LA SEMANA

*TIEMPO DE INSCRIPCIONES, TIEMPO DEL PLEITO POR LAS CUOTAS ESCOLARES.

*CARLOS GUTIÉRREZ GARCÍA VINO, VIO Y DECLARÓ.

*LA "CASA DE CASTIGO" DEL DIF, UN CUENTO CHINO DE DERECHOS HUMANOS, DIJO EL DIF.

*EL RECURRENTE TEMA DE HOY

Por Jesús Hernández

(AGENCIA NOTISIFA) La polémica que ha levantado el cobro de las cuotas escolares “voluntarias” ya llegó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado. (Parece que la defensoría de los derechos humanos va a llegar pronto hasta a las quejas por el calor que hace en los salones de clase; se ha banalizado hasta la exageración la figura del ombudsman). Ahora resulta que una tal agrupación denominada Ciudadanet, interpuso una queja, aunque también se dijo que los gastos educativos que se pagan hasta la fecha con las cuotas los absorberá la Secretaría de Educación del estado, la SEQ.

Autoridades del ramo indican que es indebido que los directores de las escuelas cobren de manera obligatoria las mentadas "cuotas"; que no se puede condicionar la inscripción de los alumnos en los planteles.

Pero cada año dicen lo mismo. El tema es recurrente y tanto padres de familia como organismos que se oponen a la medida se acuerdan del caso sólo en los meses de inscripción. Después de agosto el tema deja de tener relevancia; las autoridades educativas dejan correr el tiempo y comienzan a realizar declaraciones sobre el tema hasta el próximo año.

El hecho es que las cuotas escolares que se piden en cerca de mil escuelas de educación básica en Quintana Roo, generan la nada despreciable cantidad de 100 millones de pesos al año, una tercera parte de los recursos que se invierten en la ampliación de la infraestructura educativa. Por año en la entidad se destinan poco más de 300 millones de pesos para la construcción de más planteles y aulas.

En contraparte, los sueldos de los maestros en el presupuesto educativo representan el 96 por ciento de los 4 mil millones de pesos anuales del presupuesto del sector. ¿Por qué no mejor dejar de aumentarle prestaciones y bonificaciones a los docentes, rebajarle el financiamiento al sindicato, suspender las comisiones, destinar 100 millones de pesos para la compra de materiales de limpieza en las escuelas, y con ello callarle la boca a los padres de familia y a las asociaciones revoltosas que dan lata cada año con este problema, si de todos modos la educación en el estado y en el país es una catástrofe?

Además, y el colmo del asunto, es que la aplicación de esos recursos es de lo cuestionable y no hay informes de parte de los directores de los planteles sobre la manera en la que se emplean los recursos adquiridos por medio de las cuotas voluntarias. Cada director los utiliza como cree que debe y ya. Y no se sabe cuánto es lo que le sobra ni si esa parte "se la come por boba".

Las autoridades de la SEQ, del SNTE, e incluso los integrantes de la Comisión de Educación de la XII Legislatura –que no sirven de mucho pero al igual que los maestros cobran nada más por estar ahí–, han señalado que lo que se recauda con las cuotas que aportan los padres de familia se utiliza para la compra de artículos para la limpieza de las escuelas, como escobas, trapeadores, jabón y papel de baño. En algunos casos, dicen, se paga el sueldo de un vigilante, ya que la SEQ no proporciona el dinero para este tipo de gastos, y el estado tampoco puede proveer personal de seguridad pública a las escuelas porque o están en narcolistas o porque no tienen suficientes elementos.

Hace años, cuando la educación no era tan vulgar, las escuelas eran importantes, el sindicato no era dueño de la enseñanza, y la mayoría de los maestros eran honorables, en ese tiempo los alumnos, con utensilios y recursos que llevaban de sus casas, se encargaban, dirigidos por sus profesores, del aseo de sus aulas y se turnaban el cuidado de las instalaciones escolares. ¡Ah, qué tiempos aquellos señor don Simón! Y cuando se crearon las plazas de intendente –que además se sindicalizaron, but of course-, los estudiantes dejaron de hacer esas tareas. Pero la autoridad educativa sólo cubre el sueldo de esos trabajadores, no el de los materiales que necesitan para trabajar.

Los maestros comenzaron a pedir cuotas para la compra de material de limpieza, y para evitar sospechas del desvió de recursos se crearon las sociedades de padres de familia. Sin embargo, debido a que en muchas escuelas el dinero que se recaba “desaparece” sin ninguna explicación, hay resistencia a cubrir los montos exigidos.

La semana pasada, a nombre de la ONG Ciudadanet, Maximiliano Vega Tato – profesor de profesión y candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez en 2008, cuando encontró una chambita en la grilla– presentó una queja en las oficinas que tiene la Comisión de Derechos Humanos en Cancún, a fin de que el organismo protector de las garantías fundamentales intervenga y dejen de cobrarse las cuotas “voluntarias”, que van en contra de la educación gratuita y obligatoria, pues varias escuelas condicionan su pago a la inscripción de los alumnos. La queja incluye la firma de mil padres de familia. El cobro de esas cuotas, según los quejosos que no proponen alguna solución sólo su desaparición, es anticonstitucional.

Piden “la más fuerte de las recomendaciones” para que el personal de la Secretaría del ramo cumpla con las leyes que protegen la educación, y que se respeten los derechos de los niños para acudir libremente a una institución educativa. Que no haya impedimentos, pues, como el cobro de las cuotas “voluntarias”.

Y claro, como siempre que se habla públicamente de ese problema, el secretario de Educación Pública, Eduardo Patrón Azueta, aclaró que la dependencia a su cargo cuidará que no se obligue a los padres de familia a pagar esas cuotas y menos condicionar la inscripción de los alumnos a su pago. Y como siempre, también, tampoco dijo cómo o de qué fondos se comprarán los artículos para los que la Secretaría no hace aportaciones.

A falta de alguna otra forma de cubrir los gastos escolares para los que la Secretaría de Educación alega que no tienen dinero, tal vez las autoridades que intervienen en la educación debieran reunirse y acordar medidas prácticas, o muchas escuelas enfrentarán problemas de higiene, más allá del cochinero de siempre de los excusados.

El hilo negro del profesor Carlos Gutiérrez García.- El flamante delegado del ISSSTE, el maestro de carrera Carlos Gutiérrez García, descubrió oficialmente que el hospital que tiene esa institución en Chetumal ya es obsoleto, insuficiente para cubrir la demanda de los derechohabientes; le falta personal y actualizar su equipo. Sin embargo, aclaró que no sabe lo que deveras sirve: si la Federación destinará recursos en el corto plazo para su modernización o si seguirá inservible. Tampoco dijo nada sobre la pésima atención de la burocracia y el personal médico, ni sobre las abundantes quejas por negligencia que asedian a la clínica.

Solo recordó lo que se sabe de sobra: que el edificio se construyó hace más de 25 años y no se ha remodelado suficientemente ni a tiempo. Justificó las quejas de los derechohabientes, pero aclaró que no está en sus manos ordenar su modernización, ésta deberán autorizarla las oficinas centrales del ISSSTE y proporcionar también los recursos para eso.

Dijo que lo deseable es que el hospital del ISSSTE de Chetumal sea mucho más amplio, con equipo médico moderno, y con personal suficiente y especializado que atienda en mejores condiciones a quienes requieren de sus servicios, pero que no sabe si el Gobierno federal tenga planes para invertir en el corto plazo en esas instalaciones. Casi casi dijo, pues, que él no estaba en el cargo para encargarse de las cosas importantes de la Delegación, sino que está en él porque se sacó un premio sindical.

Igual están las instalaciones y los servicios de la Secretaría de Salud, que también datan de hace más de 30 años, y lo mismo pasa con los del Instituto Mexicano del Seguro Social; pura basura y pura pérdida de tiempo atenerse a ellos.

Según un estudio que hizo la Secretaría de Salud del Estado hace unos ocho años, se necesitan unos mil millones de pesos para actualizar los servicios médicos en Quintana Roo.

La casa de castigo del DIF, ¿herencia de Francisco Alor?

Todo un escándalo levantó el supuesto "hallazgo" de una "celda de castigo" en las instalaciones del DIF municipal de Benito Juárez, y donde según el segundo visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Tirso Esquivel Ávila, eran encerrados los menores de edad más rebeldes para que escarmentaran.

De manera inmediata, luego que hizo la denuncia pública Esquivel Ávila, las autoridades del DIF mandarían desmantelar la presunta "celda" y se vino encima el diluvio de declaraciones, condenaciones, y todo género de posicionamientos de todo género de funcionarios públicos y personajes políticos en todo género de foros de opinión pública. Y de todo ese carnaval protagónico y mediáticos no se hacía una sola opinión de verdadero compromiso con los derechos humanos.

Hablando de verdaderas celdas de castigo y a reserva de que se confirme o no el presunto atropello de Cancún, en el Cereso de Chetumal, por ejemplo –que de Cereso, por lo demás, cualquiera sabe que no tiene nada-, operó durante muchos años una celda de castigo para los reos más reacios a someterse a las órdenes de las autoridades del penal. Coloquialmente los presos le llamaron a esa celda “El hoyo”, que no fue desmantelado sino hasta que intervino la Comisión de Derechos Humanos. De las otras cárceles de la entidad no se sabe si hay o no esas celdas de castigo. Lo que sí se sabe es que los narcos que las dirigen desde adentro tienen las mejores condiciones para hospedarse ahí.

Hasta hace unos 15 Años, en el actual Centro de Internamiento para Adolescentes, cuando se llamaba Centro Tutelar para Menores Infractores (lo que no es lo mismo pero es igual, porque lo único que ha cambiado es que ahora los criminales de menor edad pueden pasarla bien durante el poco tiempo que viven en él, si es que llegan a pisarlo) operaban dos celdas en que eran recluidos aquellos que se hacían merecedores a un castigo. Los menores castigados les rogaban a los custodios que los dejaran salir a los patios y que corregirían su conducta, pero éstos contestaban que los niños o adolescentes deberían pagar por su mal comportamiento, no más allá de lanzar improperios a las autoridades del penal.

Según Tirso Esquivel, quien denunció la existencia de la "celda de castigo", en el lugar eran encerrados los menores que sufrían alguna crisis emocional; el encierro era para controlarlos, según el resultado de las primeras investigaciones. Pero según el DIF municipal, su sistema de control de los menores más difíciles no tiene nada que ver con la exageración que, señala, le atribuye el visitador de Derechos Humanos, Tirso Esquivel.

Nunca ha habido tal "celda de castigo", declaró su presidenta en un comunicado oficial del miércoles 11 de agosto y que reproducimos íntegro más adelante. En la casa denunciada como sitio de confinamiento con propósitos de tortura eran aisladas, en efecto, las criaturas con problemas de conducta, de salud, o con trastornos mentales muy severos, pero por el bien de ellos mismos y de la comunidad de menores albergados en las instalaciones del DIF municipal para ser protegidos y amparados por dicha institución, como en efecto ha ocurrido.

Las denuncias del representante de la Comisión de Derechos Humanos, según el DIF, serían falsas y dolosas, la "celda de castigo" sería producto de su mala fe y de sus intenciones de protagonismo, y la casa para el aislamiento de los casos especiales sería una instalación con las condiciones más apropiadas de lo que debe ser un sitio de esa naturaleza. Y nadie lo habría desmantelado, como se ha dicho.

Del asunto, por supuesto, habló también el innecesario alcalde de Benito Juárez, Jaime Hernández Zaragoza, quien ofreció ordenar una investigación minuciosa (todos, todos, todos los políticos responsables de áreas o gobiernos donde se presumen delitos graves, declaran exactamente lo mismo, todos, como chachalacas: que ya ordenaron investigar a fondo el caso) para saber desde cuándo operaba esa celda de castigo y quiénes ordenaron que se hiciera.

Según una versión no confirmada, entre tantas que discurren en tales circunstancias, la celda se habilitó cuando fue presidente municipal de Benito Juárez Francisco Alor Quezada, el actual procurador de Justicia del estado.

El comunicado

CARTA ACLARATORIA DEL DIF BENITO JUÁREZ A LA CIUDADANÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- En relación con los reiterados comentarios que han resaltado las presuntas violaciones de menores por otros menores en custodia dentro de la Casa de Asistencia Temporal, así como de la mal llamada “celda de castigo”, situaciones que ponen en predicamento el funcionamiento y el buen nombre del DIF, la Dirección General considera pertinente las siguientes precisiones:

1.- No se ha consumado ninguna violación a menor alguno dentro de nuestras instalaciones, tal y como se puede acreditar con las declaraciones ministeriales de los propios menores desmintiendo esas afirmaciones, cuando fueron presentados ante la autoridad correspondiente, cuyas copias de las mismas obran en poder de esta Institución.

2.- La mal llamada “celda de castigo” es en realidad un área que fue edificada en abril del 2006 por la administración en turno, a fin de mantener en transición o en cuarentena a aquellos jóvenes adolescentes que presentaran problemas de conducta o de tipo emocional, considerando los entornos de violencia, prostitución, drogadicción, etcétera, de donde son rescatados.

3.- Adicionalmente se ha utilizado para preservar la salud del resto de la población de menores, evitando los contagios de enfermedades infectocontagiosas, ácaros, o todo tipo de fauna parasitaria en aquellos casos de evidente falta de higiene y salud.

4.- Las condiciones de este espacio de aislamiento existen en diferentes instituciones asistenciales, incluidos varios sistemas DIF de otras entidades, toda vez que los menores rescatados provienen de entornos donde son abusados sexualmente, abandonados, prostituidos, explotados en la mendicidad o víctimas del abuso del consumo de enervantes —cemento, mariguana, crack y cocaína, por señalar los más representativos—, lo cual genera un mecanismo de autodefensa en cada uno de ellos, lo que los lleva a mantener una conducta hostil.

5.- Los síntomas de abstinencia de estos enervantes generan en los menores custodiados conductas que ponen en riesgo la integridad del menor de que se trate y la de sus compañeros, ya que no se puede perder de vista que esto ocurre generalmente en adolescentes varones y que la Casa de Asistencia

Temporal, acoge a menores de todas las edades e inclusive bebés de meses y recién nacidos.

6.- No se debe perder de vista por ningún motivo, que lamentablemente estos niños son especiales porque no se desarrollan conductas normales por las desafortunadas condiciones sociales donde se desarrollan y de donde provienen; ejemplo de esta cruel realidad son las menores embarazadas, niñas violadas, jóvenes drogadictos, golpeados, abandonados, explotados, etcétera. En ese sentido también el trato debe ser humano, pero con los cuidados necesarios y preventivos para protegerlos a unos de otros, ya que no todos tienen la misma edad ni las mismas característica físicas.

7.- El proceso de las autoridades encargadas de definir la situación legal y la custodia definitiva de estos menores, no es en todos los casos expedita y, por lo tanto, la estancia programada para seis meses en promedio, se difiere en los casos de los adolescentes hasta en el doble del tiempo, y por ello amparamos a menores con estadías promedio de 12 a 16 meses, situación que de manera natural genera un sobrecupo poblacional e incrementa los riesgos por ser entre la población de adolescentes púberes en donde más se da este diferimiento.

8.- En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Benito Juárez trabajamos con convicción y con conocimiento de causa de la importancia que conlleva su característica eminentemente social y de atención a la población más vulnerable, y seguiremos con esa misma mística de servicio y de humanismo. Asimismo, como institución de interés público, reiteramos nuestra política de puertas abiertas y disposición a colaborar con las instancias que así lo requieran.