Publicado en el periódico El Universal el 21 de Agosto de 2009
Rodolfo Echeverría Ruiz
Colaborador Invitado
(AGENCIA NOTISIFA) Una reforma exhaustiva de la vida social exige la nación a sus legisladores. De manera singular a los priístas. Los rezagos son vergonzosos. Y las insuficiencias de la aún embrionaria vida democrática mexicana lastran —y castran— las posibilidades reales de un desarrollo humano digno de ese nombre.
Y, sin embargo, las elecciones de julio remodelaron sin equívocos ni ambigüedades —y con esperanza— el poder de las fuerzas políticas. Aunque ninguna se encuentra en condiciones de considerar definitivos sus resultados ni nadie tiene garantizados éxitos futuros, el PRI, de momento mayoritario, está obligado a reencaminar al país. Se trata, ni más ni menos, de resarcir la respetabilidad y la prestancia de un Estado sujeto a un rápido proceso de disminución. Se trata de poner en marcha un modelo de economía social —popular, sí, mas no populista— cuyas definiciones básicas están contenidas en la plataforma que lo condujo a su reciente victoria. Los diputados priístas tienen la palabra. México espera mucho de ellos.
La República demanda una Legislatura actuante, razonable, productiva. Nadie quiere camorras escenificadas en el Congreso, enfrentamientos zafios o altercados entre sus grupos parlamentarios. En la vida política los acuerdos suelen ser precarios y de corta duración, es verdad, pero, así y todo, resultan preferibles ante un posible y ominoso panorama de alborotos, broncas o tumultos en los recintos legislativos.
Las reformas son imprescindibles, sí, pero no me refiero a las bautizadas como “estructurales” por la ya derrotada tecnocracia neoliberal a cuyo regazo pretende aferrarse —y de manera tardía— este gobierno de aficionados. Hablo de verdaderas reformas sociales hijas de una agenda legislativa progresista y bien concertada con las formaciones políticas provenientes del centro-izquierda. Un PRI, mayoritario hoy, está destinado a encabezar las reformas económicas y sociales más urgentes: Ley de Emergencia Económica; el reordenamiento justiciero de la legislación sobre seguros, que sólo asegura las ganancias exorbitantes de las compañías y la derrota y la humillación de las familias y de las personas víctimas cotidianas de los abusos sin cuento de las “aseguradoras”…
No hay razón capaz de impedir, por ejemplo, una cuidadosa y democratizadora puesta al día de las leyes rectoras de la radio y la televisión. El PRI lo sabe: debe darse continuidad legal y perfeccionar las todavía recientes reformas destinadas, para bien de México, a modificar la relación entre candidatos, partidos y medios electrónicos. Tampoco puede eludir una reforma remodeladora de la Presidencia de la República. Será ese el punto de partida de un necesario acondicionamiento integral del Estado. Es inaplazable hacer funcionales a las diversas instancias del poder público. Y esa es una insoslayable misión del PRI.
Este año se ajusta siglo y medio de la promulgación de las Leyes de Reforma. Es hora de recuperar al Estado laico. Hace tres días se cumplieron 150 años de la asunción de Benito Juárez como “benemérito de la patria”. Y hoy recordamos la muerte de Juan Álvarez, iniciador de la precursora Revolución de Ayutla. Los diputados y los senadores integrantes de las anchas franjas del centro-izquierda pueden y deben hacer mucho para demandar al Ejecutivo que haga cumplir al clero político y a la derecha primitiva —y sin concesiones— ese conjunto de ordenamientos liberadores de la conciencia nacional.
La próxima Legislatura deberá incorporar en los artículos constitucionales que definen al Estado (republicano, democrático, federal, pluriétnico, pluricultural) su carácter medularmente laico.
El país se quedará sin opciones inmediatas si el trabajo político, legislativo y social del PRI no alcanzara un éxito razonable durante los próximos tres años. Y la implacable historia dirá: tuvo en sus manos la posibilidad de enderezar el rumbo de México y no lo hizo. El PRI no tiene derecho a ignorar el explícito mandato recibido el 5 de julio. Sus dirigentes y sus legisladores tienen la palabra. Y la obligación de actuar. Y si no lo hicieren
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