*ANTE ALTOS COBROS DE LUZ, PRI PIDE CREAR COMISIÓN NACIONAL DE NIVELACIÓN TARIFARIA
*ESTABLECERÁ LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS TARIFARIAS, DIJO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO.
*POR FALTA DE REGLAS CLARAS IMPERAN ABUSOS, INEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES.
(REDACCION ATLACOMULCO).- Ante los constantes reclamos de la población respecto a la opacidad e inexplicable manera con la que se calculan y determinan los cobros por consumo de energía eléctrica, sin existir hasta el momento un mecanismo claro para establecer tarifas, la fracción del PRI propuso crear la Comisión Nacional de Nivelación Tarifaria del sector público.
Ello, sostuvo el diputado César Augusto Santiago, tendrá como propósito establecer las políticas y lineamientos que preserven la equidad en el marco tarifario de servicios que presten las entidades del sector eléctrico, y así evitar abusos en el cobro por consumo de energía.
No hay duda, sostuvo, que por carecer de reglas claras, imperan los abusos, las ineficiencias y las irregularidades, de ahí la necesidad de defender los intereses de los millones de usuarios.
El servicio de energía eléctrica es una función estatal que se presta por conducto de entidades paraestatales en beneficio de los habitantes del país y que tiene un carácter prioritario a favor de millones de mexicanos, por lo que no debe verse como un elemento del mercado.
Al presentar ante el pleno iniciativa para hacer reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, César Augusto Santiago Ramírez afirmó que dicha Comisión permitirá conocer al sector desde la realidad y la visión de los usuarios, y advirtió que la unilateralidad para determinar tarifas, los mecanismos para dirimir las controversias, la clase de medidores o el establecimiento de formas de pago, no tiene futuro de aprobarse dicha propuesta.
Expuso que en los últimos meses se ha percibido una creciente e imparable alza en los precios y tarifas, y apuntó que la descompostura de los medidores, la irregularidad en la toma de lecturas, la deficiencia en transformadores y otros pormenores técnicos imputables a la Comisión Federal de Electricidad, son situación que se presentan de manera frecuente.
Asimismo, manifestó que la automatización del cobro ha aparejado la reducción de las instancias de aclaración o queja, y así los recibos que emite la CFE es cosa juzgada, sin que exista autoridad administrativa o judicial que evite la afectación de los usuarios.
Santiago Ramírez explicó que al tratarse de un servicio de primera necesidad, los ciudadanos, en la mayoría de los casos, prefieren realizar un pago injusto, por excesivo y por no corresponder con el consumo, que establecer una controversia con la Comisión Federal de Electricidad, por temor a que se les suspenda el suministro de energía. Eso, dijo, ante la intimidación, un abuso del poder del Estado frente a la necesidad del ciudadano.
En consecuencia, el diputado priista refrendó que la definición de las tarifas es poco clara, por lo que son recurrentes las denuncias ciudadanas sobre la poca transparencia o la alta discrecionalidad con que los operadores del servicio de energía eléctrica resuelven, o pretenden resolver, los planteamientos ciudadanos sobre cobros indebidos, lecturas no sólo mal practicadas sino mal calculadas.
Ante este panorama, indicó que la propuesta tiene la visión de crear una entidad que tenga diversas atribuciones y las ejerza desde la perspectiva de un servicio público en que el tema central es el consumidor, el usuario, la persona.
Detalló que en el régimen constitucional del Estado mexicano, la soberanía nacional ha mantenido y deberá sostener la prestación de servicios públicos prioritarios para el desarrollo del país, sin embargo, en los hechos suele olvidarse que se trata de un servicio público que presta el Estado por conducto de las empresas creadas para ello.
Reiteró que el propósito es y será preservar patrimonialmente a la Comisión Federal de Electricidad y demás entidades públicas que presten el vital servicio, ya que ello garantizará, no sólo de derecho sino en los hechos, el ejercicio de dicha función por el Estado.
“Nos interesa el fortalecimiento de las empresas encargadas de la prestación del servicio, pero no a costa de los derechos y el bienestar de las personas, de las familias, de la industria, no a través de procedimientos que provocan incertidumbre e inseguridad jurídica en los usuarios”, planteó el diputado priista.
De esta manera, manifestó que la iniciativa tiene como objetivo establecer un colectivo que convoque a entidades públicas federales, con la concurrencia de expertos y conocedores de la industria y las necesidades de los usuarios en los términos de la Constitución federal.
Además generará una dinámica que procure resolver las dificultades que hemos apuntado, particularmente en términos de transparencia en los procesos definitorios de tarifas y en la atención de las demandas ciudadanas y de las personas morales, al tiempo que realice planteamientos que fortalezcan la competitividad de la industria y el comercio como fuentes de empleos, concluyó.
