*GDF Y SETRAVI PRETENDEN IMPONER CON ENGAÑOS LA LLAMADA SÚPER RUTA
(DIFUNET).- La Secretaría de Transportes y Vialidad y el Gobierno del Distrito Federal pretenden imponer mediante engaños, presiones y hostigamiento la llamada Súper Ruta , la cual correría de la Basílica de Guadalupe al Toreo y están a punto de provocar un conflicto social porque, “esta ilegalidad la vamos a combatir con movimiento social”, afirma el dirigente de la ruta 18, José Luis Tenorio.
Como ha ocurrido durante el último mes y sobre todo esta semana, el gobierno de la ciudad envía granaderos, agentes del Ministerio Público y demás fuerza a sus órdenes con el fin de proteger la entrada en operación de los autobuses de la empresa Servicio Alternativo de Transporte SAPI de CV, a la cual autorizaron una tarifa de 10 pesos y 40 unidades de las 150 avaladas en el supuesto título concesión.
En tanto que las autoridades ya lograron inhibir al Grupo Metropolitano de Transporte (Ruta 110), Covilsa, y las rutas 2, 99 (de las más afectadas), 17, 89 y 3, los concesionarios de las Rutas 18 y 23 se resisten a dejar indefensos a sus agremiados,
José Luis Tenorio detalló que las autoridades del transporte les aseguran que la entrega del título concesión a Servicio Alternativo de Transporte es un mandato judicial. Sin embargo, nunca han exhibido tal ordenamiento ni a los transportistas directamente afectados como tampoco a la autoridad federal, la cual ya conoce del caso.
Ante esto, los transportistas consideran que todo es un ardid para beneficiar a esta empresa y pasar por sobre los derechos de los concesionarios actuales.
El argumento del gobierno surge de la presunta orden judicial que viene tras una promoción de varios litigios desde 1991, cuando Marcelo Ebrard era Subsecretario de Gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal. “Llama la atención que este asunto se haya resuelto ahora que Marcelo Ebrard es Jefe de Gobierno, pero sin ningún documento que lo avale hasta ahora”, declaró el dirigente.
Otro aspecto sospechoso es que la autorización se entregó a una persona física: Samuel Wigisser Kartul, el 26 de septiembre de 2008 y ese mismo día éste particular metió una solicitud en la SETRAVI para ceder los derechos a una persona moral, una empresa que, por cierto, no existía en aquel momento.
Las autoridades del Gobierno del Distrito Federal notificaron de forma unilateral, mediante un acto autoritario, que iba a entrar en operación la empresa. Negamos de manera contundente que haya sido parte de un convenio. Pero lo peor de todo esto es que a cada paso pretenden engañarnos, argumentaron los transportistas.
En las mesas de trabajo en la secretaría de Gobierno, mediante amenazas pretenden que los concesionarios acepten el presunto convenio logrado por la SETRAVI, mediante el cual la empresa sólo usufructuaría un ramal y 40 de los 150 autobuses autorizados.
“No hay constancia firmada por parte de la empresa y esto le daría oportunidad de impugnar el supuesto convenio de la SETRAVI; en cambio, vemos que nos quieren despojar de nuestro patrimonio y trabajo diario”, añadió Tenorio.
Mientras tanto, como ocurrió hoy y los días pasados, la presencia de granaderos y personal de la Dirección General de Gobierno en Cantera, atrás de la Basílica y en el panteón de Sanctorum cerca del Toreo continúa. “Con esto el gobierno están empleando tortura sicológica a los transportistas afectados por la entrada de esta nueva empresa”, añadió.
Esta acción el gremio transportista lo mira como una más de las acciones de la política de desplazamiento del transportista concesionado y afecta a grupos que están dentro de un convenio para renovar parque vehicular en el Corredor Reforma.
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