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*INCORPORAR A LA ECONOMÍA INFORMAL AL PAGO DE IMPUESTOS

(AGENCIA NOTISIFA) La Comisión Especial de Análisis de Políticas de Creación de Nuevos Empleos se manifestó por impulsar un marco normativo para que los productores y trabajadores informales se integren a la economía estructurada, desde el registro ante las autoridades hacendarias hasta el cumplimiento de las obligaciones tributarias o los cambios de situación fiscal, pero con menores costos y máximos beneficios sociales.

En su plan de trabajo, su presidente, diputado federal Isaías González Cuevas, del PRI, destacó que atender el tema constituye un compromiso ineludible para el Poder Legislativo, por lo que es fundamental una reconversión del sector de la economía informal a la estructurada, sin menoscabo de los derechos e intereses de quienes hoy se dedican por necesidad a ese tipo de actividades haciendo exigible su derecho al trabajo lícito.

Se trata, mencionó, de generar espacios propicios para las soluciones comunes. Por un lado, es necesario integrar al padrón de contribuyentes a amplios grupos sociales que hoy no se encuentran registrados, pero también se trata de que una vez integrados, adquieran las ventajas sociales de pertenecer a la economía formal, entendiendo que deben cumplir obligaciones fiscales.
El nuevo marco de incorporación fiscal de los comercializadores y productores del sector informal deberá estar construido con reglas sencillas, de fácil comprensión y con facilidades para su cumplimiento.

Asimismo, con un esquema de trámites limitado a lo indispensable, desde el registro hasta el cumplimiento de las obligaciones tributarias, administración de autogestión, contribuciones adecuadas al tipo de actividad, con una orientación y asesoría técnica permanente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y con el apoyo y asesoría de las autoridades judiciales (Procuraduría General de la República) para facilitar, sin reprimir, a quienes se orienten a su reincorporación a la economía estructurada.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, también se plantea establecer una nueva Ley Nacional de Fomento Productivo, con el propósito de establecer las bases para el desarrollo dinámico de un proceso de sustitución de importaciones que incentiven a las empresas nacionales existentes o de nueva creación, que produzcan internamente productos de calidad, y se reduzca la importación legal y la ilegal, que daña la economía y el empleo nacionales.

Se busca propiciar un proceso de sustitución de las exportaciones de materias primas, creando infraestructura necesaria, para que estas contengan mayor valor agregado; revisar el papel y el marco legal que rige las prácticas de comercio exterior y los tratados internacionales, para utilizar todos los instrumentos disponibles y ponerlos al servicio de la industria y los servicios nacionales.

Incentivar en materia fiscal y crediticia a las empresas formales que generen empleos, particularmente a las Pyme, que son el soporte de la generación de empleos y sus productos nacionales; establecer estímulos fiscales (en los tres niveles de gobierno) a las empresas que inviertan en México; fomentar las empresas de nueva creación a través de estímulos fiscales para su desarrollo y fortalecimiento.

La Comisión Especial prevé fijar un compromiso con las tiendas de autoservicio y demás comercios establecidos para que un gran porcentaje de su oferta se constituya con productos de procedencia nacional; facilitar los trámites administrativos para las empresas que demuestren mayor composición de origen nacional en sus productos o servicios.

Del mismo modo, generar acuerdos con los comerciantes de la vía pública que posibiliten la comercialización de por lo menos 80 por ciento de productos nacionales; desarrollar desde el sector público y el privado una campaña nacional de carácter permanente para incentivar el consumo de productos nacionales y promover los mecanismos necesarios para la reconversión del comercio en general, a fin de que impulsen el consumo de productos nacionales.

Se pronuncia por crear un programa de empleos de urgencia, ya que la situación económica mundial ha generado graves afectaciones en el empleo en todos los sectores productivos a escala nacional, particularmente en el sector secundario de la economía.

Es fundamental, subrayó, estructurar un conjunto de planes y programas de amplia cobertura para generar y diseñar los mecanismos mediante los cuales se pueda, usando los presupuestos de los tres niveles de gobierno en cada entidad federativa, llevar a cabo proyectos que requieran el uso extensivo de mano de obra, por un tiempo suficiente para generar ingresos de tal magnitud que incidan en el consumo agregado de la economía.

Su objetivo consiste en aumentar la masa salarial a escala nacional, ya que incluso con esta medida se podría incurrir en déficit público.

Enfatizó que la afectación de las finanzas públicas sería transitoria, pues la dinámica de la recuperación económica tendría los efectos benéficos de generar mayor recaudación fiscal, reforzando la seguridad social y el ahorro agregado de los trabajadores, que redundaría en círculos virtuosos de inversión productiva, mayores niveles de consumo de la población, superiores exportaciones de bienes y servicios, y mejor infraestructura física.