*El Menor Violado en Oaxaca, ¿Punta del Iceberg Pederasta?
*Policías Locales Detienen Elementos de la AFI que Investigan Denuncia
*Policías Locales Detienen Elementos de la AFI que Investigan Denuncia
Por Jaime Arizmendi
(AGENCIA N OTISIFA) .—¿Otra raya más al tigre?… Como si no fueran suficientes los agudos problemas que atiborran de papeles el escritorio del gobernador de Oaxaca: el reinicio de las acciones desestabilizadoras de la APPO, la movilización y paros magisteriales con locas tomas de casetas de peaje y de oficinas públicas, y la lucha soterrada del EPR; todo ello acidulado con el cruento homicidio de dos comunicadoras indígenas y el saber que comanda una entidad tan pobre que más de la mitad de su población calza huaraches o anda descalza; ahora, los abusos sexuales cometidos en contra de un menor que advierten el riesgo de una red de pederastas, alzan una ola de protestas.
La madre del pequeñito de escasos cuatro años de edad, Leticia Valdés Martell, se armó de valor y al lado de su familia se declara dispuesta a soportar las amenazas, atentados, hostigamiento y persecución de que son objeto por parte de pistoleros o policías a sueldo de los victimarios de su hijo, sin lograr su objetivo de intimidarla para que “olvide la acusación”.
De acuerdo a doña Leticia y a su abogado, José Bonilla Sada, es evidente que en torno de los delincuentes que no sólo violaron al menor, sino hasta le tomaron videos y fotografías: el maestro de Computación, Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la directora del Instituto San Felipe, Yolanda León Ramírez, “son protegidos por altas autoridades del gobierno estatal”.
Decidida a romper el imperio de la impunidad que priva en el estado de Oaxaca, el 23 de mayo de 2007, hace un año, se inició una denuncia penal en contra de esos pederastas oaxaqueños; sin embargo, luego de las investigaciones judiciales el Juzgado Tercero de lo Penal libró las órdenes de aprehensión de la causa penal 133/2007, pero nada. “La protección que se realiza con la fuerza y el aparato del Estado, necesariamente se traduce en complicidad y en un abierto mensaje de impunidad en el Estado, cerrando el camino de la justicia”, sostiene Bonilla Sada.
El jurista sostuvo que la administración estatal, al incumplir la recomendación 04/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para dar cumplimiento a las aprehensiones respectivas en contra de los acusados, “no sólo no ha procedido, sino por el contrario, se ha evidenciado con la sociedad y las autoridades federales, al proteger abiertamente a dichos delincuentes”.
Peor aún, “el 27 de marzo pasado, aproximadamente a las 12:35 horas, agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que se encuentran en Oaxaca para cumplir las órdenes de aprehensión que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha omitido llevar al cabo, fueron detenidos por policías locales, cuando estaban siguiendo un automóvil como parte de sus investigaciones, no obstante que se identificaron. Los tuvieron encañonados durante treinta minutos, evitando que pudieran seguir al objetivo y en donde suponen se encontraba alguno o los dos prófugos de la justicia”.
Ello --subrayó--, “acredita la protección que las altas autoridades estatales le han brindado a los prófugos de la justicia del Instituto San Felipe, lo cual es inaceptable e incomprensible”. Es de mencionar que Magdalena García Soto, es la única detenida en torno al caso.
Ante esta preocupante situación, el abogado cuestiona: “¿Qué significa para el gobierno estatal una recomendación más de la CNDH? Evidentemente nada, pues continúa manejando un doble discurso. Sólo hace prevalecer los intereses económicos y políticos de su círculo de amistades, despreciando y burlándose de los derechos de los niños, de las mujeres, de la sociedad y de las autoridades federales”.
De acuerdo a la averiguación previa 191(DS)/2007, radicada ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el maestro de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, están acusados de los delitos de violación, corrupción de menores, pornografía infantil y asociación delictuosa en agravio del hijo de la señora Valdés Martell.
Lo que es peor, durante la última diligencia de interrogatorio celebrada en Oaxaca, un hermano de Magdalena García Soto, amenazó a Leticia Valdés mediante señales corporales. Además, con frecuencia es seguida de cerca por vehículos sin placas que se le cierran a su automóvil, en evidente intento por intimidarla a ella y sus familiares. Ante ello, la diputación perredista acaba de anunciar que presentará otra solicitud de juicio político en contra del gobernador Ruiz Ortiz. ¡Pobre Ulises!, en medio de tanta bronca, ya nadie le hace caso y los pederastas siguen impunes.
