TORNADO POLITICO

*PRIVATIZAR, O NO PRIVATIZAR HE AHI EL DILEMA

Por:Arturo Garcia Gil

A lo largo de más de 70 años en México se ha desarrollado un gran consenso nacional. Todos estamos de acuerdo en defender los energéticos por ser estratégicos para el desarrollo del país.
Los líderes de los partidos legalmente registrados, el presidente Felipe Calderón, los diputados, senadores y gobernadores y todos los mexicanos, en diferentes formas han manifestado su oposición a la privatización de Pemex y de las empresas eléctricas.

Particularmente es muy claro el compromiso histórico de defender el petróleo y todos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos como propiedad de la nación. El presidente Felipe Calderón como todos los presidentes de México, desde 1938 hasta nuestros días, se ha pronunciado abiertamente a favor de la defensa de Pemex.

En la actualidad, lo que se ha propuesto es revisar el marco jurídico del petróleo para fortalecer a Pemex y darle viabilidad, sin modificar la Constitución Política Mexicana. Se considera que la nacionalización del petróleo en 1938 fue un acto político de singular importancia histórica en la vida económica y social de la nación.

México reafirmó su calidad de estado soberano, se elevó la dignidad de su gobierno, se salvaguardó uno de sus recursos naturales básicos para promover la industrialización y el desarrollo económico y fue posible organizar la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) de trascendental importancia en la vida nacional.

Gracias a la nacionalización del petróleo, a la organización de Pemex y a un sólido sustento constitucional, ha sido posible preservar la existencia de los hidrocarburos como recursos al servicio de los mexicanos.

Si estuvieran en manos de extranjeros y privados, desde hace tiempo habrían servido para enriquecer más a los grandes empresarios trasnacionales y estarían ya totalmente agotados.
Todo el régimen jurídico del petróleo en México se fundamenta en el Artículo 27 constitucional. En su primer párrafo dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación.

Esta tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares en propiedad privada. A partir de este precepto se han establecido la propiedad nacional, la social y la privada.

Con fundamento en el Artículo 27 de la Constitución Política de México, se formularon su Ley Reglamentaria, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, el reglamento en el ramo del petróleo y también en materia de petroquímica.

De acuerdo con el marco jurídico vigente Pemex es un organismo público descentralizado del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Pemex tiene libertad plena de gestión en su organización y funcionamiento y en el manejo y explotación de sus bienes. Pero se le prohíbe enajenar el petróleo o el gas natural contenidos en los yacimientos.

Tampoco puede transmitir el derecho de explotación de esos recursos, el otorgamiento de regalías, porcentajes o participaciones en el petróleo, gas natural, sus derivados o los resultados de la explotación de los mismos. En lo que existe consenso es en revisar el financiamiento de Pemex. El patrimonio de Pemex es de más de 140 mil millones de pesos. Abastece al mercado nacional y sus ventas al exterior son muy considerables.

Su producción total de crudo sobrepasa la cantidad de 3 millones de barriles diarios. Se paga al erario nacional cerca del 40 por ciento de lo que se recauda por impuestos. Se ha ordeñado excesivamente a Pemex y se ha descuidado su desarrollo. Hoy se trata de mejorar su marco jurídico. Lo que se ha propuesto es revisar la legislación de Pemex para fortalecer a esta empresa nacional a fin de que sea más competitiva y fuerte.

Ello no debe servir de pretexto para fomentar la polarización social y dividir a la población. Los mexicanos unidos seremos capaces de defender a Pemex frente a las venalidades del exterior. La división de los mexicanos pone en peligro a Pemex y al petróleo.