jueves, 18 de diciembre de 2008

BOLETIN INFORMATIVO

*EL CASO LEARJET CAUSA DOS BAJAS EN LA SEGOB

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA)
Tras confirmar graves irregularidades en la licitación y contratación del Learjet 45, la Secretaría de la Función Pública (SFP) suspendió de manera indefinida de sus cargos a Francisco González Muñoz y Carlos Juraidini, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) relacionados con este proceso.

Fuentes de la Segob confirmaron las primeras sanciones luego del avionazo y adelantaron que en los próximos días, otros tres podrán ser separados de su cargo por la misma causa, aunque subrayaron que eso lo determinarán las investigaciones.

Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) involucrados en el proceso de licitación y contratación de la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva S.A. de C.V. (Cesae), para dar mantenimiento al Learjet 45 siniestrado el pasado 4 de noviembre, fueron suspendidos de sus cargos.

Francisco González Muñoz, quien se desempeñaba como director general adjunto de Seguridad y Aeronaves, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y quien, además, había fungido como representante de la Segob durante el proceso de licitación en la administración de Francisco Ramírez Acuña, y Carlos Juraidini Rumilla, director de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

Ambos participaron en el proceso de licitación 00004010-020-07, lanzado por la Segob en 2007 para contratar los servicios de mantenimiento mayor y tripulación del Learjet 45 de su propiedad, así como en la firma del contrato SG/CNS/10/2008 con la empresa Cesae, signado el 31 de diciembre de ese año.

La determinación fue tomada por el Órgano de Control Interno de la Segob, que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para facilitar las investigaciones sobre presuntas irregularidades u omisiones de los servidores públicos durante el proceso de contratación de Cesae.

Cabe recordara que el pasado 21 de noviembre que empleados de la dependencia federal del área de Recursos Materiales y Servicios Generales habían contratando seguros para protegerse en caso de que resulten responsables de alguna violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En esa ocasión, fuentes de la dependencia confirmaron que por lo menos cuatro empleados de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales han adquirido seguros de responsabilidad civil y asistencia legal de servidores públicos, con una cobertura que va de los dos a los cinco millones de pesos para enfrentar posibles multas y procesos administrativos o penales en su contra.

De esta manera, los funcionarios buscaban protegerse de cualquier incumplimiento de un deber, negligencia, errores o actos irregulares en sus funciones, mismas que pudieran ser motivo de denuncia o queja, por afectar a un tercero.

Las sanciones son parte de las primeras conclusiones elaboradas por la Secretaría de Gobernación, el Cisen y la Secretaría de la Función Pública (SFP), tras el avionazo donde pereció el ex titular de la dependencia Juan Camilo Mouriño el pasado 4 de noviembre, cuya compra presenta una veintena de irregularidades.

Indagatorias apuntan hacia Servicios Aéreos Estrella, SA de CV, según versiones.

HAY OTROS CUATRO FUNCIONARIOS…De acuerdo con información extraoficial, el funcionario --hermano del priista Jorge Juraidini Rumilla, directivo de Fomento Económico Mexicano (FEMSA)--, fue separado de su cargo por una solicitud de la Secretaría de la Función Pública (SFP), institución que encabeza las investigaciones. Sin embargo, hay otros cuatro funcionarios de la misma área que se encuentran en situación semejante.

La Secretaría encabezada por Salvador Vega Casillas inició la investigación después de que el avión se precipitó a tierra, en lo que hasta ahora oficialmente fue un accidente, y una de las vertientes era sobre posibles irregularidades en la compra y servicio del Learjet 45, adquirido seminuevo por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en diciembre de 2003, a un costo equiparable al de una aeronave nueva.

De la licitación fue responsable Juraidini Rumilla, junto con Efrén Galindo Amador, subdirector de Adquisiciones; Araceli Guevara Sandoval, jefa del departamento de Licitaciones de Bienes; y Francisco González Muñoz, representante de la Dirección General Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Como observador en el proceso, y miembro del Órgano Interno de Control (OIC), participó Gustavo Federico Jordán Ibarra.Según información extraoficial, estos servidores públicos que están sujetos a investigación pueden ser también separados de su cargo y, eventualmente, fincárseles responsabilidad administrativa o inclusive penal.

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