GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
*REGULAR CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA ADICCIONES, PIDE PRI
*LAS LLAMADAS “CLÍNICAS TERAPÉUTICAS” SON VERDADERAS CÁRCELES DE CASTIGOS, CRISTINA DÍAZ SALAZAR.
*LOS SERVICIOS GENERALES DE AA PERDIERON EL CONTROL DE ESOS ESPACIOS QUE OPERABAN Y AÚN OPERAN SIN SEGUIR NINGÚN TIPO DE NORMATIVIDAD.
(REDACCION ATLACOMULCO).- El PRI manifestó la urgencia de impulsar acciones para regular el funcionamiento de los centros dirigidos a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones, ya que se han detectado sitios clandestinos donde se cometen todo tipo de atropellos, como violaciones, mutilaciones y torturas.
Al presentar iniciativa para hacer reformas a la Ley General de Salud, la diputada priista María Cristina Díaz Salazar, expuso que el grave problema es que no hay un control sobre la apertura o cierre de estas llamadas “clínicas terapéuticas”, y apuntó que según la Encuesta Nacional de Adicciones, hay en el país 465 mil pacientes que requieren atención especializada, cuatro millones de personas necesitan atención breve y el 80 por ciento de la población busca algún tipo de prevención universal para drogas.
La también Secretaría General del CEN del PRI detalló que de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones establecen, en el país existen 1,730 centros de atención o rehabilitación para pacientes en internación, de los cuales sólo 450 cuentan con certificación y 200 más están en proceso de legitimación. De esos lugares, 10 son Centros de Integración Juvenil, 20 centros estatales y 400 clínicas privadas, además de que al menos 1,300 centros fueron fundados por ex adictos, sin un protocolo y gente profesional.
De igual forma, refirió que en el país se contabilizan seis mil grupos de los llamados “Jóvenes 24 horas”, pero también se encuentran las agrupaciones instaladas por la Sociedad Mexicana de Alcohólicos Anónimos, que cuentan con anexos que operan sin apego a la norma.
Manifestó que las terapias dirigidas en esos anexos consisten en violencia física y verbal, con una alimentación sumamente pobre, por lo que en nada coadyuvan a la rehabilitación de un paciente crónico, e incluso señaló que se sabe que a los familiares de los adictos se les exige una despensa mensual o semanal, que nunca llega al enfermo, a quien se les suministran comidas que les provocan severos daños a su salud.
La legisladora priísta advirtió que el que estas “granjas” funcionen sin una regulación oficial ha ocasionado que en algunas de ellas, se hayan registrado homicidios causados por golpes propinados por los mismos cuidadores, que obligan a los internos a trabajar y a pagar cuotas de poder.
Recordó que desde la década de los 80 comenzaron a proliferar en el país los llamados grupos y anexos de internamiento “terapéuticos” fuera de orden que, de acuerdo a la junta de custodios de la Unidad de Servicios de Recuperación Alcohólicos Anónimos, no son más que verdaderas cárceles de castigos.
Precisó que los Servicios Generales de AA perdieron el control de esos espacios que operaban y aún operan sin seguir ningún tipo de normatividad ni lineamiento básico de autoayuda y recuperación de su doctrina.
Díaz Salazar abundó que esos anexos o granjas no sólo atienden a enfermos alcohólicos, sino a adictos de otros tipos de drogas, y mencionó que según Alcohólicos Anónimos, se han convertido en minas de oro explotadas por adictos no rehabilitados y por enfermos mentales.
Reiteró que sólo el 26 por ciento de dichos centros cuentan con la certificación de las autoridades sanitarias para operar, y dijo que corresponde a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dar seguimiento y verificar la forma en que operan y que no se cometan abusos en contra de las personas enfermas, y en caso que se contravengan las disposiciones se apliquen los procedimientos administrativos y penales contra de quien resulte responsable.
Díaz Salazar indicó que si se aprueba su propuesta, se dará mayor seguridad a las personas que reciben tratamiento contra las adicciones, además se podrá verificar que los establecimientos especializados en adicciones cumplan con los lineamientos establecidos en la NOM-028-SSA2-2009.
*LAS LLAMADAS “CLÍNICAS TERAPÉUTICAS” SON VERDADERAS CÁRCELES DE CASTIGOS, CRISTINA DÍAZ SALAZAR.
*LOS SERVICIOS GENERALES DE AA PERDIERON EL CONTROL DE ESOS ESPACIOS QUE OPERABAN Y AÚN OPERAN SIN SEGUIR NINGÚN TIPO DE NORMATIVIDAD.
(REDACCION ATLACOMULCO).- El PRI manifestó la urgencia de impulsar acciones para regular el funcionamiento de los centros dirigidos a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones, ya que se han detectado sitios clandestinos donde se cometen todo tipo de atropellos, como violaciones, mutilaciones y torturas.
Al presentar iniciativa para hacer reformas a la Ley General de Salud, la diputada priista María Cristina Díaz Salazar, expuso que el grave problema es que no hay un control sobre la apertura o cierre de estas llamadas “clínicas terapéuticas”, y apuntó que según la Encuesta Nacional de Adicciones, hay en el país 465 mil pacientes que requieren atención especializada, cuatro millones de personas necesitan atención breve y el 80 por ciento de la población busca algún tipo de prevención universal para drogas.
La también Secretaría General del CEN del PRI detalló que de acuerdo a las cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones establecen, en el país existen 1,730 centros de atención o rehabilitación para pacientes en internación, de los cuales sólo 450 cuentan con certificación y 200 más están en proceso de legitimación. De esos lugares, 10 son Centros de Integración Juvenil, 20 centros estatales y 400 clínicas privadas, además de que al menos 1,300 centros fueron fundados por ex adictos, sin un protocolo y gente profesional.
De igual forma, refirió que en el país se contabilizan seis mil grupos de los llamados “Jóvenes 24 horas”, pero también se encuentran las agrupaciones instaladas por la Sociedad Mexicana de Alcohólicos Anónimos, que cuentan con anexos que operan sin apego a la norma.
Manifestó que las terapias dirigidas en esos anexos consisten en violencia física y verbal, con una alimentación sumamente pobre, por lo que en nada coadyuvan a la rehabilitación de un paciente crónico, e incluso señaló que se sabe que a los familiares de los adictos se les exige una despensa mensual o semanal, que nunca llega al enfermo, a quien se les suministran comidas que les provocan severos daños a su salud.
La legisladora priísta advirtió que el que estas “granjas” funcionen sin una regulación oficial ha ocasionado que en algunas de ellas, se hayan registrado homicidios causados por golpes propinados por los mismos cuidadores, que obligan a los internos a trabajar y a pagar cuotas de poder.
Recordó que desde la década de los 80 comenzaron a proliferar en el país los llamados grupos y anexos de internamiento “terapéuticos” fuera de orden que, de acuerdo a la junta de custodios de la Unidad de Servicios de Recuperación Alcohólicos Anónimos, no son más que verdaderas cárceles de castigos.
Precisó que los Servicios Generales de AA perdieron el control de esos espacios que operaban y aún operan sin seguir ningún tipo de normatividad ni lineamiento básico de autoayuda y recuperación de su doctrina.
Díaz Salazar abundó que esos anexos o granjas no sólo atienden a enfermos alcohólicos, sino a adictos de otros tipos de drogas, y mencionó que según Alcohólicos Anónimos, se han convertido en minas de oro explotadas por adictos no rehabilitados y por enfermos mentales.
Reiteró que sólo el 26 por ciento de dichos centros cuentan con la certificación de las autoridades sanitarias para operar, y dijo que corresponde a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dar seguimiento y verificar la forma en que operan y que no se cometan abusos en contra de las personas enfermas, y en caso que se contravengan las disposiciones se apliquen los procedimientos administrativos y penales contra de quien resulte responsable.
Díaz Salazar indicó que si se aprueba su propuesta, se dará mayor seguridad a las personas que reciben tratamiento contra las adicciones, además se podrá verificar que los establecimientos especializados en adicciones cumplan con los lineamientos establecidos en la NOM-028-SSA2-2009.
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