juicio a los delincuentes, imponer sanciones severas, si se descuida la afectación de los rendimientos ilícitos. Éstos se manejan por múltiples conductas para asegurar su ingreso –ya "purificados"--, en el torrente de la economía legítima.

Así, la economía subterránea, informa, provee de recursos a la economía formal. Es indispensable, pues, que los gobiernos sancionen el denominado "lavado" o "blanqueo de dinero". Han aparecido figuras penales, tanto en la legislación penal como en algunas locales, que recogen y castigan este género de actividades.

Por último, el doctor Miguel Aldana se manifestó porque el Constituyente vuelva a estudiar esta reforma, porque los actos criminales se han convertido en un ente de inseguridad que pone en jaque a toda la sociedad, y no es posible que los mexicanos vivan en un estado de zozobra y de impunidades.