martes, 28 de octubre de 2008

BOLETIN INFORMATIVO

*SE CONSOLIDA EL ESTADO POLICIACO CON LA REPRESIÓN DEL SENADO

Por: Ignacio Arellano Mora

(AGENCIA NOTISIFA)
Aleida Alavez Ruiz, coordinadora Jurídica del PRD en la Cámara de Diputados, quien fuera víctima de agresiones por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a orden expresa del secretario Genaro García Luna, presentó este lunes una denuncia penal ante la PGR por violentar la inmunidad parlamentaria de la que gozan los legisladores por disposición constitucional.

Además de violentar el artículo 61 constitucional, que establece el fuero de los legisladores, la intervención de García Luna atentó contra la inviolabilidad de los recintos legislativos, “pues en ningún momento debieron haber entrado elementos policiacos al lugar donde sesionaban los senadores”, acotó.

Por otro lado, agregó, la actuación represiva del secretario y sus elementos vulneró derechos humanos fundamentales de los legisladores consagrados en el recién modificado artículo 21 constitucional.

En estricto sentido, manifestó, las lesiones infringidas a los legisladores devienen en abuso de poder y uso excesivo de la fuerza con lo que se violenta los artículos 21, 61 y 62 de la Constitución Política, el artículo 22 de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de Seguridad Pública, los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el artículo 8 fracciones I, V, VI y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

“Es necesario señalar que este acto de represión no puede pasarse por alto, pues si de este modo se trata a los legisladores que puede esperar la ciudadanía sino quedar indefensa ante actos que vulneren derechos humanos”, indicó.

Por ello, expresó, ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se promoverá que el exhorto formulado por el presidente de la Mesa Directiva para pedir explicaciones de manera contundente, se modifique a reparar el daño, lo cual sólo podría ser mediante la renuncia de García Luna.

En caso de que el Ejecutivo Federal y Acción Nacional intenten salvar a este servidor público implicará que solapan la violación a los derechos humanos.

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