BOLETIN INFORMATIVO

Por: JUAN MARQUEZ

(AGENCIA NOTISIFA) Por tratarse de un crimen de Estado, el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta-100 (SUTAUR), demandó a las autoridades federales intercedan para revivir el caso Polo Uscanga, ya que a 13 años de su artero asesinato en el Conjunto Insurgente, permanece en la impunidad y los autores materiales e intelectuales siguen libres cometiendo toda clase de fechorías en contra de este sector.

Lo anterior fue manifestado por el líder de la también llamada ex Ruta-100, Jorge Cuellar Valdez, quien anunció que a partir de este miércoles y hasta el viernes, la Comisión Liquidadora hará entrega de cheques a sus agremiados pues a lo largo de todo ese tiempo han vivido una serie de vicisitudes adversas al grado que se han enfrentado en contra de la injusticia por parte de quienes tienen actualmente la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México y la impartición de justicia.

Reveló que el SUTAUR-100 interpondrá sendos recursos de revisión y de reclamación ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), al Consejo de la Judicatura Federal, a la Procuraduría General de la República y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para hacer una recapitulación del caso Polo Uscanga en contra de Quien Resulte Responsable, para determinar las verdaderas causas que conllevaron la aniquilación criminal de su abogado defensor, ante los tribunales de primera instancia.

Cuellar Valdez acusó directamente al espurio dirigente de la ahora Red del Servicio de Transporte Público de Pasajeros (STP), Ricardo Barco, de ser uno de los presuntos responsables del caso Polo Uscanga, en confabulación del último regente del Departamento del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal, en la desaparición del connotado jurista que siempre veló por los intereses político y laborales de los trabajadores de la ex Ruta-100.

A 13 años de su crimen, apuntó Cuellar Valdez, seguimos enfrentando con valentía las constantes amenazas y persecuciones antijudiciales del gobierno que ahora encabeza el ex priista Marcelo Ebrard, a quien le pidieron que si pretende ser el próximo candidato presidencial y ganar la contienda electoral de 2012, debe de transparentar sus acciones de gobierno pues de lo contrario seguirá en la calamidad y la polémica opacidad.

Si bien revaloró "la lucha a muerte" que la ex Ruta-100 ha sostenido desde entonces, repudió abiertamente el manejo turbio de la información que ha aparecido en la prensa al calificarlo como un dirigente "ilegítimo".

"El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje me entregó la toma de nota como dirigente de este organismo el 6 de julio de 2004, y desde entonces los enemigos de la ex Ruta-100 siempre han pretendido fabricarme delitos inexistentes", dijo.

Anunció que en breve, acudirá a las instancias judiciales para iniciar un juicio de daño moral ya que algunos informadores lo han difamado al hacerle creer a la sociedad que se trata de un dirigente que secuestró la secretaría general de la Ruta-100, "pero no, soy un líder legítimo con constancia de mayoría democrática, pero entiendo que nuestros enemigos nos quieren ver muertos más de lo que ya estamos".

Cuellar Valdez acusó también al titular de la SETRAVI, Armando Quintero Martínez, de obstruir las legítimas negociaciones para la liquidación económica de los trabajadores que aglutinan la ex Ruta-100, y adelantó que efectuarán una serie de movilización como presión para que dicho funcionario se sensibilice y pueda resolver este conflicto que data de hace 15 años.

El dirigente comentó que Ricardo Barco y su pandilla tienen en su contra 45 juicios de tipo judicial que no se han cumplimentado, desde la muerte de su abogado defensor Polo Uscanga, el 19 de junio de 1995, "y no es concebible que la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a cargo ahora del maestro Rodolfo Félix Cárdenas, siga permitiendo la omisión, la opacidad y la desenfrenada corrupción", alertó.

ARMANDO QUINTERO CUMPLA CON EL LAUDO.-"Vamos a bloquear la circulación vehicular de la avenida Insurgente Sur, con el propósito de que Armando Quintero cumpla con el laudo que a nuestro favor dictó el Primer Tribunal Colegiado el pasado 26 de febrero, y hasta el momento ha hecho caso omiso de la ejecución de este juicio", remarcó.

Dijo que los trabajadores de la ex Ruta-100 han tendido que sortear toda clase de actos de prepotencia y despotismo por parte de los funcionarios del Gobierno capitalino, al grado de confrontarlos innecesariamente con la fuerza pública.

Todo tiene un fondo político, aseveró, Armando Quintero está en contubernio con los dirigentes ilegítimos de la Red del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, Ricardo Barco López y Gabino Camacho; no ha respetado los convenios políticos que se comprometió la actual administración del GDF, "en su carácter de patrón obligado, respecto a nuestros irrenunciables y legítimos derechos de carácter laboral, social, jurídicos y económicos que le son adeudados, es decir, cerca de 200 millones de pesos a partir de abril de 1996".

Como respuesta de ello, Cuellar Valdez denunció que Ebrard ya entró al terreno de la confabulación, "hemos recibido desprecio, marginación, engaño, traición, fraude y ahora represión sistemática y cárcel, por la actual administración del GDF, de forma ilegal e ilegítima".

El GDF no ha respetado, igualmente, la "ruta crítica" del punto de acuerdo que el Senado de la República propuso en tiempo y forma, para la solución integral de los acuerdos pactados entre el SUTAUR y e GDF, así como la problemática general del conflicto que tiene viviendo a raya a más de 12 mil trabajadores de la extinta Ruta-100.

El legislador Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista en el Senado de la República, reconoció que "esta es una problemática compleja que lleva ya varios años sin ser resuelta y que afecta a millones de familias".