*RECHAZÓ CNDH LA PENA DE MUERTE EN MÉXICO
Por: Ignacio Arellano Mora.
(AGENCIA NOTISIFA) En relación con la propuesta de las autoridades del Estado de Coahuila para reformar la Constitución federal y restablecer la pena de muerte en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su abierto rechazo a tal posibilidad.
Más que buscar nuevas penalidades en contra de quienes ejecuten a sus víctimas tras privarlas de la libertad, es indispensable hacer que los secuestradores sean identificados, perseguidos, aprehendidos, llevados a juicio y castigados con severidad y sin privilegios, tal y como lo establece el orden jurídico en vigor, señaló el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández.
El abatimiento de la impunidad delictiva será posible solamente como resultado de investigaciones profesionales, hechas por autoridades y policías capacitadas, no amafiadas con organizaciones criminales, como suele ocurrir con frecuencia y cuyos errores agregarían nuevas imperfecciones al funcionamiento de la justicia, considera el Ombudsman nacional.
Además de resultar contraria a los derechos establecidos en el orden jurídico nacional y a todas las normas e instrumentos internacionales suscritos por México, la reinstalación de la pena de muerte representaría un retroceso e incluso un peligro, por la elevada ineficiencia del ministerio público y el funcionamiento poco profesional que ha caracterizado a sus órganos auxiliares como la policía judicial, bajo cualquiera de sus denominaciones circunstanciales.
La CNDH consideró que la pena de muerte no tiene cabida en el México actual, a pesar de que continúa el debate sobre su posible aplicación, alimentado por la crisis de la seguridad pública, en la que el secuestro y la violencia del narcotráfico se han hecho evidentes en la vida cotidiana.
Los hechos de violencia han ocasionado que diversos sectores de la población discutan la posibilidad de restablecer dicha pena para secuestradores y narcotraficantes, cuando el origen del problema está en la elevada impunidad del delito debido a deficiencias de los órganos encargados de prevenir, investigar y sancionar eficazmente esas conductas.
En distintos momentos, en México la pena de muerte fue debatida y recogida en los textos constitucionales hasta alcanzar su abolición definitiva en el año 2005.
Con la modificación al artículo 22 constitucional quedó prohibida y México se adhirió a dos tratados internacionales en la materia: el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, y el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desde 2007 es parte de dichos instrumentos.
Ante la preocupación sobre el tema, la CNDH estableció desde 1993 un Programa en Contra de la Pena de Muerte que en la actualidad continúa su labor a través del Programa de Beneficios de Libertad Anticipada, Traslados Penitenciarios y Contra la Pena de Muerte.
La tendencia universal respecto de la pena de muerte consiste en abolirla definitivamente, no obstante, en el Continente Americano hay casos de regresión en algunos estados nacionales.
El Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte adoptado el 8 de junio de 1990, sólo ha sido ratificado por 10 de los 35 estados miembros de la OEA.
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