POLÍTICA AL MARGEN

*EN GUANAJUATO, 160 MUJERES PENALIZADAS POR ABORTAR

*MINERA CANADIENSE EXPLOTA LIBRE A MINEROS

*ONU Y OEA REVISARÁN CON DIPUTADOS AGRESIONES A COMUNICADORES

POR JAIME ARIZMENDI

(AGENCIA NOTISIFA) ¿Revisarán Diputados Locales esa Legislación?... Guanajuato, la misma entidad donde hace 200 años Miguel Hidalgo dio inicio a la Guerra de Independencia, y luego abolió la esclavitud, se registran graves injusticias en contra de las mujeres. De acuerdo a la diputada perredista Leticia Quezada Contreras, más de 160 féminas enfrentan procesos penales acusadas de haber abortado.

Ante ello, la legisladora pedirá la intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos de esa entidad, para impida la indebida criminalización de que son objeto las mujeres. “Parece increíble que en pleno siglo XXI, cuando ya el Distrito Federal está al nivel de otros países en el resguardo a los derechos por interrupción del embarazo, en Guanajuato más de 30 mujeres en lo que va del año hayan sido denunciadas penalmente por aborto”.

Urge que el gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, adopte políticas públicas que prioricen la salud y bienestar de hombres y mujeres, dejando a un lado las ideas moralistas y religiosas de carácter personal. Igualmente, el Congreso local debe garantizar en la legislación estatal el derecho de toda mujer a decidir en materia de reproducción y derechos sexuales. “Es necesario revertir las leyes machistas y misóginas que permiten que las mujeres continúen yendo a la cárcel como criminales, por haber tomado una decisión de vida”.

Para combatir esa alarmante situación en abril pasado, integrantes de diversos partidos conformaron la Red Políticas y Políticos Trabajando por los Derechos y la No Criminalización de las Mujeres en México.

La lucha de esa nueva organización plantea impedir que haya más mujeres encarceladas y sujetas a proceso penal por interrumpir un embarazo, o que dejen de arriesgar su vida por la inseguridad e insalubridad de un aborto clandestino. “Seguimos en lucha permanente para que los logros conseguidos en el Distrito Federal en materia de Interrupción Legal del Embarazo se mantengan y que poco a poco, permeen en los estados”. Y luego se quejan de que haya tantos niños en la calle…

En otras malas noticias surgidas en la “Cuna de la Independencia”… La Comisión Permanente exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, con la participación de las autoridades locales, intervenga y medie en la solución del conflicto minero entre la sección 142 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y la empresa canadiense Gammon Gold, por el cierre de la mina “El Cubo”, en Guanajuato.

Los legisladores exigen al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que en un lapso de 10 días envíe a la Permanente un informe sobre el estado que guarda el conflicto, en atención a la urgencia que amerita la resolución del mismo.

De acuerdo al dictamen aprobado, la Tercera Comisión resalta que el conflicto minero desatado a partir del cierre de la mina “El Cubo”, tiene un significativo “impacto en la economía del municipio de Guanajuato y del empleo, en razón de que la actividad minera es fundamental para el desarrollo de esa región”.

En el debate, el senador priísta Francisco Arroyo Vieyra rememora que hace un año los mineros y la empresa acordaron extender la jornada de trabajo a 10 horas; la mina elevaría las condiciones de seguridad, brindaría a los mineros mejores herramientas de trabajo y generaría un mejor ambiente laboral.

No obstante, “luego de esa negociación, ha habido cinco muertos por las pésimas condiciones de seguridad en la mina, carecen de nuevas herramientas, y a la fecha no les han dado ni un peso por reparto de utilidades. Los trabajadores se van a huelga y la empresa les rescinde el contrato laboral”.

Desde la tribuna parlamentaria, el senador guanajuatense denunció que la empresa ha recibido toda clase de apoyos por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando mediante un comunicado oficial argumentó que el movimiento huelguístico era un “chantaje de los trabajadores”.

Arroyo Vieyra sostuvo que los trabajadores están abiertos a la negociación, “pero la empresa canadiense no quiere a los mineros, a los sindicatos, ni les quiere dar un peso”. Por ello, invitó a sus colegas legisladores avalar una iniciativa que amplíe las causales de revocación de concesiones, “para que compañías tan ‘nefastas’ la piensen dos veces”.

De su lado, el diputado petista Mario Alberto Di Costanzo Armenta, cuestionó la atención del “insensible” secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, “cuando se tienen otros ejemplos de ataque frontal contra los trabajadores como son el caso de Cananea y del SME”.

Las diversas acciones implementadas por la STPS invitan a reflexionar sobre lo que sucede cuando se entrega el patrimonio nacional a compañías extranjeras. Así, expuso que los legisladores deben proteger los bienes y el patrimonio público, “porque está claro que esta empresa no sólo viene a extraer el oro del país, sino a explotar a los trabajadores”.

Analizarán ONU, OEA y Congreso de México Ataques a Comunicadores… La Comisión Especial de Seguimiento de Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, se reunirá con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para modernizar el marco normativo a favor de los comunicadores y su actividad periodística.

El diputado del PVEM, Juan Carlos Natale López anticipa que el tema central a revisar es la creciente preocupación de los organismos internacionales en la protección de los derechos humanos respecto a las constantes restricciones a la libertad de expresión e información, dada la ola de violencia que se vive en el país.

Lamentó que prevalezca desinterés por parte de la Procuraduría General del República, en específico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, al no asumir su responsabilidad y esclarecer los homicidios y agresiones a periodistas.

Para los legisladores, en la mayoría de los casos la fiscalía delega y deslinda su encomienda legal a autoridades del orden local, lo cual deja en la indefensión a quienes ejercen el periodismo.

Hay indicios de que muchas de estas agresiones provienen de la delincuencia organizada.Vale anotar que en torno a esa temática, en el Legislativo existen diversas iniciativas y proyectos de dictámenes a punto de ser votados y aprobados, como las reformas para tipificar como delito federal los ataques y agresiones a periodistas, al igual que una ley general para la actividad periodística de alto riesgo. O es que en esa instancia federal, pusieron al lobo a cuidar ovejas…