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*EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, MÉXICO ESTÁ IGUAL QUE HACE 30 AÑOS

(AGENCIA NOTISIFA) Al presentarse el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para defender a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, el Gobierno de Felipe Calderón se hace cómplice de la guerra sucia que México sufrió durante los años 60 y 70.

“La actitud de Gómez Mont evidencia la falta de compromiso que tiene este Gobierno con la defensa de los Derechos Humanos, pues vemos que amén de la violación a este principio en las administraciones panistas, hoy exculpan a aquellos que han sido señalados por la CIDH y por el propio pueblo mexicano”.

Entrevistada en su oficina en la Cámara de Diputados, Enoé Margarita Uranga Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), acusa: “Calderón es cómplice y no podemos exculparlo a pesar de que está pidiendo que no se le pase la factura a su administración”.

En su escritorio se observan algunas carpetas con temas para tratarse en la Permanente Sin mediar pregunta, y antes de que llegue ésta, Uranga dice que en lo que toca a la reparación del daño que exige la CIDH a favor de los familiares de los desaparecidos, es a éstos a quienes les compete aceptar o no el pago de 238 mil 300 dólares.

Explica: “Rosario Ibarra y mi madre, quien también militó en la guerrilla, ha planteado que no se debe aceptar ni cinco centavos, pero hay quienes argumentan que aceptar la reparación del daño significaría dejar un antecedente y un reconocimiento de que existió la guerra sucia, y creo que son respetables ambas posiciones”.

Afirma que con la resolución de la CIDH en la que se determinó la culpabilidad del Estado Mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ocurrida el 25 de agosto de 1974 y lo condena a continuar su búsqueda, obliga también al Congreso a aprobar leyes para que esto no vuelva a suceder nunca más.

Precisa que Gómez Mont, en la audiencia del 7 julio pasado en la sesión de la Corte Interamericana, en Costa Rica, dijo que la desaparición de Radilla ocurrió 35 años atrás y que no se podía juzgar al México de hoy con parámetros de esa época y porque ahora se cuenta con un marco jurídico diferente.

La legisladora considera que los mexicanos no debemos olvidar lo ocurrido en aquellos tiempos en que operó por parte del Estado Mexicano, la persecución, la tortura y la desaparición en lo que fue la guerra sucia.

Dice que, efectivamente, desde el Congreso se debe examinar lo que la CIDH cuestiona: el fuero militar y la interpretación que el gobierno hace de las leyes; revisar esto y hacer una serie de reformas legislativas para garantizar que los militares que violaron y violen los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.

Uranga Muñoz, quien es secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, afirma que la resolución de la CIDH significa también un momento histórico y fundamental para obligar al gobierno a respetar los derechos humanos.

“Estamos –dice enfática- en las mismas circunstancias que hace 30 años: se siguen violando derechos humanos de mujeres, hombres, indígenas, homosexuales, lesbianas o de quienes simplemente son disidentes del gobierno.”

Frente a esto, destaca, “los diputados deberemos garantizar que en los mecanismos de las leyes no haya ni el menor escollo para que vuelva a haber una guerra sucia y dejar claro que la persecución, tortura, la desaparición son un delito, que se merecen penas severas y que garantice, más allá de las penas, que la justicia sea pronta y expedita”

Sobre si hay posibilidad de legislar sobre el tema en el próximo periodo de sesiones, hace una pausa, y con la mirada que se pierde en el infinito de sus hojas en manuscrito, Uranga dice: “no sé si tengamos posibilidad de legislar, si los demás partidos quieran, pero sí sé que es obligación del PRD presentar una propuesta lo más acabada posible.

Sí sé –sigue-, que lo que tenemos qué hacer con toda la responsabilidad y toda la seriedad es que sí se legisle, pero si al final no se legisla, tendremos un instrumento construido para seguir luchando, acompañados de la presión y solidaridad desde la Corte Internacional”, concluyó.