*JURIDICAMENTE VIABLE, LA REINSTAURACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN MÉXICO
Por FRANCISSCO ROBLES R.
(AGENCIA NOTIASIFA) “La viabilidad jurídica para la reinstauración de la pena de muerte existe, sin que esto implique un obstáculo a lo dispuesto por los diversos tratados, convenios, pactos y protocolos suscritos por nuestro país en lo que se compromete a suprimir o eliminar esta figura penal”
En caso de reinstaurar la Pena de Muerte, como una medida excepcional para combatir el secuestro y el homicidio calificado de ninguna manera México violaría Tratados Internacionales, aseguró la diputada del Partido Verde Adriana Sarur Torre
La también secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, sostuvo que de acuerdo con el análisis que realizó el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, CEDIP, de la Cámara de Diputados, los Tratados Internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las Leyes Federales y en segundo plano respecto de la Constitución.
“Tras un minucioso estudio, el CEDIP concluyó la viabilidad jurídica para la reinstauración de la pena de muerte existe, sin que esto implique un obstáculo a lo dispuesto por los diversos tratados, convenios, pactos y protocolos suscritos por nuestro país en lo que se compromete a suprimir o eliminar esta figura penal”, preciso.
Destaco que de acuerdo a Amnistía Internacional, un grupo de 15 países, se han reservado la pena de muerte en casos excepcionales, lo cual a propiciado que en algunos instrumentos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención de los Derechos de los Niños se prevean disposiciones relacionadas con ella. Estos países aún y cuando han firmado y ratificado estos instrumentos continúan aplicando la medida.
La diputada ecologista, dejó en claro que la propuesta del Partido Verde, pretende la aplicación de la pena de muerte de forma excepcional, en un número reducidos de casos, pues se busca sancionar con ella sólo las expresiones más graves de la delincuencia.
Refirió que algunos tesis demuestran que el efecto intimidatorio que provoca la pena capital se comprueba en casos individuales que han sido documentados, donde los criminales han admitido que la pena capital fue la amenaza específica que les detuvo de cometer un homicidio bajo ciertas circunstancias, por temor a ser ejecutados.
De tal forma, que no existe impedimento jurídico alguno, como aseguran los “abolicionistas” para que no se reinstaure la pena capital en nuestra nación”, concluyó
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