POLÍTICA AL MARGEN

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*ABREN DEBATE SOBRE IVA EN ALIMENTOS Y MEDICINAS
*DENUNCIA GRACO RAMÍREZ CONFLICTOS DE INTERÉS EN EL SAT

Por Jaime Arizmendi

(AGENCIA NOTISIFA) Otra vez el asunto del IVA…. Mientras organismos empresariales reiteran su propuesta de aplicar IVA en medicinas y alimentos como medida para enfrentar la crisis en el país; legisladores federales insisten en rechazarla; proponen reducir el gasto corriente de los tres niveles de gobierno y cerrar dependencias gubernamentales como las secretarías de la Reforma Agraria, Turismo y de la Función Pública (SFP), ésta última porque en los últimos nueve años de su derruida e inútil existencia ha capturado solo charales, mientras los “peces gordos” siguen en el agua.

Concamín, Coparmex y otras organizaciones del sector privado, entre quienes destaca el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudio X. González, consideran un “grave error” no gravar medicinas y alimentos, bajo el argumento que le resta competitividad al país.

El representante de empresas trasnacionales repuso que sería “ideal” aplicar inicialmente un impuesto de 3 ó 4 por ciento a los alimentos y medicinas “y luego irlo ajustando a través del tiempo, según las circunstancias lo permitan”; para agregar luego que no hacerlo es una forma de subsidio a las clases económicamente más poderosas del país.

En tanto, al anunciar la reedición del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados a la LXI Legislatura (PRD, PT y Convergencia) el coordinador perredista Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que los integrantes del bloque se opondrán a cualquier reforma encaminada a vulnerar más calidad de vida de la mayoría de los mexicanos. Y anunció que no aceptarán “el costoso seguro de gastos médicos” que disfrutaron sus colegas salientes.

Entrados en acciones anticrisis, legisladores de PRI, PRD y hasta del PAN demandan, como los empresarios, la desaparición de dependencias como la SFP por su inutilidad en el combate a la corrupción. Tienen en claro que el supuesto brazo anticorrupción del Ejecutivo Federal (igual sucede en todos los estados de la República, como en la totalidad de las presidencias municipales) pierde en tribunales sus casos o los procesos duran años estancados en instancias judiciales.

La propuesta coincidente es sumar las responsabilidades de la SFP a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con el propósito de reducir significativamente la estructura operativa y los gastos gubernamentales. Según cálculos hechos por el PRI ser ahorrarían con ello no menos de mil 500 millones de pesos.

En ese sentido va el planteamiento del coordinador de los Senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien considera que la SFP fue pensada “para otro momento de la vida del país y nació como contraloría para evitar excesos, abusos y corrupción de otros tiempos”. Y que las funciones de la SFP deben transferirse a la ASF.

Así, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Jorge Emilio González Martínez, no sólo se suma al proyecto de desaparecer la SFP, sino también de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) y se pronuncia además porque el Gobierno Federal haga sacrificios importantes con su gasto corriente.

En el marco político, González Martínez abre el abanico para atraer negociaciones políticas; expone que sus 22 diputados federales llegan por sus propios votos, no los del PRI, y por eso no tienen exclusividad con el priismo, es decir, están abiertos a escuchar propuestas de otros partidos, entre ellos el PAN.

Conflictos de interés…. El senador perredista, Graco Ramírez, denuncia que funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP) incurren en presunto tráfico de influencias y conflictos de interés, con lo cual hacen perder al Gobierno Federal unas millonadas de pesos en juicios con particulares.

De acuerdo con sus señalamientos “los funcionarios son José María Zubiría Maqueo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Christian Raúl Natera Niño de Rivera, Juan Carlos Rizo León, quienes detentan responsabilidades clave en el SAT; además, Vicente Corta, Margarita de la Cabada en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y Luis Mancera Arrigunaga en la SHCP”.

Adelanta que exigirá una investigación a la SFP y la ASF y de ser necesario a la Procuraduría General de la República (PGR). Declaró como totalmente improcedente que socios del despacho White & Case, quienes brindan asesoría a la SHCP, litiguen al mismo tiempo en favor de contribuyentes en juicios contra la dependencia, especialmente del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Señaló como sospechoso que “en el área de grandes contribuyentes las devoluciones de créditos fiscales llaman la atención; de cada 100 juicios el SAT pierde alrededor del 50 por ciento, con costo, claro está al erario público”.