BOLETIN INFORMATIVO

*SOLICITÓ RUBÉN MOREIRA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENARO GARCÍA LUNA

Aurora Cordero Pérez

(AGENCIA NOTISIFA) El diputado federal Rubén Moreira Valdez solicitó la comparecencia de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal, a fin de que responda por las violaciones a los derechos humanos, la ineficiencia en la administración de justicia y la fabricación de pruebas de que son víctimas los 119 agentes de seguridad pública municipal de Pachuca, Hidalgo, detenidos en junio del año pasado, por presuntos delitos contra la salud.

Argumentó la necesidad de que el funcionario informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares y la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), derivadas de las denuncias realizadas por los familiares de los ahora ex servidores públicos, quienes han sido objeto de reiterados abusos durante el proceso judicial, el arraigo y su estancia en el Cefereso 5 Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.

El legislador federal priista explicó que ante la recurrencia de las quejas, la CNDH demandó la implantación de medidas cautelares al subsecretario del Sistema Penitenciario Federal, las cuales no han sido acatadas, a pesar a pesar de que fueron aceptadas por la autoridad penitenciaria.

Del mismo modo, agregó Moreira Valdez, la Comisión emitió la recomendación No 25/2010, en la que se establece que en el Cefereso mencionado se vulneran los derechos humanos, puesto que las autoridades a cargo del mismo, no han cumplido con eficacia la obligación de garantizar el respeto a la integridad física y mental de los agraviados, ni con la de propiciar condiciones adecuadas para su readaptación social.

El político coahuilense, quien es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, destacó que las pruebas en contra de los procesados están basadas en declaraciones de testigos protegidos, tal como ocurrió en el caso del conocido “michoacanazo”, en el que 18 de los 35 inculpados han salido liberados ya por medio de apelaciones, amparos e incluso por desvanecimiento de datos.

En el caso específico del Estado de Hidalgo, precisó, familiares y abogados defensores de los procesados han denunciado no sólo maltrato en el Cefereso No. 5, sino violaciones a los derechos humanos, ineficiencia en la administración de justicia, fabricación de pruebas por parte de la Siedo, abuso de las figuras de los testigos protegidos y arraigo y lentitud en el proceso jurisdiccional.

“Basta mencionar que durante la ampliación de declaración de uno de los testigos protegidos, éste se retracto de las acusaciones y a pesar de ello se integró la averiguación previa y se dictó el auto de formal prisión”, sentenció.

Todo lo anterior, indicó Moreira Valdez, significa el fracaso de una política del Gobierno Federal que combate a la delincuencia organizada con cifras para justificarlo, pero lo cierto es que hay miles de inocentes en prisiones y miles de delincuentes en libertad.

Al respecto, informó que de acuerdo con datos de la CNDH, sólo en la comisión del delito de delincuencia organizada y contra la salud existen, aproximadamente, en el presente sexenio 230 mil detenidos y están por cumplirse 250 mil órdenes de aprehensión contra presuntos responsables.

Así pues, "esto nos permite reflexionar sobre la gran cantidad de personas que se encuentran en los penales del país y la violación de sus derechos fundamentales. Que no cuentan con un proceso de readaptación riguroso para que cuando cubran sus penas se inserten plenamente a la sociedad como ciudadanos”, resaltó Rubén Moreira.

Por ello, enfatizó la necesidad de que se revisen también las políticas penitenciarias de readaptación social y que éstas se consideren en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, de manera que se puedan subsanar los errores y deficiencias.

Cabe señalar que, el Punto de Acuerdo presentado en la Comisión Permanente por Rubén Moreira Valdez, considera también un exhorto al Presidente Calderón para que contemple en el Presupuesto de Egresos del 2011, un incremento a las partidas destinadas a los centros penitenciarios y a las políticas y programas de readaptación social, que dé cumplimiento íntegramente al marco de respeto a los derechos humanos de las y los internos.