*DEBATE CATÁLOGO DE DELITOS GRAVES, CADENA PERPETUA Y PENA DE MUERTE
(AGENCIA NOTISIFA).-En las discusiones sobre el artículo 22 de la Carta Magna del Constituyente de 1917, “Cuando no basta para corregir el mal, la aprehensión de la policía, de la fuerza armada, sino que viene de tal manera el mal acentuándose y aumentando, al grado de que son incapaces los medios preventivos para contenerlo, entonces quiere decir que se está en un Estado anormal…”. Aceptar la pena de muerte en México sería admitir la claudicación del Estado en su tarea de garantizar la seguridad pública y la impartición de justicia.
Cuando aceptamos la discusión de la Pena de Muerte, como parte de un Foro más amplio sobre la revisión del catálogo de delitos graves y la cadena perpetua, ello no implicó en modo alguno condescender con la aplicación de la pena capital.
Convergencia se opone de manera enfática y contundente a la reinstauración de la Pena de Muerte en México. Las opiniones vertidas, a favor y en contra, a lo largo del Foro no han hecho más que fortalecer nuestra posición.
Aquí no se expresó ninguna opinión, ningún dato contundente, que permitiera suponer que la aplicación de la pena de muerte disminuiría los delitos a los que se pretendería atacar con esta medida; señaladamente, el secuestro.
El Grupo Parlamentario Convergencia estamos ciertos de que la única manera de terminar con ese y otros delitos es ir de manera directa a las causas que los motivan: la descomposición social que aqueja al país y la falta de compromiso del Estado mexicano para emprender una reforma integral en materia de seguridad y justicia.
En el primer caso, la exclusión social, la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades son campo fértil para la aparición y el crecimiento de los delitos. La mayoría de las víctimas de los delitos más comunes son pobres, la mayoría de los que delinquen también.
En el segundo caso, la inacción o la incapacidad del Estado para combatir a los criminales, lleva a la impunidad y como sabemos ésta es el principal aliciente para la comisión de delitos. Cuando el riesgo de ser aprehendido y castigado es mínimo, para muchos vale la pena correrlo.
En México se cometen anualmente casi 12 millones de delitos, de los cuales, menos de un millón y medio se denuncian ante el Ministerio Público, es decir 12 por ciento del total.
De ese millón y medio de delitos denunciados, únicamente se consignan alrededor de 248 mil ante el juez: 18 por ciento del total. De estos se obtiene condena sólo en 190 mil casos. En suma, 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes.
La Propia Comisión de los Derechos Humanos de nuestro país ha rechazado que se reinstale la pena de muerte señalando la elevada ineficiencia del Ministerio Público y el funcionamiento "poco profesional que ha caracterizado a sus órganos auxiliares como la policía judicial".
Existen también los compromisos internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos, suscritos por nuestro país, como:
• El “Pacto de San José”, donde el país compromete a no restablecer la pena capital después de abolida.
• El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte de la ONU (1981).
• El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1989).
La abolición de la pena de muerte es una tendencia a nivel mundial desde hace años el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, aprobado y proclamado por la Asamblea General de la ONU en 1989, suscribe que la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar progresivamente los derechos humanos.
Sergio D`Elia, de la organización “Que nadie toque a Caín”, que da seguimiento al tema, revela que América sería un continente prácticamente libre de la pena de muerte en el periodo 2004-2005, si no fuese por las 59 ejecuciones en Estados Unidos.
Nadie niega la gravedad del delito de secuestro, nadie regatea a una sociedad con miedo, su derecho a ser protegida. Nadie olvida el dolor de las víctimas, ni se niega su justo reclamo.
Lo que no podemos aceptar es un Estado claudicante de sus obligaciones y que con una medida contraria a toda racionalidad se pretenda disuadir a quienes delinquen.
La obligación del Estado es propiciar condiciones de convivencia armónica entre los miembros de la sociedad y castigar a quienes infrinjan las normas que nos hemos dado para vivir seguros y en paz.
Convergencia no quita el dedo del renglón y seguiremos insistiendo en la reforma integral al sistema de procuración y administración de Justicia que presentamos desde la LXI Legislatura, y que incluye propuestas como la homologación de los códigos penales estatales o reformas en materia de readaptación social. Estas dos medidas tendrían mayor impacto en el combate al delito del secuestro que la pena de muerte.
Busquemos la cohesión social y la inclusión, no la venganza; acabemos con la impunidad, no con la vida.
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