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*DENUNCIAN VECINOS ACTUACIÓN IRREGULAR DE SMA PARA FAVORECER A GASOLINERA

(DIFUNET).-Los vecinos del Conjunto Residencial Tlalpan II que luchan porque sea clausurada de forma definitiva una gasolinera en construcción a un lado de sus departamentos, afirman que sólo en México y en esta ciudad “la negligencia y los intereses económicos son más poderosos que la vida de las personas”, como se manifiesta en la autorización otorgada por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

Con documentos en las manos, durante su manifestación de esta mañana afirmaron: “Es inconcebible que una opinión técnica negativa tres meses después se cambie con una modificación sustancial al proyecto original: la construcción de un muro de concreto armado que, por cierto, no está siendo construido de concreto armado, sino de tabique y de menores dimensiones”.

Pero, además, Javier Méndez expresó que tan irregular está la construcción que “a raíz de nuestras denuncias, ya sacaron los tres tanques para ahora sí poner el piso de la fosa de concreto”.

Méndez exhibió la negativa de la Secretaría de Protección Civil cuya opinión técnica del 26 de febrero de 2009 afirma: “Es opinión de esta Dirección General de Prevención que el proyecto es de Alto Riesgo, al no cumplir con distanciamientos a viviendas y a centros de concentración masiva, de acuerdo con el artículo 63 Fracciones IV y V del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, por lo que se emite opinión técnica negativa al proyecto de Estación de Servicio”.

Sin embargo, el 18 de mayo la secretaría del Medio Ambiente otorgó la autorización en un tema que no le corresponde como es el de prevención, cuando aprobó las modificaciones al proyecto, como queda asentado: “El perímetro del predio, al norte, al poniente y al sur, tendrá un muro de concreto armado, con un espesor de 0.25 metros, a una altura de 25 metros”.

Es decir, afirmó Méndez, “una secretaría que debería dictaminar sobre emisiones contaminantes y asuntos de medio ambiente, da autorización por sobre la opinión de la de Protección Civil, la cual objetó la construcción por considerarla de alto riesgo y estar cercana a una unidad habitacional”.

El vocero de los vecinos que esta mañana nuevamente salieron a la calle a manifestarse, agregó que “sólo en esta ciudad se puede ver cosas de tal magnitud. Que una secretaría dictamine sobre algo que no le corresponde, pasando por encima del dictamen de otra secretaría, lo cual es totalmente irregular”.

Javier Méndez agregó: “Algo ocurre que tras nuestras manifestaciones de inconformidad, ahora están tratando de seguir las normas de seguridad porque estuvieron a punto de sellar los fosos con los tanques adentro, sin cumplir con las mínimas especificaciones de seguridad”.

Por eso, hoy terminaron de sacar los tres tanques contenedores para, entonces sí, realizar el piso de concreto que no había.

Finalmente, agregó que sería bueno que así como los reprimieron el pasado sábado para liberar la avenida de los Insurgentes Sur, lo mismo deberían hacer con el grupo que tiene cercada la Asamblea Legislativa.

POLÍTICA AL MARGEN

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*THE COCA COLA COMPANY Y EL DESPRECIO HACIA LAS OUTSOURCINGS

*LA SCJN DA ENTRADA A QUEJA DE ABUSO Y DESDÉN OFICIAL

Por: Jaime Arizmendi

(AGENCIA NOTISIFA) Será por eso que les dicen: las Aguas Negras del Imperialismo Yanki... Ángel Alvarado Agüero, quien durante más de 16 años ocupó importantes cargos en el imperio de The Coca Cola Company, un día, el 8 de mayo de 2007, le dijeron que había dejado de ser útil a la embotelladora trasnacional y sin mediar más, fue dado de baja. De entonces a la fecha, ha tenido que librar intensas y agobiantes batallas en los juzgados mexicanos en materia laboral, en busca de conseguir se le liquide conforme a la ley.

Como muchas otras de las miles de empresas de origen extranjero que operan en nuestro país, la refresquera elude sus compromisos laborales con un alto porcentaje de sus empleados al utilizar los servicios de una propia outsourcing; Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. de C.V., creada para que le contrate a la embotelladora personal calificado.

Con un grueso expediente que contiene comprobantes y copias de todo tipo de documentos que le permiten demostrar que él trabajaba para The Coca Cola Company y no para la subsidiaria SIAAGSA, Ángel ha tocado las puertas de abogados, de jueces, de diputados y ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Precisamente este lunes, el máximo tribunal de México dio entrada a un recurso de revisión del juicio de amparo, interpuesto en contra de The Coca Cola Company por las prácticas fraudulentas que en materia laboral y fiscal desarrolla la transnacional contra sempleados por medio de la outsourcing.

Obvio, el recurso fue interpuesto por el propio Alvarado Agüero, a partir de que el 27 de octubre pasado el pleno de la Cámara de Diputados avaló un punto de acuerdo interpuesto por el perredista Emilio Serrano; como por Francisco Hernández Juárez del mismo PRD y Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

Mediante el documento aprobado por los legisladores se hace un exhorto a las autoridades judiciales del país, “para que los procesos penales interpuestos con motivo de las irregularidades que esta empresa ha cometido en material laboral en contra de trabajadores mexicanos, se atiendan con oportunidad y legalidad”.

El recurso a que dio entrada la SCJN, es contra la resolución emitida en noviembre pasado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual no apreció en su análisis que The Coca Cola Company, creó la outsourcing Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. de C.V., para violar los derechos laborales de los trabajadores, ya que se acredita como empresa de servicios que no genera ganancias o si las genera son mínimas.

De ese modo, escamotea el pago de prestaciones a los trabajadores los cuales reciben salarios y prestaciones -en especial el reparto de utilidades- de una empresa de servicios que no reflejan realmente sus verdaderas ganancias. Más aún, los cesa cuando desea y elude cubrirles la liquidación correspondiente.

En ello se involucran todas las empresas que conforman el grupo de The Coca Cola Company y The Coca Cola Export Corporation tanto la estadounidense como la creada como Sucursal México en nuestro país; así como la supuesta empresa prestadora de servicios creada en México Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A.de C.V. con cuyas acciones merma los derechos de los trabajadores a su servicio consagrados en el artículo 123 constitucional.

Ante tal panorama se desprende que la empresa Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, Sociedad Anónima de Capital Variable es una empresa ilícita, creada para actos ilícitos, pues lo único que hace es despojar a los trabajadores de la producción de su derecho real al Reparto de Utilidades, a salarios y prestaciones bajos y prácticamente no remunerados y al pago de bajos impuestos o de plano al no pago de impuestos

La denuncia de Ángel Alvarado contra Coca Cola Company y sus filiales, es porque dicha empresa con el apoyo de las autoridades laborales del país, pretende encubrir su esquema de outsourcing para evitar el pago de prestaciones completo y correcto de los trabajadores.

Vale anotar que Ángel Alvarado Agüero fue despedido de manera injustificada, y después de ser presionado psicológicamente mediante una serie de amenazas en contra de su familia, porque se le negó la posibilidad de un plan de retiro internacional acorde a su status como funcionario de la multinacional.

Después de alterar su voluntad, la transnacional obligó a Ángel Alvarado a firmar su renuncia, manifestando que no tenía derecho alguno. Dichos actos se realizaron frente a un notario que se presta a dar fe de lo que no existe y jactándose de tener compradas a las autoridades en especial a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de que no emprendiera ningún proceso legal en su contra.

SIAAGSA alega que el despido de Ángel Alvarado fue por una supuesta violación al Código de Conducta Empresarial, Código que pertenece a The Coca Cola Company, que desde el punto de vista de la Ley del Trabajo, no tiene fundamento y está prescrita. Además de que la compañía no ha podido demostrar dichas imputaciones en los tribunales.

Después de analizar su situación laboral y jurídica que le generaron 16 años de trabajo en la multinacional, Ángel Alvarado inició una demanda laboral el 6 de junio del 2007, contra Coca-Cola Export Corporation, Sucursal México, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta especial número 16, número de expediente 390/207. Pero todavía nada. Parece que sus reclamos suenan huecos…

PICOTA

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*REELECCIÓN DE DIPUTADOS ¿OCURRENCIA PRESIDENCIAL?
*USAN FUNCIONARIOS DINERO PÚBLICO PARA CUIDAR IMAGEN
*INICIARON ENTREVISTAS PARA ELEGIR AL NUEVO AUDITOR

POR JORGE VELÁZQUEZ

(AGENCIA NOTISIFA) DICE CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO, hombre que ha sido “n” veces diputado que la Reforma del Estado solo es otra cortina de humo que tiende el presidente Calderón.

Retó a los periodistas de la fuente: “Les pregunto ¿qué importancia tiene si se reeligen o no los diputados? Estamos en una reunión convocada para las 12 y no hay nadie, o sea ¿qué ganan con que se reelijan los diputados? ¿Esa es la famosa Reforma del Estado del Presidente? Son ocurrencias.

Y de ahí el legislador se soltó: Los problemas de la gente están en otro lado. Está en que no hay empleo, en que los ricos no pagan impuestos; el problema de la gente está en que hay una inseguridad pública terrible, que la gente lo lamenta todos los días.

El problema está en que PEMEX está manejado con las “patas”. Ahí están los problemas, y la propuesta de que a cambio de todas las reformas indispensables para atender esos problemas, nos metamos a discutir ahorita si se reeligen o no los diputados, me parece totalmente fuera de lugar e inadecuado.

Lo que hay es una cortina de humo que el Presidente quiere tender cada que ve que su popularidad está a la baja, saca un decálogo o un poco tarde se le ocurre lo de la Reforma del Estado. Dijo.

Y aunque sus afirmaciones tiene mucho de fondo, César Augusto se contradice porque él fue uno de los más ácidos críticos del Poder Legislativo y sobre todo de la Cámara de Diputados, institución que, no de ahora, sino de hace muchas legislaturas, viene convirtiéndose en solo una caja de resonancia y que, al y como lo ha externado, la mayoría de los asuntos siguen en la congeladora.

Por eso, y aunque duela, la reelección es necesaria. No para tener legisladores como la mayoría de los que tiene la LVI Legislatura, sino en menor número, pero muy activos ante los problemas apremiantes del país.

Los asuntos que marca Augusto Santiago por supuesto que deben estar inscritos en la agenda de trabajo, pero, sin pretender darle por su lado al jefe del ejecutivo, sí es necesaria la reelección, tema que abordaremos con mucha profundidad en la siguiente entrega…

PARA ENFRENTAR “DE MANERA EFECTIVA y de cara a la sociedad” el problema de la delincuencia en México, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, detalló la estructura y funciones del Instituto Nacional de Prevención del Delito (INPD), que busca erradicar la duplicidad de funciones.

En la actualidad existen áreas en el gobierno federal, enfocadas a la misma tarea, explicó el legislador priista, que gastan alrededor de 143 millones de pesos; el INPD englobaría a estas dependencias, además de que contaría con personalidad jurídica propia y en un principio recursos cercanos a los 222 millones de pesos.

En su formación, continuó, el Instituto se formará con la Estructura Central y cinco Estructuras Regionales o Delegaciones, que se contemplan en el proyecto. Humberto Benítez Treviño subrayó que la prevención es piedra angular para tener éxito en las acciones contra el crimen organizado; es la medida alternativa que sustituirá en el futuro la prisión para delincuentes de baja peligrosidad, observó.

LOS DIPUTADOS DEL PARTIDO Verde buscarán frenar el proselitismo que realizan funcionarios públicos con recursos del Estado, so pretexto de promoción de obras y trabajos de gestión, para ello plantea diversas modificaciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En ese contexto el diputado Liborio Vidal Aguilar, explicó que su propuesta adiciona un artículo y modifica nueve de la ley antes mencionada, esto, dijo, coadyuvará a construir un nuevo federalismo e impedirá el abuso en los medios de comunicación para promover la imagen propia o de jefes superiores. “Con esta iniciativa, agregamos el artículo 63 bis, puntualizando que ningún servidor público podrá difundir logros de programas y eficiencia en el ejercicio programático presupuestal, salvo aquellos relacionados con la emisión del dictamen de la Auditoria Superior de la Federación respecto a la Cuenta Pública que corresponda. Tampoco, ningún funcionario podrá mentir a la población a través de actos o eventos públicos respecto a presupuestos asignados en la Ley Federal de Egresos de la Federación”.

De igual forma, propone crear mecanismos que eviten duplicidades de programas y se incorpora de manera integral a los órganos de gobierno estatales en la toma de decisiones desde el diseño de acciones y la ejecución, hasta las evaluaciones de recursos y su aplicación.:..

INICIÓ LA ETAPA DE entrevistas a 38 aspirantes al puesto de auditor superior. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside la diputada Esthela Damián Peralta (PRD), explicó que de los 42 aspirantes registrados previamente, sólo 38 cumplieron a cabalidad con los requisitos, “a tres les faltó entregar documentación y uno más desistió de participar”.

El pleno de la comisión avaló el formato para entrevistar a los candidatos, el cual consistirá en una exposición por parte del aspirante, hasta de 10 minutos; una intervención de cada grupo parlamentario, con una duración máxima de dos minutos y la respectiva respuesta de tres minutos; lo que dará un total de 45 minutos.

Ayer entrevistaron a Carlos Pérez Nava, Juan Felipe Calderón Montelongo, Rubén López Magallanes, Roberto Muñoz y Leos, Luis Grijalva Torrero, Julián Alfonso Olivas Ugalde, Jorge Valdés Aguilera, Estanislao Pérez García, Gregorio Guerrero Pozas, Arnulfo Ruiz Fonseca, Juan Manuel Portal Martínez, Alberto González Hernández y María Guadalupe del Rosario Chéquer Mencarini…

EL DIPUTADO PANISTA GUADALUPE VERA Hernández, presentó una iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito y de Instituciones de Crédito, para que el Banco de México emita disposiciones generales relativas al formato, contenido y medidas de seguridad de los cheques, y con ello, proteger los derechos de los clientes y beneficiarios, así como fortalecer la confianza y seguridad del sistema financiero.

Se busca que cuando una institución de crédito se niegue a pagar un cheque, deberá señalar el motivo de tal devolución mediante un sello o impresión, por lo que la medida brindaría mayor protección a las partes para que, en su caso, tengan elementos para asistir a los tribunales a reclamar la indemnización correspondiente…NOS LEEREMOS LA PRÓXIMA ENTREGA…

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*EL RECTOR DE LA BUAP SUMA PROPIEDADES

Fernando Pérez Corona

(AGENCIA NOTISIFA) Su ritmo de vida es ostentoso, con numerosos viajes a diversas playas y fiestas de nuevo rico, autos de lujo y un séquito de guardaespaldas

PUEBLA, Pue. No sólo su estrambótica forma de vestir resalta en el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Enrique Agüera Ibáñez, sino también su constante intención de demostrar el crecimiento acelerado de su fortuna, después de formar parte de la clase media baja en su natal Poza Rica.

Con cinco años al frente de la máxima casa de estudios y recientemente electo para seguir en el cargo hasta 2013, el ex director del Instituto Estatal de Administración Pública tiene una casa en La Vista Country Club, donde el metro cuadrado está valuado en dos mil dólares; además de otras propiedades entre las cuales destaca una finca de casi dos hectáreas en la zona del Oasis, cerca de la presa de Valsequillo.

El ex director de la Facultad de Administración de la BUAP, quien actualmente tiene un sueldo de 60 mil pesos mensuales, también tiene viviendas en Veracruz y Acapulco, y otras en Angelópolis, en el fraccionamiento El Encanto y en la colonia Barrio de Arboledas, las cuales están registradas a nombre de sus familiares y amigos.

En su patrimonio también están incluidos varios automóviles de colección, además de otros vehículos de lujo que maneja personalmente, bajo la vigilancia de un grupo de guardaespaldas.

Usa aviones y helicópteros, sobre todo desde el aeropuerto de Toluca, para viajar a Estados Unidos y a playas mexicanas, según las bitácoras de vuelo.

En este tiempo, prácticamente ningún medio de comunicación ha criticado al maestro en administración de empresas, como consecuencia de los más de 200 millones de pesos que cada año destina en publicidad a los medios de comunicación locales, que optan por resaltar la inclusión de Agüera en la lista de los líderes mexicanos con mayor influencia, su participación en convivios al lado del gobernador del Estado de México y sus “maratones de obra”, que consisten en inaugurar muchos trabajos en un día.

Un reportaje de la revista Contralínea (de junio de 2006) parece el único antecedente de periodismo crítico contra él. La publicación informó que poseía “un conjunto de 20 condominios en Playa del Carmen (…); un edificio nuevo de dos mil 500 metros cuadrados en un terreno de cinco hectáreas para albergar en Veracruz el campus de una de sus universidades; otro terreno de diez mil metros cuadrados en la reserva territorial Atlixcáyotl para edificar el nuevo campus de la Universidad de Oriente; un condominio en las torres Argents de Angelópolis y un motel”.
Cuando esa edición de Contralínea llegó a los puestos de periódicos, los ejemplares fueron adquiridos por personal de la Rectoría.

Los ingresos de Agüera como rector representaron, entre 2004 y 2009, menos de 3.5 millones de pesos, cantidad que ni siquiera le permitiría pagar una décima parte de sus propiedades; sin embargo, la austeridad sólo es aplicada en la BUAP, porque su vida personal ostentosa es evidente desde su forma de vestir hasta sus fiestas particulares, dignas de los nuevos ricos.

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*EXIGIÓ URANGA MUÑOZ DISCULPAS PÚBLICAS A JERARCA CATÓLICOS POR EXPRESIONES HOMOFÓBICAS

(AGENCIA NOTISIFA) La diputada federal Enoé Uranga Muñoz, del PRD, acusó al clero de querer destruir la cultura laica de nuestro país, y que para ello cuenta con cómplices de la política institucional, por lo que exigió a la presidencia de la república demande a todas las iglesias respeto al principio de laicidad, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Lo anterior, por las agresiones públicas del cardenal Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio de Operadores Sanitarios de El Vaticano, en el sentido de que “lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca la reino de los cielos…” Esta declaración, agregó, constituye una flagrante violación a la Constitución Político que responde a los intereses de un estado extranjero, como lo es El Vaticano, es una injerencia de ofende a la soberanía del pueblo de México.

Por tanto, demandó que la Secretaría de Gobernación aplique la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano y que exija una disculpa pública para con las personas lesbiana, gays, bisexuales y transgénero, por los mismos medios de comunicación por los que fue difundida la agresión.

Al presentar una proposición con Punto de acuerdo para exigirle al clero católico el respeto al marco de laicidad y el respeto de los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero, la legisladora del PRD precisó que sus reclamos no son en contra de la fe o de las creencias que profesan los mexicanos, sino en contra de políticos religiosos que carecen de autoridad moral.

“Políticos de El Vaticano como Lozano Barragán tienen en su historial actos en los que ha quedado en entredicho su honestidad y compromiso con la vida. Han sido omisos, encubridores y cómplices de diversos delitos y delincuentes. Independientemente de ello, ni el más querubín de El Vaticano tiene la autoridad moral y menos política, para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país”.

Espero, dijo, que esta soberanía tenga claro que “no será el representante de un Estado injerencista el que me venga a insultar y a amenazar impunemente en territorio mexicano”, y que no debemos dejar que “utilicen su basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para transformar el fortalecimiento del Estado laico.

La diputada Enoé Uranga Muñoz se declaró culpable de ser dueña de su soberano cuerpo, de sus multiorgasmos y de su laico placer, y que ella no se quiere ir al cielo de los pederastas.

¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas? ¿Al cielo de Marcial Maciel y Ratzinger, quien no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes Nazis? ¿Al cielo de donde fueron excomulgados Hidalgo, Morelos, y las muy señoras pecadoras Josefa Ortiz y Leona Vicario? ¿Al cielo de quienes torturaron y asesinaron a Gertrudis Bocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas sobre la infinitud del universo? ¿Quién quiere ir a un cielo sin Leonardo Da Vinci, Audre Lorde, Miguel Ángel, Frida Khalo, sin Albert Einstein, Simone de Beauvoir, Juana de Asbaje, un cielo sin Marcel Marceau?
¿De qué sirve ir a un cielo donde no se pueda reír?, citó a Lutero, concluyó.

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*SOLICITÓ ESPINO A FELIPE CALDERÓN ASUMIR RESPONSABILIDAD

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA) El ex dirigente nacional del PAN y actual presidente de Organización Demócrata Cristiana de América, Manuel Espino Barrientos, solicitó al jefe del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, asumir la responsabilidad “ante el fracaso de una guerra fallida” contra el crimen organizado.

En una carta abierta, precisó que “en la frontera enfrentamos cada día como un reto frente a la vida y la muerte. A la cifra de ejecuciones, misma que se ha duplicado desde que inició su embestida contra el crimen, se han sumado innumerables acciones que padecemos el grueso de los ciudadanos. Antes los narcotraficantes eran las principales víctimas de la violencia; hoy los más afectados somos los juarenses productivos y honestos”.

A título personal y como un ciudadano más, agregó que “es evidente el dramático incremento en la violencia que la guerra por usted declarada trajo a la frontera. Reconózcalo, señor Presidente”.

Manuel Espino manifestó que “no hay lugares para convivir sanamente: comer en un restaurante, celebrar una boda o una graduación, son actividades de alto riesgo. No sólo son extorsionados los grandes empresarios o los profesionistas de la clase media, también los trabajadores de las maquiladoras y los vendedores ambulantes”.

En el documento enviado al Presidente Felipe Calderón, reveló que la semana pasada su familia fue amenazada y en caso de no pagar “la cuota” algunos de sus miembros “serán secuestrados”, además de recordar que hace algunos meses su casa fue allanada por elementos del Ejército mexicano.

“Lo triste es que nuestra situación no tiene nada de extraordinario, es la realidad de cualquier familia juarense. Ese es el verdadero saldo de la guerra contra el narcotráfico”, indicó el líder de la ODCA.

Aseguró que las estadísticas de supuestos criminales arrestados y de “dosis que no llegarán a las calles” pregonadas por la publicidad del Gobierno Federal no compensan la angustia de los padres forzados a pagar para que las escuelas de sus hijos no sean ametralladas.

Espino expresó que “no le he escatimado mi apoyo ni el de la organización internacional que presido. Sin embargo, ha llegado el momento de señalar con toda firmeza que su decisión es tan acertada como errada es la estrategia: los resultados están a la vista de todos, estamos ante una guerra fallida, ante un estéril derramamiento de sangre que me impele a pedirle que asuma la responsabilidad de la tragedia en Ciudad Juárez. Enviar al Ejército y a las fuerzas de la Policía Federal no justifica su ausencia en esta comunidad fronteriza”.

Además de la amenaza que han recibido los integrantes de su familia, “conocemos personas que fueron ejecutadas y amigos nuestros que han sido secuestrados”.

Recordó el episodio de agosto pasado, cuando el Ejército ingresó a su casa sin una orden de cateo para revisarla por un supuesto “pitazo”.
“No le he escatimado mi apoyo ni el de la organización internacional que presido (ODCA). Sin embargo, ha llegado el momento de señalar con toda firmeza que su decisión es tan acertada, como errada es la estrategia (aplicada)”.

Por esto, el duranguense se sumó al “Ya Basta” que miles de juarenses acaban de expresar en la marcha por la paz. Ni un muerto más”.

Espino pidió a Calderón “que atienda a Ciudad Juárez como prioridad del Estado mexicano y que reflexione sobre el saldo sangriento que su decisión provocó en la vida de esta comunidad fronteriza, que tanto le ha dado a la República”.

El panista demandó que empeñe su palabra y haga evidente esta situación, porque “es imprescindible su presencia en esta ciudad”, porque “la presencia de militares y de policías federales no ha pasado de tener efectos escenográficos”.

La carta abierta concluye con una frase que resume la exigencia de todos los juarenses: “Si en la aurora de su sexenio se distinguió por ser un presidente de guerra, ahora que inicia el ocaso nos urge que sea un presidente de paz y que así se le recuerde”.

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*LLEGÓ CASO COCA COLA “OUTSOURCING” A LA SCJN
*SE SUMAN MÁS DIPUTADOS A LA CAUSA QUE ENCABEZA ÁNGEL ALVARADO AGÜERO

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a un recurso de revisión del juicio de amparo, interpuesto en contra de The Coca Cola Company por las prácticas fraudulentas que en materia laboral y fiscal desarrolla esta empresa transnacional en contra de trabajadores mexicanos, por medio del mecanismo denominado “outsourcing”.

Este recurso fue interpuesto por el ex trabajador de Coca Cola, Ángel Alvarado Agüero luego de que el pasado 27 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados dio entrada a un punto de acuerdo interpuesto por el legislador federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Emilio Serrano.

Asimismo, avalado por otros representantes populares, entre ellos Francisco Hernández Juárez del mismo instituto político y Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT), en el cual se exhorta a las autoridades judiciales de la República Mexicana para que los procesos penales interpuesto con motivo de las irregularidades que esta empresa ha cometido en material laboral contra trabajadores mexicanos se atiendan con oportunidad y legalidad.

El recurso al que dio entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la resolución emitida el pasado mes de noviembre por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual no apreció en su análisis que The Coca Cola Company, creó una empresa de servicios llamada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. de C.V., para violar los derechos laborales de los trabajadores ya que esta se acredita como una empresa de servicios que no genera ganancias o si las genera son mínimas.

De esta manera se escamotea el pago de prestaciones a los trabajadores los cuales reciben salarios y prestaciones -en especial el reparto de utilidades-, de una empresa de servicios que no reflejan realmente sus verdaderas ganancias.

Estas son las acciones que realiza la empresas del grupo de The Coca Cola Company y The Coca Cola Export Corporation tanto la Norteamericana como la creada como Sucursal México en nuestro país, así como la supuesta empresa prestadora de servicios creada en México Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A.de C.V..
Con su actuar, merma los derechos de los trabajadores a su servicio consagrados en el artículo 123 constitucional.

Ante tal panorama se desprende que la empresa Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, Sociedad Anónima de Capital Variable es una empresa ilícita, creada para actos ilícitos, pues lo único que hace es despojar a los trabajadores de la producción de su derecho real al Reparto de Utilidades, a salarios y prestaciones bajos y prácticamente no remunerados y al pago de bajos impuestos o de plano al no pago de impuestos

La denuncia de Ángel Alvarado en contra de Coca Cola Company y sus filiales es porque esta empresa con el apoyo de las autoridades, laborales del país, pretende encubrir su esquema de outsourcing para evitar el pago de prestaciones completo y correcto de los trabajadores.

PRESIONADO PSICOLÓGICAMENTE.-Ángel Alvarado Agüero, ex director de The Coca Cola Company y sus filiales fue despedido de manera injustificada, por parte de Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA), filial de The Coca-Cola Company el 8 de mayo del 2007.

Esto, después de ser presionado psicológicamente mediante una serie de amenazas en contra de su familia, porque se le negó la posibilidad de un plan de retiro internacional acorde a su status como funcionario de la multinacional.

Después de alterar su voluntad, la transnacional obligó a Ángel Alvarado a firmar su renuncia, manifestando que no tenía derecho alguno.

Dichos actos se realizaron frente a un notario que se presta a dar fe de lo que no existe y jactándose de tener compradas a las autoridades en especial a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de que no emprendiera ningún proceso legal en su contra.

SIAAGSA alega que el despido de Ángel Alvarado fue por una supuesta violación al Código de Conducta Empresarial, Código que pertenece a The Coca Cola Company, que desde el punto de vista de la Ley del Trabajo, no tiene fundamento y está prescrita.

Además de que la compañía no ha podido demostrar dichas imputaciones en los tribunales.

Después de analizar su situación laboral y jurídica que le generaron 16 años de trabajo en la multinacional, Ángel Alvarado inició una demanda laboral el 6 de junio del 2007, contra Coca-Cola Export Corporation, Sucursal México, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta especial número 16, número de expediente 390/207.

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*SOLICITÓ SEGOB A ESPARZA EL LEVANTAMIENTO DE LA HUELGA DE HAMBRE

Aurora Cordero Pérez

(AGENCIA NOTISIFA) Sobre la base del diálogo y de la búsqueda de soluciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a Martín Esparza el levantamiento de la huelga de hambre que mantienen algunas y algunos ex trabajadores, “así como evitar el bloqueo de oficinas de instancias federales”.

Este domingo por la noche, la Secretaría de Gobernación (Segob) comunicó de manera directa y puntual a Martín Esparza que el Gobierno Federal ha dispuesto todo lo necesario a efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de liquidador de Luz y Fuerza del Centro, garanticen la incorporación al Seguro de Salud para la Familia de todos los ex trabajadores de la extinta compañía, así como de sus beneficiarios, lo cual incluye a los ex trabajadores que no han realizado su proceso de indemnización laboral voluntario.

En un comunicado de prensa, manifestó que “se garantiza la continuidad en la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria a todos los ex trabajadores del extinto organismo y a sus beneficiarios por un año”.

Continúo, “como se ha reiterado públicamente, y en lo particular al señor Martín Esparza, el Gobierno Federal es sensible a la situación de los ex trabajadores, y esta nueva acción, sumada a la serie de alternativas productivas y laborales que se están ofreciendo, refrenda la voluntad expresa del gobierno de atender, por la vía del diálogo y la conciliación, problemas específicos que con justa razón preocupan a quienes laboraron en Luz y Fuerza del Centro”.

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*TRATAN DE TAPAR IRREGULARIDADES EN LA GASOLINERA EN CONSTRUCCIÓN EN INSURGENTES SUR

(DIFUNET).- Como resultado de la manifestación de este sábado y la mesa de análisis que los vecinos del Conjunto Residencial Tlalpan II consiguieron para el jueves en el Gobierno Central, la empresa dueña de la gasolinera que se construye en la Avenida de Los Insurgentes Sur 4097 comenzó a tratar de enderezar las irregularidades en la construcción y esta mañana sacó uno de los tanques que estaba ya sumergido en una fosa, porque no cumple con las especificaciones de seguridad.

Ayer durante la manifestación, el vocero de los vecinos Javier Méndez expresó que una de las mayores irregularidades en la construcción, es que los tres tanques de 100 mil litros cada uno deben ser cubiertos por una fosa de concreto reforzado con un grosor de 25 centímetros y que tras las denuncias sólo se había iniciado la colocación de la barrera en los costados, pero no en el fondo de la cavidad.

“Creemos que la misma gente de la delegación les está dando la información de las cosas que nosotros estamos impugnando; hasta ayer no habíamos dado a conocer el tema de lo mal e irregular que hicieron en la puesta de los tanques y qué casualidad que hoy por la mañana aparece todo para tratar de arreglar dicha anomalía”, destacó Javier Méndez.

Esta mañana, alrededor de las 7:00 horas llegó una grúa para sacar el tanque más próximo a la avenida de Los Insurgentes, el cual ya había sido envuelto con arena, con el fin de poner el piso de concreto reforzado. Asimismo, aún hay dos tanques que están más cerca de la zona habitacional, los cuales no fueron removidos y como el primero, tampoco cumplen esta parte de las especificaciones.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades y alrededor de las 11 horas llegó al lugar el Jefe de la Unidad Departamental de Atención a Emergencias de Protección Civil de Tlalpan, Marco Antonio Rangel Aranda, quien se comprometió a realizar un reporte detallado del movimiento realizado por la empresa, cuyo representante legal también se presentó al lugar.

“Esta es sólo una de las tantas irregularidades que hemos encontrado de muchas con las cuales fue otorgada la licencia de construcción. Y por lo ocurrido hoy, parece que no sólo luchamos en contra de un empresario inconsciente, sino también en contra de un entramado de complicidades dentro de la propia delegación de Tlalpan o quizá alguna otra instancia del Gobierno del Distrito Federal”, aseguró el vocero Javier Méndez.

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*EL CASO COCA COLA-OUTSOURCING LLEGA A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Por ARMANDO ALCANTARA

(AGENCIA NOTISIFA) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a un recurso de revisión del juicio de amparo, interpuesto en contra de The Coca Cola Company por las prácticas fraudulentas que en materia laboral y fiscal desarrolla esta empresa transnacional en contra de trabajadores mexicanos, por medio del mecanismo denominado outsourcing.

Este recurso fue interpuesto por el ex trabajador de Coca Cola, Ingeniero Ángel Alvarado Agüero luego de que el pasado 27 de octubre el pleno de la Cámara de Diputados dio entrada a un punto de acuerdo interpuesto por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Emilio Serrano y avalado por otros legisladores, entre ellos Francisco Hernández Juárez del mismo partido y Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT), en el cual se exhorta a las autoridades judiciales del país para que los procesos penales interpuesto con motivo de las irregularidades que esta empresa ha cometido en material laboral contra trabajadores mexicanos se atiendan con oportunidad y legalidad.

El recurso al que dio entrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la resolución emitida el pasado mes de noviembre por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el cual no apreció en su análisis que The Coca Cola Company, creó una empresa de servicios llamada Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A. de C.V., para violar los derechos laborales de los trabajadores ya que esta se acredita como una empresa de servicios que no genera ganancias o si las genera son mínimas.

De esta manera se escamotea el pago de prestaciones a los trabajadores los cuales reciben salarios y prestaciones -en especial el reparto de utilidades- de una empresa de servicios que no reflejan realmente sus verdaderas ganancias.

Estas son las acciones que realiza la empresas del grupo de The Coca Cola Company y The Coca Cola Export Corporation tanto la Norteamericana como la creada como Sucursal México en nuestro país, así como la supuesta empresa prestadora de servicios creada en México Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, S.A.de C.V.. Con su actuar, merma los derechos de los trabajadores a su servicio consagrados en el artículo 123 constitucional.

Ante tal panorama se desprende que la empresa Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia, Sociedad Anónima de Capital Variable es una empresa ilícita, creada para actos ilícitos, pues lo único que hace es despojar a los trabajadores de la producción de su derecho real al Reparto de Utilidades, a salarios y prestaciones bajos y prácticamente no remunerados y al pago de bajos impuestos o de plano al no pago de impuestos

La denuncia de Ángel Alvarado en contra de Coca Cola Company y sus filiales es porque esta empresa con el apoyo de las autoridades, laborales del país, pretende encubrir su esquema de outsourcing para evitar el pago de prestaciones completo y correcto de los trabajadores.

Ángel Alvarado Agüero, ex director de The Coca Cola Company y sus filiales fue despedido de manera injustificada, por parte de Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA), filial de The Coca-Cola Company el 8 de mayo del 2007. Esto, después de ser presionado psicológicamente mediante una serie de amenazas en contra de su familia, porque se le negó la posibilidad de un plan de retiro internacional acorde a su status como funcionario de la multinacional.

Después de alterar su voluntad, la transnacional obligó a Ángel Alvarado a firmar su renuncia, manifestando que no tenía derecho alguno. Dichos actos se realizaron frente a un notario que se presta a dar fe de lo que no existe y jactándose de tener compradas a las autoridades en especial a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de que no emprendiera ningún proceso legal en su contra.

SIAAGSA alega que el despido de Ángel Alvarado fue por una supuesta violación al Código de Conducta Empresarial, Código que pertenece a The Coca Cola Company, que desde el punto de vista de la Ley del Trabajo, no tiene fundamento y está prescrita. Además de que la compañía no ha podido demostrar dichas imputaciones en los tribunales.

Después de analizar su situación laboral y jurídica que le generaron 16 años de trabajo en la multinacional, Ángel Alvarado inició una demanda laboral el 6 de junio del 2007, contra Coca-Cola Export Corporation, Sucursal México, en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Junta especial número 16, número de expediente 390/207.