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*MÉXICO, SEXTO LUGAR MUNDIAL EN CRIMEN ORGANIZADO

(AGENCIA NOTISIFA) De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México ocupa el sexto lugar entre los países con mayor presencia de crimen organizado, sólo por debajo de Afganistán, Irak, Paquistán, Nigeria y Guinea Ecuatorial.

La fuerza de la delincuencia organizada radica, en algunos casos, en las alianzas y vínculos que ha logrado establecer con funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, desde mandos policiales hasta esferas políticas. Los transgresores corrompen a las autoridades a fin de mantenerse impunes.

Así lo señaló la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en una iniciativa que presentará al Pleno para reformar el artículo 22 de la Constitución, con el propósito de establecer la prisión vitalicia en los casos de delitos de delincuencia organizada, cuando hayan sido cometidos por un funcionario público o éste hubiera participado durante el tiempo en que dura su mandato.

Destacó que la actual estrategia del gobierno para combatir al crimen organizado no será eficiente si antes no se rompen las redes financieras y los nexos entre delincuentes y el poder político.

Alude que si bien prisión vitalicia podría ser cuestionable ante los principios constitucionales establecidos en torno a la sentencia, es necesario señalar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado su viabilidad.

Agregó que la posibilidad de que la pena pudiera exceder de 60 años (tiempo máximo que el propio ordenamiento legal prevé), no implica que sea inhumana, cruel o infamante; por el contrario, cumple con los objetivos constitucionales de que sea ejemplar, intimidatoria, correctiva, eliminatoria y justa.

La legisladora planteó que diversos grupos delictivos han logrado relacionarse con la clase política, particularmente a nivel municipal; se calcula que entre el 50 y 60 por ciento de las alcaldías a nivel nacional podrían tener algún vínculo con grupos del narcotráfico.

Detalló que respecto a la problemática de los municipios, ante la corrupción imperante, los funcionarios públicos han sido "capturados" por delincuentes, principalmente vía sobornos, amenazas, extorsiones, nexos de amistad o familiares.

Lagunes Viveros subrayó: que cada entidad federativa ha expedido el correspondiente marco legal que atribuye facultades a sus autoridades para actuar en esta importante labor, pero aún no se refleja una disminución en actividades relacionadas con la delincuencia organizada.

Añadió que no basta con depurar los cuerpos policiales; se requieren investigaciones orientadas a deslindar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en actos de corrupción, complicidad o encubrimiento. En caso de comprobar su culpabilidad, los funcionarios podrán recibir la pena de prisión vitalicia.