martes, 9 de diciembre de 2008

BOLETIN INFORMATIVO

*AMENAZA EL CRIMEN ORGANIZADO CON INFILTRARSE EN PARTIDOS

Por FRANCISCO ROBLES R.

(AGENCIA NOTISIFA)
El legislador federal José Luis Espinosa Piña, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, advirtió que el crimen organizado amenaza con insertarse en órganos de gobierno y partidos políticos, para influir en la toma de decisiones, “y ante ello no estamos blindados; es un nuevo mecanismo que nos obliga a construir una solidaridad nacional”.

Lo anterior, durante la presentación del libro “Blindaje Electoral y Derechos Sociales”, editado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), en donde añadió que es necesario impulsar una mejor ciudadanización para fortalecer el blindaje de la política ante el crimen organizado.

Afirmó el diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) que blindar la política, construir ciudadanía y educación son tareas indeclinables del Estado mexicano, pero también se requiere la ciudadanización, promover una mayor intervención, colaboración y participación social y diseñar mecanismos jurídicos que garanticen que su ejercicio estará ajeno a intereses o visiones sectarias”.

En la medida en que se fortalezcan los procesos de corresponsabilidad y participación, los blindajes serán cada vez más necesarios, agregó.

Además, dijo que se requiere observación, fiscalización y sanción para tener certeza de que los recursos públicos serán bien utilizados y responderán a las necesidades colectivas.

En este sentido, indicó que no existe ninguna normatividad que permita la observación y vigilancia ciudadana, un sistema de denuncia y de control, o protección de la distribución de programas sociales.

ELIMINAR EL CLIENTELISMO Y LA CORRUPCIÓN.- Enseguida, la diputada Ruth Zavaleta Salgado, vicepresidenta de la Mesa Directiva, destacó la pertinencia del texto, dado que “hemos entrado al proceso electoral de 2009, y debe servinos para observar y atender la forma en que podemos evitar que los recursos públicos sean utilizados a favor de algún partido o algún candidato en especial”.

Afirmó que es necesario exigir a los gobernantes un verdadero blindaje de los programas sociales, eliminar el clientelismo y la corrupción, construir una nueva forma de quehacer político y una sociedad con una cultura de participación electoral que fortalezca los pilares de la democracia.

Se pronunció por impulsar el fortalecimiento de la ciudadanía y evitar el crecimiento de la pobreza y la marginación, sin embargo informó que este año se incrementará en un millón el número de pobres en México.

Destacó que un proceso de ciudadanización obliga a considerar los programas de los candidatos o partidos y el cumplimiento de sus promesas.
Afirmó que actualmente no se trata sólo de acudir a las urnas a votar, sino de exigir el cumplimiento de lo prometido en campaña, de que se rindan cuentas.

Señaló que si México se perfila a la mercantilización de la política y, por lo tanto, a la compra y venta del voto electoral, es necesario redirigir el trabajo político.

“La mercantilización de la política se da en múltiples formas y pasa desapercibida cuando se focalizan programas sociales”.

EL ÁMBITO LOCAL ES EL MÁS VULNERABLE.- En su participación, Magdy Martínez-Soliman, representante presidente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) México, indicó que el blindaje de los programas sociales ante las elecciones es un tema que trasciende coyunturas político-electorales.

Agregó que es tarea de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, gobiernos estatales y municipales, sociedad en general y organismos internacionales.

“Juntos podemos poner candados particularmente resistentes en puertas que se pueden abrir sobre el abismo de la delincuencia organizada”, acotó.

Destacó que el ámbito local es el más vulnerable a la compra y coacción del voto y es “por donde debe empezar el blindaje ciudadano para poner los primeros candados”.

Dijo que la publicación interviene en una coyuntura oportuna en México para retomar la reflexión y la acción sobre la protección de los programas sociales en el proceso electoral.

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