*PLANTEÓ CNDH AL SENADO LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS TENGAN ACCESO A LA JUSTICIA
Por: Ignacio Arellano Mora
(AGENCIA NOTISIFA) Los migrantes indocumentados que sean víctimas de algún delito en México tengan acceso a la justicia, sin necesidad de acreditar su situación o calidad migratoria legal, asó lo planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Senado de la República.
Mediante oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gustavo Enrique Madero Muñoz, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, propuso –con base en la facultad que le otorga el artículo 6°, fracción VIII de la Ley de la CNDH —, la derogación del Artículo 67 de la Ley General de Población, que ordena a las autoridades federales, estatales y municipales exigir a los extranjeros que tramitan asuntos de su competencia acreditar su condición migratoria, para efectuarlos.
Resaltó Soberanes Fernández que si bien la reciente reforma a Ley General de Población despenaliza la migración, con lo que se cancelan oportunidades para la corrupción, la delincuencia y la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes, “es importante que en ese afán de evolución legislativa, se permita el acceso a la justicia a todos aquellos migrantes carentes de documentos que acredite su legal estancia en el país, quienes sufren en su perjuicio conductas antijurídicas” y “se privilegie su estatus de víctimas de delito, independientemente de su situación migratoria”.
Precisó que la actual Ley General de Población y su Reglamento –que datan de 1974—, son “insuficientes e incapaces de responder a las exigencias actuales del fenómeno migratorio, ya que se basan en una visión restrictiva de la migración, a partir de la cual se ha desplegado una política represora y limitativa, que resulta incongruente y contraria al espíritu de los instrumentos internacionales que en materia de migración y derechos humanos, ha suscrito México, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Sobre la Condición de los Extranjeros y la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares”.
El ombudsman nacional Soberanes Fernández concluyó que México se ha convertido en un escenario propicio para las más penosas violaciones a los derechos de los migrantes, quienes en su paso por el país enfrentan abusos, extorsión y secuestros por parte del crimen organizado y otro tipo de grupos de personas que lucran con la vulnerabilidad de las personas migrantes indocumentadas.
Por: Ignacio Arellano Mora
(AGENCIA NOTISIFA) Los migrantes indocumentados que sean víctimas de algún delito en México tengan acceso a la justicia, sin necesidad de acreditar su situación o calidad migratoria legal, asó lo planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Senado de la República.
Mediante oficio dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gustavo Enrique Madero Muñoz, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, propuso –con base en la facultad que le otorga el artículo 6°, fracción VIII de la Ley de la CNDH —, la derogación del Artículo 67 de la Ley General de Población, que ordena a las autoridades federales, estatales y municipales exigir a los extranjeros que tramitan asuntos de su competencia acreditar su condición migratoria, para efectuarlos.
Resaltó Soberanes Fernández que si bien la reciente reforma a Ley General de Población despenaliza la migración, con lo que se cancelan oportunidades para la corrupción, la delincuencia y la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes, “es importante que en ese afán de evolución legislativa, se permita el acceso a la justicia a todos aquellos migrantes carentes de documentos que acredite su legal estancia en el país, quienes sufren en su perjuicio conductas antijurídicas” y “se privilegie su estatus de víctimas de delito, independientemente de su situación migratoria”.
Precisó que la actual Ley General de Población y su Reglamento –que datan de 1974—, son “insuficientes e incapaces de responder a las exigencias actuales del fenómeno migratorio, ya que se basan en una visión restrictiva de la migración, a partir de la cual se ha desplegado una política represora y limitativa, que resulta incongruente y contraria al espíritu de los instrumentos internacionales que en materia de migración y derechos humanos, ha suscrito México, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Sobre la Condición de los Extranjeros y la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares”.
El ombudsman nacional Soberanes Fernández concluyó que México se ha convertido en un escenario propicio para las más penosas violaciones a los derechos de los migrantes, quienes en su paso por el país enfrentan abusos, extorsión y secuestros por parte del crimen organizado y otro tipo de grupos de personas que lucran con la vulnerabilidad de las personas migrantes indocumentadas.
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