*VALIDARON 7 DICTÁMENES QUE CONFORMAN EL PAQUETE FISCAL 2010
(AGENCIA NOTISIFA) La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en reunión de trabajo siete dictámenes correspondientes al paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo Federal para el 2010.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Con 22 votos a favor, 9 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen que reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para incrementar de 15 a 16 por ciento el gravamen, sin afectar alimentos y medicinas; de igual forma se aumentó un punto porcentual respecto al impuesto en la frontera, por lo que pasa del 10 al 11 por ciento.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Alberto Becerra Pocoroba y el diputado Luis Enrique Mercado Sánchez, ambos del PAN, coincidieron que ante la necesidad imperiosa del Gobierno Federal de tener mayores recursos para afrontar la crisis, y ante la posición “respetable” de no aprobar la Ley de Contribución para Abatir la Pobreza, se consideró el incremento al IVA.
Se trata, dijo Becerra Pocoroba, de un impuesto indirecto, que es moderno en el mundo y que ha acreditado ser uno de los vínculos más importantes de recaudación, además de ser de los gravámenes de los más sencillos en cuanto a su cálculo y recaudación.
“Consideramos que éste es un paso correcto que nos va a permitir salvaguardar las finanzas públicas del Estado y continuar el debate en materia de impuestos al consumo. La tasa del 16 por ciento es totalmente competitiva y está en las legislaciones de los países más importantes, al menos en la Unión Europea”.
Los diputados del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada y David Penchyna Grub se manifestaron a favor del dictamen y argumentaron que su partido rechazó el dos por ciento generalizado que incluía alimentos y medicinas cuando lo presentó el Ejecutivo Federal.
Nosotros, mencionó Penchyna Grub, estamos a favor del 15 al 16 por ciento de IVA y del 10 al 11 de ese mismo impuesto en la frontera norte, sin alimentos ni medicinas; “estamos siendo congruentes con una plataforma electoral”.
Vamos por ese incremento, abundó, “porque somos conscientes del boquete en finanzas públicas que tiene la nación y no se trata de descarrilar al país. Nosotros no tenemos la culpa de que el país no vaya bien, pero tampoco seremos los causantes de que le vaya peor”.
Por su parte, los diputados Armando Ríos Piter, Guadalupe Acosta Naranjo, Leticia Quezada Contreras y José Narro Céspedes, del PRD, coincidieron que aumentar impuestos en una situación de crisis económica como la que vive nuestro país podría perjudicar más la recaudación en lugar de beneficiarla.
De igual forma, hicieron énfasis en la propuesta de su grupo parlamentario para gravar los alimentos denominados chatarras y los medicamentos milagrosos, los cuales, por los problemas de salud que ocasionan generan gastos al país por alrededor de 60 mil millones de pesos.
Narro Céspedes dijo que el incremento profundizaría la recesión, además de que haría crecer la inflación y el desempleo. Sólo tiene un objetivo recaudatorio y se trata de una propuesta que hará pagar más a quienes menos tienen y protegerá a los que ya de por sí se benefician con los regímenes especiales.
Por el PT, el diputado Mario di Costanzo manifestó que con el 16 por ciento se está engañando a la gente, ya que a final de cuentas terminará pagando más impuestos, a pesar de no haberse aprobado el dos por ciento generalizado. “Lo que no han querido hacer es derogar el régimen de consolidación fiscal y optan mejor por aumentar la carga tributaria a los contribuyentes cautivos.
La diputada del PRI, María Esther Scherman Leaño, al manifestarse en contra del dictamen, consideró que la Secretaría de Hacienda no tiene facultades para presentar iniciativas, tomando en consideración que la propuesta del 16 por ciento partió de esa dependencia.
“Debió haber sido enviada, en todo caso, por el Ejecutivo. Podemos decir que fue un resbalón más, pero lo que no podemos tolerar es una nueva intentona para aumentar los impuestos como es el 16 por ciento y el 11 por ciento en la frontera. La economía popular no aguanta más. Es una mentira que no vaya a haber IVA en alimentos. Sí lo hay”, dijo. El diputado Alberto Cinta Martínez (PVEM), de igual forma se manifestó a favor de gravar los alimentos chatarras.
LEY DE CONTRIBUCIÓN PARA EL COMBATE A LA POBREZA.- El pleno de la Comisión votó en sentido negativo el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto respecto de la Ley de Contribución para el Combate a la Pobreza, el cual planteaba un impuesto generalizado a productos y servicios del 2 por ciento.
LEY FEDERAL DE DERECHOS: REGIMEN FISCAL DE PEMEX.- Durante la sesión de trabajo, se aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativa al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de promover mayores niveles de inversión para que la empresa logre tener mayor flexibilidad de explorar nuevos yacimientos en aguas profundas.
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO.- Otro dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda fue el referente a reformar y adicionar la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). Plantea aumentar el gravamen del 2 al 3 por ciento los depósitos en efectivo por 15 mil pesos mensuales.
Actualmente la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo marca que el impuesto establecido en dicho ordenamiento se calcule aplicando una tasa del 2 por ciento al importe de 25 mil pesos mensuales.
Con estas modificaciones se pretende recaudar 13 mil 079.7 millones de pesos.
Se resalta en la exposición de motivos de la Iniciativa del Ejecutivo que el límite propuesto para los depósitos exentos es adecuado, toda vez que para los contribuyentes cumplidos, ni la disminución al límite ni el incremento en la tasa representarán una carga tributaria adicional al poder recuperar el impuesto pagado por medio de los mecanismos de acreditamiento, compensación y devolución establecidos en la Ley referida.
“Si bien los contribuyentes cumplidos podrían ver afectado en el corto plazo su flujo de efectivo, las medidas que se proponen les permitirán competir en condiciones más equitativas con sus pares del sector informal, para quienes este gravamen sí es un impuesto definitivo”, se señala en el documento.
“Se estima que estas medidas permitirán obtener 2 mil 565 millones de pesos de recaudación adicional neta, es decir, después de las recuperaciones que efectúen los contribuyentes mediante acreditamientos, compensaciones o devoluciones, se subraya.
Destaca que con la finalidad de continuar consolidando este impuesto como un instrumento de control del flujo de efectivo, auxiliar en el combate a la evasión fiscal se estableció que no aplique en el caso de las personas morales, ni de las personas físicas que realizan actividades empresariales y profesionales.
Lo anterior porque se trata de contribuyentes que de conformidad con las diversas leyes fiscales se encuentran obligados a presentar pagos provisionales o definitivos mensuales de impuestos contra los cuales pueden acreditar o compensar el IDE de manera inmediata.
“Es importante resaltar que las personas antes mencionadas no se verán afectadas ya que, por un lado, tendrán derecho a la exención por los depósitos en efectivo que se efectúen en sus cuentas hasta por el monto de 15 mil pesos y, por el otro, podrán recuperar mensualmente el IDE que se les retenga por los depósitos que excedan dicho monto, acreditándolo contra el ISR de los pagos provisionales o compensándolo contra otros impuestos o solicitando su devolución”, menciona.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- En la reunión de trabajo también se avaló incrementar la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del 28 al 30 por ciento, con el fin de fortalecer los ingresos públicos y evitar un debilitamiento estructural en las finanzas del país.
El dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta también busca simplificar las disposiciones fiscales, estableciendo la mecánica para calcular los ingresos gravables provenientes de sociedades de inversión y para obtener la ganancia por la enajenación de acciones de la cartera accionaria de las sociedades de inversión.
La iniciativa del Ejecutivo Federal indica que el ajuste de la tarifa del ISR aplicable a las personas físicas y a la tasa aplicable a las empresas, así como la disminución a la reducción de la tasa aplicable al sector primario se estima generarán ingresos adicionales en 2010 por 45 mil 397.3 millones de pesos (mdp).
Destaca que la medida de ajustar durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 las tasas marginales de los últimos cinco tramos de la tarifa del ISR para las personas físicas en una proporción de 7.14 por ciento, tiene el fin de ubicar la tasa marginal máxima en 30 por ciento.
Añade que dicho ajuste no tendrá un impacto en la carga fiscal de las personas físicas que obtienen ingresos hasta por seis mil 663 pesos mensuales, equivalentes a cuatro salarios mínimos (SM); y un impacto moderado en la carga fiscal de las personas físicas con mayores ingresos, para quienes su ingreso disponible se reduce sólo entre 0.16 y 2.67 por ciento.
Para el ejercicio fiscal de 2013, las tasas marginales que se incrementarían se disminuyan proporcionalmente en 3.33 por ciento respecto a las vigentes en 2012, quedando la tasa máxima en 29 por ciento, y que a partir del ejercicio fiscal de 2014, las tasas marginales que se incrementarían regresarían a su nivel actual, ubicando la marginal máxima en 28 por ciento.
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.- Uno más fue el dictamen de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual se aprobó en sus términos en lo general y en lo particular.
Contiene diversas medidas relacionadas con bebidas alcohólicas, tabacos labrados, juegos con apuestas y sorteos, servicios de telecomunicaciones y cervezas.
En materia de telecomunicaciones, se modificó la iniciativa presidencial para disminuir el gravamen a las redes de telecomunicación del cuatro al tres por ciento; incluye Internet y cable, y excluye a la telefonía pública y fija rural.
La comisión de Hacienda aprobó que se incremente la tasa ad valorem vigente para dichas bebidas en tres puntos porcentuales, para llevarla de 50 a 53 por ciento, en lugar de la cuota adicional de 3.00 por litro, que planteó el Ejecutivo para estas bebidas.
En materia de tabacos labrados, la comisión dictaminadora coincide en el incremento de la carga fiscal en el IEPS mediante la implementación específica y propone que ésta se determine en función de las unidades de cigarros enajenados o importados y no por contenido de tabaco en gramos, como se proponía en la iniciativa original.
Para evitar riesgos de manipulación se considera necesario gravar los cigarros por unidad, tomando en cuenta el promedio de tabaco que contiene cada cigarro y que equivale a 0.75 gramos, cuya cuota sería de 0.1333.
Por lo que hace a la realización de juegos con apuestas y sorteos, se incrementa de 20 a 30 por ciento la tasa ad valorem, pues se acercaría a la que, en promedio, se aplica en el ámbito internacional y no pone en riesgo el crecimiento y consolidación de esta industria.
Por otra parte, en el dictamen se considera correcto aprovechar el potencial recaudatorio de la cerveza, ya que en los últimos ocho años el IEPS por su enajenación e importación equivale a poco más de 76 por ciento de la recaudación que se obtiene por otras bebidas alcohólicas.
Por ello se estima conveniente aumentar de manera temporal la tasa del impuesto aplicable a este producto, para ubicarla en 26.5 por ciento durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, reducirla a 26 por ciento en 2013, y finalmente ubicarla en su nivel actual de 25 por ciento a partir de 2014.
LEY FEDERAL DE DERECHOS.- Asimismo, se aprobaron reformas a la Ley Federal de Derechos, que señalan que las cuotas de los derechos que se establecen en dicha ley se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del diez por ciento.
Se contempla una serie de adecuaciones vinculadas a distintos temas, entre los que resaltan: servicios migratorios, cédula de identificación ciudadana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Energía, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, Organismos Genéticamente Modificados, Salud, servicios de Seguridad Privada, Puertos, Agua y Uso, Goce o Aprovechamiento de Bienes de Dominio Público de la Federación.
Entre los cambios, se señala que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios serán los contribuyentes que cubrirán los derechos por la supervisión de la operación y mantenimiento de las actividades de transporte y distribución por medio de ductos de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos.
Así como de los derechos por el análisis y expedición de los términos y condiciones que se emitan sobre dicha materia y sobre las ventas de primera mano del combustóleo y de los petroquímicos básicos.
Respecto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se permite a las casas de bolsa que para aplicar el beneficio de reducción de la cuota de derechos por servicios de supervisión de la CNBV, se considere como capital mínimo requerido para funcionar como casa de bolsa el equivalente en moneda nacional a tres millones de unidades de inversión.
Se establece un derecho por la expedición de licencias sanitarias para establecimientos que realicen actividades relacionadas con la producción, fabricación o importación de productos del tabaco; son reducidas las cuotas propuestas para la expedición de permisos de la liberación de organismos genéticamente modificados.
Del mismo modo, se plantea el cobro de una cuota mínima de 23 pesos para la reposición o renovación de la Cédula de Identificación Ciudadana. Se derogaron los derechos por la revalidación anual de la característica migratoria de estudiante; por la disposición de la forma migratoria de no inmigrante y de crucero.
En votación económica se desechó la propuesta del diputado José Narro Céspedes que planteaba la eliminación de los transitorios de la Ley Federal de Derechos.
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