*MULTAS Y CÁRCEL A QUIENES DIFAMEN A CANDIDATOS: ZAMORA JIMÉNEZ
Por: Aurora Cordero Pérez
(AGENCIA NOTISIFA) De cien a doscientos días de multa y prisión de uno a seis años a quien injurie o difame a las instituciones, autoridades electorales, partidos políticos, precandidatos, candidatos o coaliciones, propuso el diputado federal priista Arturo Zamora Jiménez, al presentar una adición al artículo 412 Bis del Código Penal.
La iniciativa presentada durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador por el Estado de Jalisco, señaló que si el responsable fuese funcionario electoral, partidista, precandidato, candidato o servidor público, la pena será de 200 a 300 días de multa y prisión de dos a nueve años.
Destacó que al incorporar al Código Penal Federal un nuevo modelo delictivo, se pretende proteger no solamente el derecho a la propia imagen del individuo o institución objeto de injuria o difamación, sino también tutelar el marco de libertad que debe rodear todo proceso preelectoral o electoral, y apuntó que pese a la prohibición que ha realizado en reiteradas ocasiones el Instituto Federal Electoral, en cuanto al uso de mentiras, infamias, injurias, ofensas, difamaciones e intromisiones en la vida privada de los candidatos que aspiran a ocupar algún cargo público de elección, este tipo de conductas no se han evitado.
Zamora Jiménez expuso que la intención de ofender con fines preelectorales o electorales representa, en todo caso, un elemento esencial del tipo subjetivo, por lo tanto, no será necesario que se dé el resultado (causar deshonra a la víctima) bastando que la comunicación pueda causarle al ofendido riesgo de dañar su credibilidad o la buena imagen pública.
Asimismo, refirió que durante los últimos procesos electorales se han vivido contiendas intensas y competidas, en cuyo caso, para las autoridades responsables de la vigilar, velar y custodiar la democracia, ha implicado resolver inconformidades, impugnaciones y quejas que se han presentado en procesos de diferentes entidades, así como en el ámbito federal, por el uso excesivo de ofensas, infamias o injurias que se han realizado en contra de precandidatos, candidatos o instituciones políticas.
Por último, el diputado federal del PRI manifestó que los delitos electorales tienen como finalidad el tutelar diferentes bienes jurídicos como son el derecho de sufragio que tiene cada ciudadano para emitir su voto, la función electoral adecuada, el desarrollo normal de los procesos electorales con transparencia y limpieza, así como la garantía sobre la secrecía del voto, todo ello con la finalidad de mantener la permanencia democrática de las instituciones, de los partidos políticos y los derechos de quienes intervienen o participan en los procesos comiciales.
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