POLÍTICA AL MARGEN

*ABANDONAN LA ESCUELA 188 MIL JOVENCITOS, TRABAJAN FUERA DE CASA

*NUEVOS GOBIERNOS AUDITARÁN A SUS PREDECESORES

Por Jaime Arizmendi

(AGENCIA NOTISIFA) Alarmante deserción escolar… La directora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Margarita Zorrilla Fierro, señaló hace unos días que 750 mil estudiantes de entre 12 a 14 años realizan trabajo extradoméstico, lo cual provoca que 188 mil de ellos abandonen la escuela.

Al presentar el Panorama Educativo de México 2009 ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la funcionaria lamentó asimismo que otro medio millón de niños de entre 6 a 11 años de edad, que se encuentran en educación básica, realizan trabajo extradoméstico, según el Módulo del Trabajo Infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De ellos, 30 por ciento trabaja 20 horas o más por semana, por lo que 134 mil ya no van a la escuela.

Indicadores del Sistema Educativo Nacional reportan que 79 de cada mil alumnos de tercero de secundaria de todo el país trabajan cuatro días o más a la semana con un pago; mientras que sólo 78 por mil de ese mismo rango de estudios a nivel nacional leen más de 16 páginas al día.

Por ello, el presidente de la Comisión de Educación y Servicios Educativos, el priísta José Trinidad Padilla López se compromete a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011 se otorguen más recursos al sistema educativo.

Bajo ese desalentador panorama, al iniciar el ciclo escolar 2010/2011, diputados del PRI exigen además al Ejecutivo Federal derogue el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad, y lo sustituya por un decreto que se aplique de inmediato que prohíba de forma explícita y literal la venta de alimentos y bebidas “chatarra”; y que se incorpore al Legislativo en su elaboración.

Los priístas Jorge Carlos Ramírez Marín y David Hernández Pérez reclaman que legisladores supervisen y aclaren todo lo relativo al espinoso tema, y que con la autoridad gubernamental emitan un informe trimestral sobre los avances del programa contra los comestibles que engordan y no nutren adecuadamente.

Recuerdan que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal admitió en febrero pasado que la obesidad en México llegó a niveles de preocupación extrema, y que toda venta de alimentos y bebidas en las escuelas debe ser regulada “sin excepción alguna”, desde las cooperativas escolares hasta las tiendas concesionadas.

Esa fue su posición luego que padres de familia, institutos de nutrición y salud pública, como la sociedad civil toda, insisten en calificar a las escuelas como “punto crítico” en el alarmante aumento de casos de obesidad en la población infantil de México.

No obstante, la SEP cambió su forma de ver las cosas y avaló continuar la venta de alimentos chatarra, en apego al dictamen emitido por la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), en que se acepta la venta de botanas, pastelitos, confites, postres, galletas, jugos, néctares, yogures y bebidas de soya, con ciertas limitantes en cuanto a los contenidos en grasas, azúcares, carbohidratos y sal.

Es claro, la obesidad tiene un origen multifactorial y está ligada a razones socioeconómicas, psicológicas, emocionales, sanitarias y culturales, e involucra a las instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y al Estado en su conjunto; por lo que debe ser atendida desde la etapa preventiva.

A través de un punto de acuerdo turnado a la Segunda Comisión de la Permanente, para su análisis, los legisladores consideran fundamental que el Poder Ejecutivo derogue el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad y lo sustituya por un nuevo decreto, en uso de sus facultades reglamentarias, que rija desde el presente ciclo escolar.

Ello, para prohibir de manera explícita y literal la venta de alimentos y bebidas chatarra o de bajo contenido nutritivo, dentro de las escuelas públicas de educación básica y media básica, sustituyéndolas por los alimentos y actividades que ha recomendado en múltiples ocasiones la Unesco.

Debe quedar claro: no se trata sólo de prohibir la venta de alimentos vacuos dentro de las escuelas, sino de emprender acciones que eduquen y protejan a este sector de la población para que ellos, bajo su voluntad y decisión propia, sean capaces de no consumir alimentos nocivos para su salud.

La reglamentación no es para los niños quienes, a través del constante “bombardeo” de anuncios publicitarios, día a día se convierten en víctimas de los intereses empresariales, por lo que la regulación debe ser dirigida a las escuelas porque en lugar de fomentar la cultura de la salud, dolosamente, convierten a los niños en adictos de esos productos que los ponen en riesgo.

¿Querrá curarse en salud?… El mandatario panista de Tlaxcala, Héctor Israel Ortiz Ortiz repite cada vez que puede, que no le preocupa “en lo más mínimo” el que tras su relevo en el mando estatal, el 15 de enero del 2011, el priísta Mariano González Zarur emprenda una “cacería de brujas” contra miembros de su gabinete, por el posible desvío de recursos públicos.

Aunque visiblemente nervioso, el aún gobernador de los tlaxcaltecas aduce irónico una y otra vez ante periodistas que en esa entidad “no hay brujas, ni hay cazadores”, como tampoco hay motivos para que se sospeche del desvío de recursos públicos en alguno de los programas del gobierno federal o estatal.

Y hasta arguye que como abogado de profesión, tiene claro lo que conlleva que un funcionario incurra en una acción de este tipo, “se castiga con cárcel (…) por eso, yo no tengo la más mínima preocupación en ese sentido”. Aduce que despachos externos, el Órgano de Fiscalización Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado han auditado a su administración.

Aunque todo el mundo sabe que anda que no lo calienta ni el Sol, tanto el gobernador de Tlaxcala, como los de Puebla, Oaxaca, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes y las otras donde habrá cambio de gobernante, los nuevos mandatarios deberán dejar en claro ante la sociedad que los salientes no se enriquecieron gracias al cargo público.

Para ello, se sabe que los próximos gobernadores se proponen revisar todas las cuentas bancarias, las viejas y nuevas propiedades, a nombre de sus antecesores o de sus familiares y amigos, y más. Las intensas auditorías e indagatorias se harán ante todo lo que resulte de origen difícilmente explicable.